
La economía política de la inseguridad y la progresiva renuncia del Estado a garantizar las libertades ciudadanas.
Una mujer que rechaza una oferta de trabajo porque teme regresar sola de noche a su hogar. Un adulto mayor que abandona sus caminatas habituales. Una familia que impide a sus hijos jugar en la plaza del barrio. Un trabajador que destina parte de sus escasos ingresos a proteger su vivienda. Todos ellos tienen algo en común: han debido modificar sus proyectos de vida como consecuencia del miedo al delito, independientemente de haber sido o no víctimas directas de la delincuencia.
Estas decisiones, aparentemente individuales, expresan una transformación profunda de la sociedad chilena. La inseguridad ha dejado de ser exclusivamente un problema relacionado con la ocurrencia de delitos para convertirse en una experiencia social que condiciona la libertad, reorganiza la vida cotidiana, deteriora las relaciones comunitarias y profundiza las desigualdades materiales.
La publicación del informe El miedo al delito en Chile, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en noviembre de 2026, junto con los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), proporciona una oportunidad excepcional para examinar críticamente este fenómeno.
Ambas investigaciones permiten sostener que Chile enfrenta dos problemas públicos estrechamente relacionados, pero que no son equivalentes: la delincuencia y el miedo a la delincuencia. Mientras el primero exige capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar los delitos, el segundo requiere comprender las condiciones materiales, culturales, comunicacionales y políticas que producen y reproducen la inseguridad.
Confundir ambos fenómenos tiene consecuencias. La reducción de determinados delitos no garantiza automáticamente una disminución del miedo, así como una población profundamente atemorizada no constituye, por sí sola, evidencia de un incremento generalizado de la actividad delictiva.
Esta distinción resulta fundamental para examinar la responsabilidad de quienes conducen el país, especialmente cuando la inseguridad se transforma en un recurso electoral, una oportunidad comercial y una justificación para modificar las prioridades del Estado.
La paradoja chilena: entre el delito real y la representación del peligro
Los resultados de la ENUSC 2025 contienen antecedentes que deberían obligar a revisar críticamente el discurso público sobre seguridad.
La proporción de hogares urbanos afectados por delitos violentos disminuyó desde un 8,5% en 2024 a un 7,9% en 2025. A nivel individual, la victimización violenta descendió desde un 5,8% a un 5,2%. Ambas variaciones son estadísticamente significativas.
Estos datos no permiten afirmar que Chile haya superado su problema de seguridad. El propio PNUD advierte que aproximadamente dos de cada cinco hogares experimentaron alguna forma de victimización durante 2025 y reconoce las transformaciones que ha experimentado la violencia delictiva durante los últimos años.
El crimen organizado, la circulación de armas, las extorsiones y la ocurrencia de delitos de particular violencia constituyen amenazas reales que el Estado tiene la obligación de enfrentar. Una interpretación responsable de las estadísticas no puede desconocer el sufrimiento de las víctimas ni relativizar la gravedad de estos fenómenos.
Sin embargo, tampoco puede ignorar que el 82,9% de las personas considera que la delincuencia aumentó en el país, mientras que esta percepción disminuye al 70,5% cuando se pregunta por la comuna y al 47,2% cuando se consulta por el propio barrio.
Entre la percepción nacional y la barrial existe una diferencia de 35,7 puntos porcentuales.
Es importante reconocer, asimismo, que durante 2025 estas percepciones disminuyeron significativamente respecto del año anterior. La proporción de personas que consideraba que la delincuencia había aumentado en el país cayó 4,8 puntos porcentuales. Por tanto, la evidencia no muestra una población cuyo temor crece indefinidamente, sino una sociedad que mantiene elevados niveles de inseguridad incluso cuando algunos indicadores delictivos y perceptivos comienzan a mejorar.
La investigación longitudinal del PNUD entrega antecedentes todavía más reveladores. Mientras en 2009 y 2010 la diferencia entre la victimización de los hogares y el riesgo percibido de experimentar un delito alcanzaba nueve puntos porcentuales, en 2025 esa brecha llegó a 31 puntos, según la serie histórica comparable utilizada por el organismo.
Estos datos no demuestran que la ciudadanía esté equivocada ni que sus temores sean irracionales. Demuestran algo distinto: que la experiencia de inseguridad constituye un fenómeno relativamente autónomo, cuya evolución no puede explicarse exclusivamente por la frecuencia con que ocurren los delitos.
