La controversia que rodea al nuevo presupuesto no se reduce a cuánto aumenta o disminuye el gasto. La pregunta más incómoda es anterior: si el Gobierno asegura haber construido sus recortes sobre evaluaciones de eficiencia, ¿dónde está la trazabilidad que permite reconstruir, programa por programa?, ¿cómo se pasó desde la evidencia hasta la decisión?
Hay algo incómodo en la discusión sobre el Presupuesto 2027 que trasciende la previsible pugna entre oficialismo y oposición, la estrechez de las cuentas fiscales y la magnitud de algunos recortes que recién comenzamos a conocer. El problema parece encontrarse un paso antes. Con la información pública disponible hasta ahora, todavía resulta difícil reconstruir de manera completa la cadena de evidencia que conecta el diagnóstico económico y fiscal del Ejecutivo con decisiones concretas de eliminar, disminuir o reorganizar determinadas capacidades del Estado. Y esa dificultad importa porque el Gobierno no ha presentado estas decisiones simplemente como preferencias políticas: las ha situado bajo conceptos mucho más exigentes, como eficiencia, focalización, evaluación y mejor uso de los recursos públicos.
Todo gobierno posee legitimidad para proponer una reorganización de prioridades. Ningún programa tiene derecho adquirido a existir eternamente por el solo hecho de haber sido creado. Puede estar mal focalizado, duplicar otras intervenciones, presentar baja efectividad, responder a una necesidad que cambió o existir una alternativa capaz de producir mejores resultados utilizando menos recursos. Pero precisamente cuando la justificación es técnica, la exigencia también debe ser técnica. No basta afirmar que existe demasiado gasto o que determinado programa presenta “hallazgos”; debemos poder conocer qué mostró la evaluación, qué alternativas se estudiaron, por qué se eligió reducir o eliminar esa política, qué capacidad desaparece, qué la reemplaza y mediante qué indicadores podremos determinar más adelante si la decisión efectivamente produjo una ganancia de eficiencia.
Chile, además, posee los instrumentos para hacerlo. La Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social administran desde hace años evaluaciones ex ante, monitoreo y evaluaciones ex post destinadas precisamente a relacionar desempeño programático con asignación presupuestaria. El proceso de construcción del Presupuesto 2026 constituye un antecedente particularmente útil: 393 programas fueron condicionados por el sistema de monitoreo y evaluación, y 134 fueron llamados específicamente a evaluación ex ante. Más tarde, Dipres informó que 157 programas que presentaban debilidades de diseño o desempeño experimentaron reducciones promedio de 15%, mientras otras 150 iniciativas sin esas debilidades aumentaron en torno a 2%; en total, más de $156 mil millones fueron reasignados utilizando esa arquitectura evaluativa. Dipres
Nada de eso demuestra que el Presupuesto 2026 haya sido perfecto. Tampoco que cada reasignación haya sido correcta. Lo que demuestra es algo metodológicamente diferente: podemos reconstruir razonablemente el procedimiento. Había evaluación, existían hallazgos publicados, podía observarse una relación entre esos resultados y las asignaciones posteriores y, además, Dipres producía un informe específico sobre las variaciones presupuestarias de los programas y su vínculo con el sistema de evaluación. El valor de 2026 para esta discusión, por tanto, no consiste en transformarlo retrospectivamente en un modelo político, sino en utilizarlo como un contrafactual metodológico.
