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“Es un proyecto que a todas luces significa un retroceso y eso se ha hecho cada vez más evidente”, destaca Patricia Loredo de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, entidad que junto a otras agrupaciones de migrantes, presentó este martes 15 de diciembre, un requerimiento al Tribunal Constitucional, apelando a la revisión de algunos elementos inconstitucionales presentes en el proyecto de Ley de Migración y Extranjería, recientemente aprobado por el Congreso.
La Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro migrantes y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile fueron algunas de las agrupaciones que asistieron, junto a parlamentarios y parlamentarias de oposición firmantes del requerimiento y a los abogados redactores Patricio Zapata, Jaime Gajardo y Martín Canessa, a un punto de prensa para dar cuenta de esta presentación. A pesar de ser un trámite que normalmente se realiza de forma digital, las organizaciones optaron por hacer una difusión pública de esta acción.
El requerimiento de inconstitucionalidad aborda diversas temáticas que van desde el derecho a la vivienda y las restricciones impuestas a migrantes que incluso ya cuentan con una visa establecida, hasta la discriminación presente en un proyecto de Ley que, evidentemente conduce a una intensificación de la desigualdad que ya están viviendo las comunidades migrantes en Chile, sumándole la vulneración de derechos a niños y niñas, siendo una de las situaciones más graves, incluso destacadas por la Unicef y Defensoría de la Niñez.
Vulneración y discriminación
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile emitió un comunicado en contra de la esta Ley, manifestando que “esta ley anti-derechos, que lejos está de garantizar una migración ordenada, segura y regular, impedirá que miles de personas puedan regularizar su situación en el país del que son parte”. Además, asegura que “es una estrategia más para continuar estigmatizando y criminalizando a las personas inmigrantes, presentando a la migración como un problema para la sociedad y como una amenaza a la estabilidad económica, a la convivencia y seguridad ciudadana”.
Asimismo, Patricia Loredo considera que el requerimiento es bastante sólido ya que los abogados que han trabajado en este son reconocidos en la materia. “Esperamos que el TC pueda acoger las solicitudes que se le hacen para que, por lo menos en estos ámbitos tan graves”, añade.