La pregunta que debemos formular, entonces, no es solamente cuántos delitos ocurren en Chile, sino cómo se construye socialmente la percepción de vivir en una sociedad permanentemente amenazada.
La producción social del miedo
Uno de los aportes fundamentales del PNUD consiste en distinguir tres dimensiones del miedo al delito: la emocional, relacionada con la sensación de inseguridad; la cognitiva, vinculada con la expectativa de sufrir un delito; y la conductual, expresada en las decisiones que adoptan las personas para protegerse o evitar situaciones que consideran peligrosas.
El análisis histórico revela que estas dimensiones no han evolucionado de la misma manera.
Entre 2016 y 2025, el indicador de sensación de inseguridad se mantuvo relativamente estable, pasando de 51 a 50 puntos. En contraste, la proporción de personas que anticipaba la posibilidad de ser víctima de un delito aumentó desde un 42% en 2021 a un 53% en 2025. Paralelamente, el indicador de evitación de conductas pasó de 45 puntos en 2019 a 53 puntos en 2025.
Este hallazgo modifica sustancialmente la interpretación del problema.
Lo que está cambiando en Chile no es únicamente la intensidad de una emoción. Está cambiando la manera en que las personas anticipan el futuro, evalúan los riesgos y organizan su existencia.
El miedo se incorpora progresivamente a la racionalidad cotidiana. Determina qué calles utilizar, en qué horarios desplazarse, qué objetos portar, con quién relacionarse y qué actividades abandonar.
La sociedad comienza a organizarse alrededor de una expectativa permanente de amenaza.
Los medios de comunicación y las plataformas digitales participan en la construcción de esa expectativa. La importancia de su papel resulta especialmente visible al examinar la diferencia entre la percepción nacional de la delincuencia y aquella que las personas construyen desde sus entornos inmediatos.
La mayoría de los ciudadanos no puede conocer directamente lo que ocurre en todas las comunas del país. Su representación de la realidad nacional depende necesariamente de información producida, seleccionada y difundida por terceros.
Los delitos violentos poseen características que los convierten en acontecimientos de gran interés informativo: provocan conmoción, generan incertidumbre y despiertan fuertes respuestas emocionales. Su cobertura es legítima y necesaria. El problema aparece cuando la exposición reiterada a acontecimientos excepcionales termina por presentarlos como una representación habitual y generalizada de la vida social.
Un delito puede ocurrir una sola vez y ser reproducido durante horas en distintos canales de televisión, noticieros, matinales y plataformas digitales. Para quien recibe esa información reiteradamente, aumenta la presencia cotidiana del acontecimiento, aunque su frecuencia estadística no haya cambiado.
La teoría del cultivo, desarrollada por George Gerbner, permite comprender cómo la exposición prolongada a determinadas representaciones mediáticas puede contribuir a configurar una visión del mundo más amenazante.
Esto no significa que la televisión invente la delincuencia ni que toda cobertura periodística responda a una estrategia de manipulación. Tampoco permite atribuir exclusivamente a los medios la producción del miedo.
De hecho, los modelos estadísticos del PNUD muestran que las condiciones del entorno barrial, la percepción sobre la evolución del delito y determinadas características sociodemográficas desempeñan un papel central en sus distintas manifestaciones.
Las calles deterioradas, los sitios eriazos abandonados, el consumo de drogas en espacios públicos y las situaciones de violencia constituyen experiencias concretas que afectan la sensación de seguridad. A ello se añade la desconfianza en la capacidad de las instituciones para responder oportunamente cuando los ciudadanos necesitan protección.
La representación mediática del peligro encuentra, por tanto, un terreno fértil en condiciones materiales de vulnerabilidad que ya existen.
Zygmunt Bauman advertía que las sociedades contemporáneas producen formas de inseguridad que exceden ampliamente las amenazas físicas inmediatas. La incertidumbre laboral, la fragilidad de los vínculos sociales y la pérdida de certezas respecto del futuro pueden configurar un malestar difuso.
Desde esta perspectiva, el miedo al delito puede convertirse también en una expresión de inseguridades más amplias. No porque toda precariedad económica produzca necesariamente temor a la delincuencia, sino porque la percepción de amenaza adquiere mayor intensidad cuando las personas consideran que carecen de recursos e instituciones capaces de protegerlas.