Es precisamente desde allí que el Presupuesto 2027 comienza a levantar interrogantes. El presidente José Antonio Kast ha sostenido que el Gobierno revisó 632 programas pertenecientes a 23 ministerios y sintetizó el criterio mediante una fórmula comprensible: los programas que funcionan crecerán y aquellos que no entregan resultados deberán mejorar antes de recibir nuevos recursos. Paralelamente, el Ejecutivo presentó un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de la ejecución estimada de 2026 y definió crecimiento, empleo, seguridad y protección de determinados beneficios sociales entre sus prioridades. El principio general resulta difícil de discutir: si un programa funciona, corresponde reconocer su desempeño; si no funciona, corresponde revisarlo. El País
El problema aparece cuando descendemos desde esa declaración general hacia decisiones particulares. El caso de Yo Elijo Mi PC resulta extraordinariamente ilustrativo. Al ser consultado sobre la eliminación de sus recursos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que los programas habían sido evaluados y que muchos presentaban hallazgos, pero respecto de éste agregó una frase reveladora: “No recuerdo este en particular, pero seguro tenía hallazgos”. Existen, por cierto, evaluaciones críticas del programa, y por eso sería intelectualmente impropio afirmar que su diseño jamás haya sido cuestionado. Pero justamente allí está la dificultad metodológica: una evaluación negativa puede demostrar una falencia; no determina automáticamente cuál debe ser la solución. El Mostrador
Entre descubrir un problema y cerrar una política existe un espacio que también necesita evidencia. Un programa con baja efectividad puede reformularse, focalizarse mejor, integrarse con otro, cambiar su población objetivo, incorporar acompañamiento adicional o, finalmente, ser eliminado. La secuencia de una política pública basada en evidencia debería ser, por tanto, evaluación, hallazgo, comparación de alternativas y decisión. Cuando conocemos primero la decisión y después debemos suponer qué evaluación pudo haberla sustentado, la trazabilidad se vuelve mucho más débil. El problema no consiste en afirmar que no exista evidencia en ninguna parte, sino en que todavía no se ha hecho suficientemente visible el puente entre esa evidencia y varias de las decisiones presupuestarias concretas que ahora se defienden en su nombre.
El mismo interrogante aparece al observar otros antecedentes que han ido emergiendo fragmentariamente. CIPER informó que el Programa Sitios de Memoria pasa de $915 millones a $683 millones, una reducción de 25,3%, dentro de un Ministerio de las Culturas cuyo presupuesto disminuiría 10,1%. No basta, desde luego, con conocer esos porcentajes para concluir que la decisión carece de fundamento; puede haber razones presupuestarias, de ejecución o de reorganización que todavía no conocemos. Pero precisamente por eso la pregunta debería ser inevitable: ¿qué evaluación determina que una reducción de 25,3% es compatible con mantener las funciones que ese programa debía desarrollar? Ciper Chile
Esa misma precaución debe aplicarse a los recortes que comenzamos a conocer en educación, universidades, Servicios Locales de Educación Pública, cultura, gobiernos regionales y algunas líneas habitacionales. Una disminución presupuestaria no demuestra por sí solo deterioro social: puede existir subejecución, duplicación, traslado de recursos hacia otro instrumento, menor población objetivo o una alternativa mejor diseñada. Pero la proposición inversa tampoco puede presumirse. Que Hacienda reduzca una partida no demuestra automáticamente que haya encontrado una ineficiencia equivalente al monto que decidió retirar. La evidencia debe permitir distinguir entre eliminar gasto prescindible y reducir capacidad pública.
Este problema se vuelve todavía más relevante al reconstruir lo ocurrido durante 2026. El presupuesto originalmente aprobado por el Congreso ya había sido formulado dentro de una estrategia de consolidación fiscal y había incorporado reasignaciones significativas. Sin embargo, una vez instalado el nuevo gobierno, Hacienda introdujo un ajuste transversal cercano al 3% en los ministerios como parte de una meta fiscal más amplia. Una decisión de esa naturaleza puede ser comprensible frente a una urgencia presupuestaria, pero introduce una secuencia diferente de aquella que observamos en la formulación original: ya no se parte exclusivamente de la evaluación para conocer cuánto puede ahorrarse, sino de una meta agregada de ahorro que luego debe materializarse en cada cartera.
La diferencia parece sutil, pero no lo es. En una metodología, primero se identifica gasto ineficiente y de allí se obtiene un determinado espacio fiscal. En la otra, primero se determina cuánto debe reducirse y después las instituciones deben encontrar dónde hacerlo. Si existe suficiente gasto prescindible, ambas rutas podrían conducir al mismo lugar. Pero cuando esa holgura no existe, la restricción comienza a alcanzar inversión, personal, compras, infraestructura, transferencias o prestaciones; es decir, capacidades materiales mediante las cuales el Estado produce aquello que la ciudadanía finalmente recibe.
Este cambio metodológico dialoga, además, con una filosofía económica bastante identificable en las declaraciones del ministro Quiroz. Su diagnóstico ha otorgado una fuerte centralidad a las restricciones de oferta: tributación empresarial, permisos, regulación, certeza jurídica y condiciones generales para que el capital privado vuelva a invertir. El razonamiento es reconocible: mejorar los incentivos y disminuir obstáculos debería generar mayor inversión; esa inversión debería elevar producción y empleo; el crecimiento posterior mejoraría ingresos y permitiría finalmente recomponer las cuentas públicas y financiar necesidades sociales. No existe nada intelectualmente extravagante en ese marco. El verdadero problema consiste en determinar cuánto explica de la coyuntura chilena actual.
