Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
No cabe duda que la solicitud de información de El Polígrafo de El Mercurio sobre la académica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Dra. Elisa Loncón A., por el uso de un año sabático, es un hecho que no puede pasar desapercibido para la autonomía universitaria, para la libertad de cátedra, para la diversidad de una universidad estatal, pública, plural, intercultural.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) acogió el recurso de amparo presentado contra la Universidad de Santiago (Usach) por “El Polígrafo” del Diario El Mercurio. Lo hizo para comprobar la justificación del derecho de la Dra. Elisa Loncón Antileo a un año sabático remunerado. Solicitó información sobre su desempeño: nombre de cursos de pre y post grado y horas destinadas a su realización, detalles de papers o estudios publicados en el marco de la actividad docente o de investigación, entre 2018 y 2022. Es decir, de su actividad académica anterior y posterior a su elección como convencional y presidenta de la Convención Constitucional.
Esta solicitud, más allá de su legalidad, es un acto paradigmático que atenta contra la larga lucha por la autonomía universitaria iniciada en la Reforma de Córdoba, de 1918, hasta hoy: la defensa de la autonomía del pensamiento, de la producción y difusión científica, de la libertad de cátedra, del compromiso de la universidad con la sociedad, el pueblo y el desarrollo democrático. Hoy ello se complementa con las conquistas sociales de los funcionarios públicos, en este caso académicos/as de universidades estatales, para asegurar el funcionamiento del estado, independientemente de los gobiernos nacionales y universitarios de turno. Y, finalmente, se adecúa a las actuales exigencias de la Ley de Universidades Estatales (Ley 21.094, 2018) que integran la internacionalización, la interculturalidad, el compromiso y vínculo con las comunidades locales y regionales, la calidad de su servicio educativo, el desarrollo sustentable de los territorios.
Esta presión de un sector ideológico y político, dueño de medios de comunicación neoliberales y de ideología neoconservadora, del que la sociedad tiene serias dudas respecto a su compromiso con la verdad, la justicia, la democracia, los fundamentos del saber -principios tan caros a la universidad estatal chilena-, atenta no sólo contra la colega académica Dra. Elisa Loncón A., sino pone en riesgo, por la presión directa, focalizada, precisa, respecto de información académica de derechos de una colega, a la universidad estatal y su cuerpo académico. ¿Se pretende limitar la autonomía académica, al mismo tiempo que, en un hecho burdo y cínico (por la aparente formalidad legal que esconde la falsedad de sus propósitos políticos) se amenazan los derechos larga y duramente conquistados por los académicos y académicas y sus organizaciones (Asociaciones Gremiales de Académicos y Asociaciones de Funcionarios Académicos)?
Atentado contra la educación
La demanda contra la Usach por los antecedentes de una de sus miles de académicos y académicas, atenta contra la educación superior estatal y pública al ser selectiva contra una y sólo una docente específica, de modo a generar un ambiente social que exprese una crítica de sentido común, desinformada y reproductiva de la ideología formal hegemónica, contra el estado. Sus resultados se presentarán para el festín de los ocultos dueños del poder real que los manipularán, a su antojo, en sus medios de comunicación. El año sabático es una conquista, adquirida y consolidada en estatutos o reglamentos universitarios, de las organizaciones académicas, movilizaciones estudiantiles y decisiones legales de las fuerzas políticas progresistas y liberales, que han usado docentes de universidades estatales en Chile y muchos países del mundo. Es parte de las opciones que tienen los académicos de más alta jerarquía para aprender, renovarse, internacionalizarse, producir y difundir conocimiento de modo autónomo e independiente de los gobiernos, clases oligárquicas y dominantes, grupos que expanden ideologías autoritarias, sentidos comunes, hegemonías culturales enemigas del saber libre y de la ciencia al servicio de las comunidades, el pueblo, la sociedad y su desarrollo.
Aquí no hay nada raro, escondido o que no se pueda conocer. La cuestión es otra: el ataque contra una académica, doctora, mujer, indígena, originaria de la Región de La Araucanía, que se comprometió ciudadanamente, en la elaboración de una Constitución que reemplazara, democráticamente, a la promulgada por la Dictadura Cívico-militar (sustentada -entre otras- por el grupo empresarial de El Mercurio) y que, por extensión, implica un ataque a la educación superior pública estatal, con un hedor a venganza, “pasada de cuenta”, castigo ejemplificador.
No he colocado la cuestión de la fijación racista, clasista y sexista que la exigencia de sectores controladores del poder multidimensional de Chile, hace a una universidad estatal, respecto de una académica con compromiso inequívoco y responsable con la lingüística como disciplina, con los pueblos indígenas como compromiso con su identidad, con la educación intercultural, con el pueblo y la sociedad chilena en su conjunto. ¿Se busca destruir en el campo de la disputa cultural e ideológica el derecho de las universidades estatales de financiar y promover oportunidades a los/as académicos/as, entre ellos, el año sabático como un periodo de aprendizaje, formación, producción y difusión de conocimiento libre, alejado de los intercambios mercantiles o financieros propios de la globalización y economía capitalistas? Viajar -parecen afirmar- es privilegio de algunos escogidos y no de quienes se comprometen, desde sus identidades y docencia, con la transformación del mundo, de la convivencia, de la interculturalidad, de la patria. Doy fe absoluta de la gran defensa que ha hecho la colega Dra. Loncón, del principio de interculturalidad para todos, como discurso y acto de creer en una convivencia intercultural real, armoniosa, creativa, constructiva, democrática.
En consecuencia, defiendo el derecho de la Usach y de las universidades estatales, a definir y proteger los derechos de la colega Dra. Loncón contra la selectividad de una demanda ante una sola académica -entre miles de ellas y ellos- expresidenta, nada menos, que de una Convención Constitucional. Debe entenderse la demanda como una “oportunidad” neoliberal: es posible golpearla y junto a ella a la autonomía universitaria estatal, aprovechando un escenario político e ideológico que les resulta favorable. Esta acción puede ser considerada un acto de discriminación y eventualmente de racismo y sexismo, al no haber existido nunca antes, por ambos requirentes, una preocupación por solicitar información particular del desempeño de académicas/os funcionarias/os públicas/os (lo que, obviamente no hacen ni harán jamás, en varias de sus propias casas de estudio, igualmente financiadas por el estado a través de la gratuidad). Hay silencio o ambigüedad en los gobiernos universitarios estatales y en organizaciones académicas (al menos al día de hoy): el silencio oculta costos que tarde o temprano se convierten en gritos de auxilio o rabia. Nos unimos a la solidaridad académica, intercultural, social y política con la Dra. Loncón, como acto, también, de defensa de las universidades estatales, su autonomía y libertad académica.