La desigualdad material del miedo: quienes compran protección y quienes pierden libertad
El miedo al delito atraviesa las clases sociales, pero sus consecuencias no se distribuyen de manera igualitaria.
Esta es probablemente una de las conclusiones más importantes del informe del PNUD.
La investigación identifica seis formas diferentes de experimentar la inseguridad. Entre ellas destacan dos grupos cuyo contraste permite comprender la dimensión material del problema: los denominados «preocupados blindados» y los «amenazados encerrados».
Los primeros experimentan inseguridad y anticipan la posibilidad de sufrir delitos, pero poseen mayores recursos materiales y relacionales para protegerse. Pueden financiar sistemas de vigilancia, alarmas, viviendas con mejores condiciones de seguridad o mecanismos comunitarios de protección. Estas capacidades les permiten conservar una parte importante de sus rutinas.
Los segundos experimentan niveles particularmente elevados de inseguridad y disponen de menores recursos protectores. Según el PNUD, un 82% de quienes integran este grupo anticipa la posibilidad de sufrir un delito y un 78% restringe intensamente sus actividades cotidianas. Las mujeres representan el 62% de sus integrantes.
El contraste es profundamente político.
Mientras determinados sectores pueden comprar protección para continuar desarrollando sus proyectos de vida, otros deben renunciar a una parte de sus libertades para sentirse relativamente seguros.
La desigualdad no reside solamente en quién tiene mayores probabilidades de experimentar determinados delitos. También se manifiesta en quién dispone de recursos para enfrentar esa posibilidad sin alterar radicalmente su existencia.
Una familia de altos ingresos puede resolver parte de su problema de movilidad mediante transporte privado. Una trabajadora de bajos ingresos que termina su jornada laboral de noche puede encontrarse ante una disyuntiva mucho más dramática: conservar su empleo y exponerse a situaciones que considera peligrosas o renunciar a una oportunidad económica.
Ambas personas pueden sentir miedo. Sin embargo, las consecuencias materiales de esa experiencia son radicalmente diferentes.
Desde el enfoque del desarrollo humano de Amartya Sen, la libertad no consiste únicamente en el reconocimiento jurídico de derechos, sino en la existencia de capacidades efectivas para ejercerlos.
Una persona puede tener formalmente derecho a circular por la ciudad, acceder a un trabajo o participar en una organización comunitaria. Pero si las condiciones de inseguridad le impiden hacerlo, esas libertades pierden parte sustantiva de su contenido.
El PNUD incorpora esta dimensión al construir un Índice de Desarrollo Humano Comunal ajustado por miedo al delito. El ejercicio muestra que la brecha entre el 10% de comunas con mayores y menores niveles de desarrollo humano aumenta desde 1,3 a 3,5 cuando se incorpora dicho ajuste.
El coeficiente de Gini de la distribución comunal pasa, además, de 0,06 a 0,26.
Esto no significa que el miedo multiplique automáticamente toda la desigualdad existente en Chile. Significa que, al considerar las restricciones que introduce sobre las oportunidades disponibles, aparece una desigualdad territorial potencialmente mucho mayor que aquella reflejada por los indicadores tradicionales.
Los avances en educación, ingresos, infraestructura y salud pueden resultar insuficientes cuando las personas carecen de condiciones para aprovecharlos plenamente.
Estamos ante otra expresión de la privatización de la seguridad vital que ha caracterizado la modernización chilena. Así como el acceso a determinadas prestaciones sociales depende de la capacidad económica de los hogares, también la posibilidad de enfrentar la inseguridad sin renunciar a libertades comienza a depender de los recursos privados disponibles.
La seguridad deja entonces de operar plenamente como un bien público y adquiere características de un bien cuya calidad y disponibilidad están condicionadas por la posición económica de las personas.
La economía política del miedo: quiénes se benefician de una sociedad atemorizada
Reconocer los orígenes materiales y sociales del miedo permite formular una pregunta que suele permanecer ausente del debate público: ¿qué actores pueden beneficiarse de su persistencia?
No es necesario imaginar una conspiración entre políticos, medios de comunicación y empresas de seguridad para identificar la existencia de intereses que pueden converger.
En el ámbito electoral, la inseguridad ofrece una ventaja política evidente: permite organizar problemas sociales complejos alrededor de una amenaza fácilmente reconocible y presentar respuestas de aparente ejecución inmediata.