Y es precisamente allí donde la evidencia disponible introduce una dificultad. El Banco Central señaló en su IPoM de septiembre que, aunque a comienzos de 2026 predominaron factores de oferta, posteriormente apareció una desaceleración significativa de la demanda interna pública y privada. La expansión anual del gasto interno pasó de 2,3% en el primer trimestre a apenas 0,1% en el segundo; el instituto emisor registró además deterioro del empleo, menor crecimiento de la masa salarial y debilitamiento de los indicadores de confianza. El Banco redujo también su rango de crecimiento para 2026 desde 1,0%-1,75% a 0,25%-0,75%. Banco Central de Chile
Esto no invalida la existencia de problemas de oferta. Introduce algo bastante más incómodo: Chile enfrenta simultáneamente dificultades de oferta y de demanda. Y cuando ambas dimensiones conviven, una estrategia que descansa predominantemente en facilitar inversión privada mientras restringe componentes del gasto público enfrenta un problema temporal que no puede despacharse como una discusión ideológica entre estatistas y partidarios del mercado. Estamos ante una pregunta sobre secuencia y velocidad.
Los incentivos tributarios y regulatorios pueden actuar sobre las decisiones de inversión, pero su materialización tiene rezagos. Entre una rebaja de impuestos o un permiso simplificado y una inversión efectiva existe un proceso de evaluación empresarial, financiamiento, permisos adicionales, contratos, construcción, compra de equipos y contratación. El ajuste presupuestario, en cambio, puede actuar hoy. Una obra suspendida deja de comprar materiales hoy; una vacante no reemplazada reduce masa salarial hoy; una transferencia eliminada deja de ingresar al presupuesto familiar hoy; una compra pública cancelada deja de constituir una venta para algún proveedor hoy.
El supuesto relevante, por tanto, no es simplemente que la inversión privada reaccionará. La pregunta es si reaccionará con suficiente magnitud y suficiente rapidez para compensar el retiro inmediato de determinados componentes de demanda pública. El escenario gubernamental espera una secuencia donde mejores incentivos producen inversión, la inversión genera empleo y el empleo recupera ingresos y consumo. Pero existe otra cadena posible: una consolidación excesivamente rápida reduce actividad, debilita empleo, afecta ingresos y consumo, deteriora las expectativas de venta y termina postergando parte de la inversión que originalmente pretendía estimular.
El propio Banco Central reconoce que la debilidad de la demanda interna está afectando el empleo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción, aunque al mismo tiempo proyecta una recuperación relevante de la inversión durante 2027 y 2028 asociada, entre otros factores, a la Ley de Reconstrucción. Eso obliga a conservar abiertas ambas posibilidades. No sabemos todavía si la respuesta privada compensará el ajuste; sabemos que esa respuesta constituye una hipótesis central para el éxito de la estrategia. Banco Central de Chile
La reacción posterior del propio Gobierno revela que el problema de demanda no puede ser tratado como secundario. A fines de septiembre anunció un plan destinado a movilizar aproximadamente US$1.350 millones y generar más de 100.000 puestos de trabajo, incorporando inversión pública, aceleración de obras y subsidios laborales. Esa respuesta no demuestra el fracaso de la estrategia de oferta; los gobiernos modifican instrumentos cuando cambia la coyuntura. Pero sí muestra que la recuperación del empleo no podía quedar entregada exclusivamente a la reacción espontánea de la inversión privada. El País
Es aquí donde la palabra “eficiencia”, utilizada recurrentemente en el discurso presupuestario, merece un examen más exigente. Eficiencia no significa simplemente gastar menos. Existe una ganancia de eficiencia cuando el Estado obtiene el mismo resultado con menos recursos o consigue mejores resultados con una cantidad equivalente de recursos. Si disminuyen simultáneamente el gasto y la capacidad de prestación, podemos estar frente a un ahorro, pero todavía no frente a una mejora de eficiencia.
