ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
Las dos derrotas electorales vividas por las coaliciones de gobierno, una el 4 de septiembre de 2022 y la más reciente el pasado 7 de mayo, han dado nuevas ínfulas a la derecha local para mantener el statu quo y, de ser posible, volverlo irremediablemente conservador.
En lo económico, ello se expresa en la acérrima defensa del ordenamiento económico tal cual existe hoy, regido por la misma matriz productiva anclada a un modelo básicamente extractivista de materias primas y la agroexportación, con poco valor agregado y escasa generación de nuevo conocimiento.
Un paso estratégico en dirección a sentar bases para empezar a superar dicho modelo, lo constituye, en cambio, la propuesta del gobierno en orden a desarrollar la industria del litio con preeminencia del Estado en el manejo de este recurso estratégico. Sin embargo, dada la correlación de fuerzas existente tras los procesos electorales, el panorama se ve incierto a menos que sea la sociedad y los trabajadores vinculados a esta riqueza quienes le den el sustento social que una politica de esta naturaleza requiere.
En lo social, siguen destacando las pésimas pensiones, las carencias en salud, educación y vivienda, que en lo sustantivo siguen sin solución. Pese a que el gobierno hace uso de los instrumentos y herramientas de los que dispone, lo claro del caso es que sin nuevos recursos allegados al erario público, se hace difícil aumentar las pensiones y abordar las carencias sociales pendientes.
En el plano político, a la oposición férrea, injustificada y tendenciosa que la derecha le hace a la reforma tributaria y a la de pensiones -reformas clave para poder avanzar en mayor igualdad social-, se le suman las constantes muestras de admiración de su facción más dura al dictador, acompañado del silencio cómplice del ala denominada democrática, lo que empieza a dar las primeras luces respecto a si esta variante capitulará ante la irrupción de su ala más dura o decide finalmente romper con su pasado pinochetista para pasar a convertirse en una derecha democrática en propiedad.
La nula crítica de este sector a expresiones de reconocimiento de líderes republicanos al régimen dictatorial de Pinochet y a él mismo como primer responsable del genocidio ocurrido en Chile a partir de 1973, son señales que van mostrando aceleradamente su involución.
La involución a épocas pretéritas, no es algo solo de Chile. En un escenario global marcado por la incertidumbre provocada por la crisis económica, la inflación y sus severos impactos internos, la escasez de recursos naturales y alimentos, crisis climática, precarización del empleo, debilitamiento de la institucionalidad global y descrédito de la política y sus instituciones, entre otras, resulta casi evidente que emerjan “fuerzas del bien y amantes del orden”, representadas politicamente por fuerzas conservadoras hipernacionalistas, xenófobas y racistas, que encuentran en las tradiciones pasadas el mejor refugio ante lo incierto y amenazante que generan las crisis múltiples por las que atraviesa el mundo. Paradójicamente, son las crisis que ha generado el capitalismo neoliberal tras décadas de hegemonía.
Más y mejor democracia
En ese marco, abundante evidencia existe como para sintetizar en el hecho que mientras en Chile sigamos viviendo al alero del Estado subsidiario, o hagamos lo mismo pero al amparo de un fetiche de Estado Social, seguirá reproduciéndose la desigualdad y la injusticia, caldo de cultivo para el desarrollo de climas de conflictividad y revueltas sociales. Ningún resultado electoral, por contundente que haya sido o lo sea en el futuro próximo, es una solución per se al clasismo, la discriminación social y la falta de oportunidades que ha seguido siendo la tónica del país, incluso en sus mejores épocas.
En consecuencia, uno de los ejes prioritarios de hoy es contribuir a evitar que la fragmentación política y la dispersión sean los factores que dominen el escenario presente y determinen los del futuro, que siguen siendo el ensanchamiento de la democracia y mayor justicia social.
En efecto, fragmentación y dispersión constituyen una fusión poco auspiciosa frente a una derecha hiperempoderada que pretende reescribir la historia y terminar de asentar la idea que el ciclo económico de los 90 y parte de los 2000 se repetiría por arte de magia y, cual gigantesco chorreo, las familias podrían resolver los problemas individualmente sin intervención del Estado, o como diría Hayek y la Thatcher sin ese mito llamado “sociedad”. Ese es pues el “mito” hacia el cual debe volcarse toda acción política y dotarlo de contenido.