Frente a dificultades estructurales como la desigualdad, la precariedad laboral, las deficiencias educacionales o el deterioro de los barrios, cuyos procesos de transformación requieren años, las promesas de incrementar las penas, desplegar fuerzas policiales o construir cárceles ofrecen una imagen de autoridad susceptible de producir resultados comunicacionales inmediatos.
La rentabilidad política de esas medidas no necesariamente coincide con su eficacia social de largo plazo.
En el ámbito mediático, las noticias de alto impacto emocional poseen capacidad para atraer y retener audiencias. En un sistema comunicacional que también funciona bajo criterios comerciales, la cobertura de acontecimientos violentos puede adquirir una importancia que excede su representación proporcional dentro de la realidad social.
En el ámbito económico, la demanda de protección individual genera oportunidades para empresas de vigilancia, aseguradoras, proveedores de tecnología, fabricantes de sistemas de seguridad y otros actores comerciales.
La existencia de estas actividades no constituye por sí misma un problema. La seguridad privada puede cumplir funciones legítimas y complementarias a la protección estatal.
La contradicción surge cuando la expansión de las soluciones individuales coincide con una insuficiente capacidad pública para garantizar condiciones de seguridad que sean accesibles independientemente del nivel de ingresos.
La economía política del miedo debe comprenderse, por tanto, como una estructura de incentivos en la cual distintos actores pueden obtener beneficios electorales, comunicacionales o comerciales de un fenómeno cuyos costos recaen sobre el conjunto de la sociedad.
No corresponde sostener, sin evidencia adicional, que todos esos actores produzcan deliberadamente el miedo o actúen coordinadamente para prolongarlo. Pero sí corresponde exigirles responsabilidad por las decisiones que adoptan y por las consecuencias sociales de sus acciones.
Un dirigente político puede creer sinceramente que endurecer las penas constituye la mejor respuesta ante la delincuencia. Sin embargo, esa convicción no lo exime de demostrar la eficacia de sus propuestas ni de considerar sus efectos sobre las libertades, la convivencia democrática y las prioridades presupuestarias.
Precisamente allí comienza la responsabilidad política.
No en la posibilidad de demostrar qué piensa privadamente cada gobernante, sino en la obligación de examinar públicamente qué problemas decide priorizar, cómo los comunica, qué recursos moviliza y qué consecuencias generan sus decisiones.
La transformación del Estado: de la prevención social a la centralidad del control
La investigación del PNUD permite identificar una trayectoria institucional que resulta especialmente preocupante.
La Política Nacional de Seguridad Ciudadana de 2004 reconocía el carácter multidimensional y multicausal del miedo al delito. Consideraba factores como la participación comunitaria, la victimización directa e indirecta, el diseño urbano, la influencia de los medios de comunicación y las vulnerabilidades sociales.
El fortalecimiento de la confianza ciudadana y la reducción del temor formaban parte de sus objetivos explícitos.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública de 2006 conservó parte de esta perspectiva. Sin embargo, el Plan Chile Seguro de 2010 marcó un punto de inflexión al concentrar sus principales metas en la reducción de los delitos. Una tendencia que continuó en el Plan Seguridad para Todos de 2014 y en los instrumentos de 2018 y 2022.
La Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031 volvió a incorporar explícitamente la reducción del temor, reconociendo, entre otras dimensiones, la cohesión social, la participación comunitaria y la recuperación de espacios públicos. No obstante, el análisis histórico del PNUD identifica un debilitamiento del tratamiento del miedo como problema público específico.
Paralelamente, las intervenciones territoriales han transitado progresivamente hacia una mayor centralidad de la vigilancia electrónica, el monitoreo digital y el patrullaje basado en tecnología.
Esta evolución atraviesa gobiernos de distintas orientaciones políticas. No constituye una creación exclusiva de la administración actual.
Sin embargo, precisamente por tratarse de una trayectoria de largo plazo, resulta necesario examinar si las actuales decisiones presupuestarias contribuyen a corregirla o profundizarla.
La discusión presupuestaria para 2027 adquiere especial relevancia cuando se confronta la necesidad de fortalecer las capacidades policiales y penitenciarias con la obligación de sostener políticas de prevención social, reinserción, protección de la infancia y recuperación de los territorios.
