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Un requerimiento ante el Tribunal Constitucional fue presentada el martes 15 de diciembre pasado, para impugnar 13 artículos de la nueva Ley de Migración que, a juicio de los diputados Boris Barrera (PC), Catalina Pérez (RD), y los abogados patrocinantes Patricio Zapata, Jaime Gajardo y Martin Canessa, desprotege a los menores migrantes, entrega atribuciones excesivas al subsecretario del Interior y permite a las policías tomar decisiones arbitrarias, como retener a personas extranjeras por 72 horas. La normativa fue despachada hace dos semanas desde la comisión mixta para ser votada en el Senado y la Cámara baja.
Durante la última década la población migrante ha aumentado considerablemente. Según datos del Departamento de Extranjería, el 7,5% de los residentes del país son extranjeros, siendo la comunidad venezolana la más grande con 455.494 integrantes. Debido a este crecimiento, la regulación migratoria se volvió un tema recurrente en la discusión política, la cual parecía estar llegando a su fin, luego de que a fines de noviembre se despachara desde la comisión mixta la nueva ley de Migración y Extranjería.
Sin embargo, hasta el TC acudió un grupo de parlamentarios de oposición y organizaciones de migrantes, además de los abogados patrocinantes para solicitar que la corte se pronuncie respecto a trece puntos la normativa. Denuncian que la determinación de cuándo y quién puede ser expulsado queda a criterio de funcionarios administrativos y no se especifica en el reglamento judicial.
El diputado Boris Barrera afirmó que este proyecto perjudica a la población migrante y no cumple el objetivo de regular, causando el efecto contrario al que pretende el Gobierno, ya que estas medidas incentivan la migración irregular. Otro de los puntos negativos que mencionó fue el exceso de potestades que la ley asigna a funcionarios de gobierno, “el subsecretario del Interior podría expulsar a personas sin motivo alguno, solamente argumentando seguridad del Estado”. Además, declaró que “la ley es discriminatoria, debido a que autoriza la retención de personas extranjeras por 72 horas, en cambio a las de nacionalidad chilena solo se permite retener por 24 horas”.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Patricio Zapata (DC), señaló que “el proyecto evita hablar de expulsión de niños y adolescentes y habla de retorno asistido, pero cuando uno mira el texto es una expulsión con otro nombre. Los menores que viven en Chile sin sus familias no se pueden mover como si fueran objetos”. El jurista manifestó que espera que el Tribunal Constitucional reconozca los derechos y garantías de la población migrante, al igual como lo ha hecho, por ejemplo, en otras oportunidades con grupos empresariales.
, Catalina Pérez (RD), y los abogados patrocinantes Patricio Zapata, Jaime Gajardo y Martin Canessa, desprotege a los menores migrantes, entrega atribuciones excesivas al subsecretario del Interior y permite a las policías tomar decisiones arbitrarias, como retener a personas extranjeras por 72 horas.){kind=link}