A propósito del debate por la unidad
Me inscribo junto con aquellos que valoramos la unidad. Hay sin embargo distintas maneras de concebirla: existe la unidad para fines solamente electorales, de interés particular y específico de quienes suscriben esa manera de unirse, que consideramos agotada y reprobada justamente por su ensimismamiento. Hay también procesos unitarios elitizados, circunscritos a círculos dirigenciales cerrados, que por su naturaleza no conectan con la realidad social y a veces ni siquiera con su propia base política.
La unidad que entendemos necesaria es aquella que en su esencia se proponga la reconstitución de una mayoría social y política por los cambios. Ello supone, asumir y alentar, por un lado, la unidad de la sociedad civil entre sus distintas y múltiples expresiones y al mismo tiempo, en una interdependencia recíproca con la primera, asuma también la unidad política amplia, diversa y plural con aquellas fuerzas que deliberadamente se propongan conectar con los intereses materiales, anhelos y percepciones de los sectores populares y las capas medias y desarrolle una práctica política consistente y acorde con esos objetivos.
Ese espacio ha sido ocupado por el discurso de ultraderecha, porque, como sabemos, los vacíos en política no son eternos. La influencia que ha logrado conseguir el discurso de ese sector no tiene solo que ver con su habilidad para conectar con la sociedad o partes importantes de ella, sin embargo. Hay también la necesidad de construir un relato político que permita, desde el progresismo y la izquierda, generar el vínculo social que ha estado faltando y que resulta vital reconstruir.
Ese relato, hegemónico, debe otorgarle centralidad a las demandas sociales hasta ahora insatisfechas, no obstante que debe articularse a un proyecto-país que las englobe.
Desde esta perspectiva, una de las más sólidas conclusiones y sintesis política de las últimas cinco décadas, es el Estado social democrático de derecho que, sin embargo, en la coyuntura actual, corre el serio riesgo de ser banalizado por la derecha, que convierte todo en “bienes de consumo”, restringiendo la libertad a quien pueda pagar por ellos.
Sin un rol preponderante y significativo del Estado como articulador de la sociedad y en la economía, no hay Estado Social, y seguirán siendo los recursos públicos los que continúen subsidiando al mercado.
Un segundo elemento, es que no puede entenderse un proyecto político-país sin que éste se amalgame, sin ningún complejo, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, entendidos como derechos universales, inviolables, inalienables e interdependientes. Se trata, por supuesto, de los derechos civiles y políticos, económicos y sociales, culturales y de género, que le otorgan forma concreta a la democracia y sentido a una comunidad política sana y vigorosa.
La adhesión más o menos intensa a esos derechos, desde vertientes con orígenes distintos, es lo que distingue a todo el amplio arco democrático, progresista y de izquierda de la derecha en Chile, que tras 50 años después del golpe de estado y ante toda la evidencia aportada incluso por la CIA a propósito de su propia intervención en nuestros asuntos internos y al daño profundo que ese hecho le provocó al alma de Chile, continúa validando el horror vivido por centenares de miles de chilenas y chilenos bajo el imperio del terror de la dictadura de Pinochet.
Pero es también el respeto o no a esos derechos, el elemento que nos lleva a rechazar toda forma de opresión despótica y dictatorial, cuando, desde el uso arbitrario del poder del Estado, se priva a sus ciudadanos de sus derechos fundamentales. Es el caso de la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua y Maduro en Venezuela.
Por último, para terminar, unas breves palabras respecto al caso “Democracia Viva Gate”. La corrupción se ha vuelto en general un fenómeno particularmente tóxico para las relaciones sociales y es uno de los males que mayormente ha aportado al desprestigio crónico de la actividad política y al descrédito de las instituciones en nuestro país. Pero este caso específico tiene el desmérito de servir de excusa para que la prensa y sectores interesados de derecha taponeen alevosos actos de corrupción en varios de los municipios controlados por este sector. Buscar el empate permanente es otra arista del mismo problema.
La corrupción en cualquiera de sus formas no es un fenómeno nuevo ni tampoco dejará de estar presente en las relaciones sociales acá en Chile ni en ningún otro lugar del mundo. No es un tema moral sino esencialmente político y en nuestro caso de alto impacto social.
En todas las épocas y aun en los más recónditos lugares, donde haya poder, habrá siempre quien en su ejercicio se corrompa o se deje corromper. Por eso es función de la política acotar las redes de influencia, combatir el amiguismo y el clientelismo en la política y en la gestión del Estado.
Así se trate de actos de corrupción pequeños, medianos o de alto impacto público, o sean éstos en la empresa privada o en los distintos niveles y subniveles del Estado o una combinación entre todos ellos, la corrupción será siempre altamente nociva para la convivencia democrática y funesta para la sociedad. En política, ética y estética deben ir juntas.