La diferencia puede parecer semántica, pero en políticas públicas resulta fundamental. Si un SLEP reduce horas docentes y conserva aprendizaje, cobertura, educación diferencial y funcionamiento pedagógico, habrá evidencia a favor de una racionalización eficiente. Si la consecuencia son cursos más grandes, menor capacidad de reemplazo o deterioro de apoyos especializados, tendremos una reducción de capacidad. Si una universidad recibe menos financiamiento y mantiene investigación, infraestructura y calidad docente, podremos hablar de productividad; si disminuye su producción científica porque perdió equipos y académicos, hubo ahorro fiscal, pero no necesariamente eficiencia.
El mismo criterio debe utilizarse para vivienda, cultura, gobiernos regionales o cualquier otra política. Si disminuye una línea destinada a campamentos porque las familias serán atendidas mediante un instrumento más eficaz, existe una reasignación. Si simplemente aumenta el tiempo de permanencia en asentamientos precarios, existe una menor capacidad de respuesta. Si un programa desaparece porque otro consigue el mismo objetivo con menor costo, existe racionalización. Si la necesidad permanece intacta y nadie la sustituye, sólo hemos retirado recursos.
Aquí aparece otro componente que una lectura puramente contable tiende a olvidar: las capacidades del Estado poseen historia. Los Servicios Locales de Educación Pública no surgieron espontáneamente; fueron creados después de décadas de problemas asociados a la municipalización de la educación. La ampliación de la protección previsional no apareció por capricho, sino porque el componente contributivo resultó insuficiente para garantizar pensiones socialmente aceptables a amplios sectores. Las políticas habitacionales responden a un mercado en el que empleo, ingreso, ahorro, precio del suelo y crédito dejan fuera a miles de hogares. Los programas de acceso tecnológico intentan compensar diferencias patrimoniales que el mercado reproduce entre familias.
Eso significa que antes de considerar prescindible una capacidad deberíamos formular una pregunta elemental: ¿desapareció el problema que justificó su creación? Si desapareció, reducirla puede resultar perfectamente racional. Pero si el problema continúa, entonces eliminar gasto no equivale a eliminar necesidad. Simplemente obliga a encontrar otro lugar desde el cual financiarla.
Ésta es probablemente una de las claves más importantes para comprender la discusión presupuestaria: ahorro fiscal y ahorro social no son sinónimos. Si el Estado deja de financiar un computador para un estudiante vulnerable, Hacienda registra un ahorro; si la familia debe comprar ese mismo computador, el costo continúa existiendo y sólo cambia de bolsillo. Si disminuye el financiamiento basal de una institución y ésta debe reemplazarlo mediante ingresos propios, contratos externos o endeudamiento, el costo no desaparece: cambia de actor. Si un municipio pierde recursos para una necesidad territorial que continúa existiendo, la restricción central se convierte en presión local.
A eso podemos denominar privatización y territorialización del riesgo. No requiere privatizar formalmente una escuela, una universidad o un servicio. Basta con que la responsabilidad jurídica permanezca pública mientras una parte creciente del costo de ejercerla se desplaza hacia familias, municipios, organizaciones o instituciones. Es una transformación menos visible que una privatización clásica, pero puede ser igualmente importante para comprender qué tipo de Estado emerge después de un proceso de consolidación fiscal.
Desde esta perspectiva, los primeros antecedentes del Presupuesto 2027 no permiten concluir todavía que estemos simplemente frente a un “Estado más pequeño”. Esa expresión puede incluso ocultar más de lo que explica. La hipótesis que merece ser investigada es si estamos frente a una reconfiguración funcional del Estado: determinadas capacidades vinculadas con seguridad, reconstrucción, control y creación de condiciones para la inversión reciben prioridad, mientras otras capacidades redistributivas, culturales, científicas, educativas o territoriales son sometidas a una disciplina presupuestaria mayor.
No hay nada ilegítimo en que un gobierno priorice. Todo presupuesto es, por definición, una jerarquización política. Pero priorizar implica costo de oportunidad, y precisamente por ello la evidencia debería volverse más exigente. Un peso adicional destinado a seguridad no produce el mismo tipo de beneficio que un peso destinado a investigación científica; una inversión en educación inicial puede demorar décadas en desplegar todo su efecto; una política preventiva de vivienda puede evitar gastos futuros; un sitio de memoria genera bienes históricos, culturales y democráticos que difícilmente pueden medirse con la misma métrica utilizada para evaluar rentabilidad financiera inmediata.
