Ex concejal y ex director laboral Banco del Estado de Chile
La narrativa dominante sobre el Estado ha sido la de reducir lo público a una función residual, burocrática o subsidiaria. Eso es lo que acaba de reconfirmar el Presidente Kast en los anuncios del pasado lunes 9 de agosto, al sostener que el foco principal de los ciudadanos debe ser el trabajo y el progreso individual por medio del mérito. Un discurso en realidad bastante añejo.
Sin embargo, con base en ese relato se consiguió instalar una versión que ha justificado hasta ahora la exclusión como resultado del “mérito personal”, sin considerar las condiciones estructurales que limitan el acceso a una vida más plena y segura. El resultado ha sido una sociedad debilitada y fragmentada, un Estado y una política desconectada de las demandas reales de la ciudadanía, entretejiéndose todo ello con nuevos desafíos que nos golpean a la puerta.
Se trata de desafíos que dejaron de ser pronósticos del mundo científico. Son observables en toda su crudeza cada verano y cada invierno, cuando la voracidad de los incendios y las inundaciones, terminan con vidas humanas, destruyen viviendas, bienes públicos y también privados. Es la crisis climática y los rostros humanos que la padecen, pero sin embargo negada.
No es evidentemente, lo único. El crimen organizado ha pasado a sustituir al Estado en cada vez más territorios; la economía y su crecimiento no despuntan desde hace a lo menos 10 años, nos estancamos en exportación de materias primas con mínimo valor agregado; la ciencia y la tecnología carece de aplicación en los procesos productivos, mientras que la investigación y desarrollo sigue desenvolviéndose con recursos muy por debajo a los de la mayoría de los países de la OECD, con los que nos gusta compararnos.
Con todo, el gobierno actual, tironeado por su propio sector, pareciera tener claro una sola cosa: radicalizar el actual Estado subsidiario que articula las relaciones sociales y arrasar con los derechos sociales conquistados bajo la conducción de gobiernos democráticos. Es decir, alejarse lo máximo que sea posible de las soluciones universales y solidarias necesarias para construir cohesión social, el camino más certero para fortalecer la democracia y avanzar en igualdad, reemplazándolas por las expresiones más salvajes del capitalismo.
No es entonces banal por qué es central hoy defender los logros alcanzados bajo la conducción de los gobiernos progresistas. Pero además, porque esos avances representan la línea de continuidad histórica del pueblo chileno y las izquierdas tras objetivos de más igualdad y mejor democracia. Y constituyen el elemento basal sobre los cuales sostener un proyecto político país con proyección de futuro.
En síntesis, lo que está en juego es que cuando el mercado sustituye a la política, no solo cambia la forma en que se distribuyen los bienes. Cambia quién decide, desde qué posición lo hace. Lo que debería ser objeto de deliberación democrática comienza a aparecer como una cuestión de capacidad de pago, eficiencia o rentabilidad. Y cuando la desigualdad económica determina crecientemente la capacidad de incidir, el espacio donde una comunidad puede decidir democráticamente su futuro comienza inevitablemente a reducirse a sectores privilegiados, acumulando contradicciones de consecuencias impredecibles, más abulia social y desprestigio de las instituciones.