Por eso todavía debemos mantener abierta una hipótesis alternativa. Es perfectamente posible que, cuando conozcamos completamente el Presupuesto 2027 y sus fundamentos, el Gobierno demuestre que determinadas reducciones corresponden a programas mal diseñados, duplicidades, sobredotaciones o intervenciones cuya función será asumida por instrumentos mejores. También puede ocurrir que las prestaciones esenciales se mantengan con menos recursos y que la inversión privada responda suficientemente rápido como para compensar la consolidación fiscal. Si eso ocurre, habrá evidencia a favor de una reorganización eficiente y la crítica deberá reconocerlo.
Precisamente por ello la exigencia de trazabilidad no prejuzga el resultado. Lo que cuestiona es que la conclusión ocupe el lugar de la demostración. Decir que un programa se elimina porque era ineficiente no prueba su ineficiencia, de la misma manera que afirmar que un programa beneficia a personas vulnerables tampoco demuestra que sea la mejor política posible. En ambos casos tenemos que regresar al comienzo de la cadena causal.
¿Cuál era el problema? ¿Qué mostró la evaluación? ¿Qué resultados obtuvo la política? ¿Qué alternativas se estudiaron? ¿Por qué se escogió ésta? ¿Cuánto se ahorra? ¿Qué capacidad desaparece? ¿Qué mecanismo la sustituirá? ¿Quién asumirá el costo si no existe sustitución? ¿Y con qué indicadores podremos determinar dentro de dos o cinco años si la decisión fue correcta?
Tal vez por eso la pregunta más sencilla durante la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027 debería ser también la más difícil de responder: ¿dónde está el informe? No como consigna opositora, sino como estándar de buena administración. Si se elimina un programa, corresponde conocer su evaluación. Si se reducen horas docentes, debemos conocer el cálculo de dotación óptima que justifica esa reducción territorial. Si disminuyen recursos de investigación, necesitamos conocer qué impacto espera Hacienda sobre las capacidades científicas. Si cae una línea habitacional, debemos saber qué instrumento absorberá a quienes anteriormente dependían de ella.
La misma regla, además, debe aplicarse cuando los recursos aumentan. Si seguridad recibe más financiamiento, también corresponde definir los resultados que permitirán evaluar después ese incremento. La política pública basada en evidencia no consiste en someter solamente el gasto social a examen mientras se presume que otras prioridades justifican automáticamente sus recursos. Consiste en exigir la misma trazabilidad a todo el presupuesto.
El verdadero elefante en la pieza del Presupuesto 2027 no es, entonces, únicamente cuánto se está recortando. Es cómo sabemos que aquello que se recorta es precisamente lo que podía recortarse sin destruir la capacidad que el Estado necesitaba conservar. Hasta ahora conocemos mejor la magnitud de algunas decisiones que la cadena completa que las justifica. Y en una economía donde el Banco Central ya identifica simultáneamente debilidad de demanda, deterioro laboral y problemas de oferta, ese vacío metodológico adquiere una importancia que excede largamente una discusión administrativa.
El Gobierno tiene derecho a reorganizar el Estado y a defender una filosofía económica distinta. Pero si sostiene que esa reorganización permitirá obtener mejores resultados utilizando menos recursos, debe mostrar la evidencia que permite llegar desde el diagnóstico hasta la decisión. De otro modo, eficiencia corre el riesgo de transformarse en una palabra utilizada para describir anticipadamente un resultado que todavía debe demostrarse.
Al final, la evaluación del Presupuesto 2027 no debería depender únicamente de cuánto logró ahorrar Hacienda ni de si disminuyó un determinado déficit. Tendrá que observar también qué ocurrió con las capacidades que fueron retiradas, quién asumió las necesidades que continuaron existiendo y qué efectos produjo esa transformación sobre empleo, demanda, educación, vivienda, investigación, territorios y familias.
Porque si los costos desaparecen junto con el gasto, estaremos efectivamente frente a eficiencia. Pero si reaparecen después en los hogares, en los municipios, en las escuelas, en las universidades, en infraestructura postergada o en mayores obligaciones futuras del propio Estado, entonces el costo nunca desapareció.
Sólo cambió el lugar donde decidimos contabilizarlo.