Loïc Wacquant ha estudiado la relación entre la expansión del Estado penal y el debilitamiento de determinadas funciones de protección social. Su perspectiva permite examinar una contradicción que también merece ser investigada en Chile: la posibilidad de que un Estado aumente sus capacidades para controlar las consecuencias de la exclusión sin fortalecer suficientemente sus capacidades para intervenir sobre sus causas.
La delincuencia no puede explicarse exclusivamente por la pobreza. La mayoría de las personas pobres no delinque, y sectores económicamente privilegiados también protagonizan conductas ilícitas de graves consecuencias sociales.
No obstante, reconocer esa realidad no impide identificar factores de riesgo asociados al abandono escolar, la exposición temprana a la violencia, la fragilidad de los vínculos familiares, la ausencia de oportunidades y la instrumentalización de adolescentes por organizaciones criminales.
Una política de seguridad comprometida con la reducción sostenible del delito necesita intervenir antes de que esas trayectorias se consoliden.
Resulta insuficiente disponer de instituciones eficientes para detener y condenar a una persona de veinte años si el Estado fue incapaz de protegerla, detectar sus vulnerabilidades o sostener su trayectoria educativa cuando tenía doce.
Esta reflexión no pretende sustituir la responsabilidad penal individual por una explicación sociológica. Pretende reconocer que el Estado también posee responsabilidades preventivas cuya omisión puede generar importantes costos humanos, económicos e institucionales.
La persecución del delito y la prevención social no deberían constituir alternativas excluyentes.
Una sociedad necesita policías profesionales, una justicia eficiente, instituciones penitenciarias capaces de garantizar el cumplimiento de las condenas y organismos especializados en combatir el crimen organizado.
Pero también necesita escuelas capaces de retener a sus estudiantes, equipos psicosociales con presencia territorial, sistemas de protección infantil efectivos, programas de reinserción y comunidades con capacidades para enfrentar colectivamente sus problemas.
El verdadero debate no consiste en determinar si Chile necesita mayor o menor seguridad. Consiste en determinar qué tipo de seguridad está construyendo y mediante qué capacidades estatales pretende garantizarla.
El delito de cuello y corbata y la distribución política de la indignación
Existe otra contradicción relevante en la construcción pública de la inseguridad.
La delincuencia callejera moviliza justificadamente indignación social. Sus consecuencias físicas, psicológicas y materiales son directas y reconocibles.
Pero otras conductas ilícitas, vinculadas con el poder económico y político, también pueden generar daños colectivos profundos.
La corrupción, los fraudes financieros, la evasión tributaria ilícita y los delitos económicos pueden deteriorar la confianza pública, reducir los recursos disponibles para financiar políticas sociales y debilitar la legitimidad de las instituciones.
No se trata de establecer una equivalencia jurídica o moral entre delitos de distinta naturaleza. Se trata de cuestionar una representación de la seguridad que identifica casi exclusivamente la amenaza social con quienes cometen delitos en el espacio público, mientras reserva una atención política diferente para otras formas de ilegalidad.
El concepto de seguridad ciudadana debería incorporar también la protección de las personas frente al abuso de poder.
Una sociedad en la que los ciudadanos consideran que las instituciones actúan con distinta intensidad según la posición económica o social del infractor difícilmente puede construir una relación sólida de confianza con el Estado.
La igualdad ante la ley no admite una escala de exigencia determinada por la clase social.
Una sociedad que retrocede hacia el encierro
El impacto del miedo sobre la salud mental constituye otra dimensión que el debate político no ha abordado suficientemente.
El PNUD identifica asociaciones entre el temor al delito, el aislamiento social, la restricción de actividades al aire libre, la sintomatología depresiva y una menor satisfacción vital.
Estos efectos no autorizan a explicar toda la crisis de salud mental del país mediante la inseguridad. Sin embargo, permiten reconocer que la exposición persistente a situaciones percibidas como amenazantes, junto con las restricciones y renuncias que estas generan, constituye un problema relevante para el bienestar psicológico.
Las consecuencias trascienden la experiencia individual.
Cuando disminuye la presencia de personas en plazas, parques y espacios comunitarios, se reducen las oportunidades de encuentro y reconocimiento entre quienes habitan un mismo territorio.
Los vecinos comienzan a conocerse menos. La interacción espontánea cede espacio a la sospecha. La autoprotección adquiere mayor importancia que la cooperación colectiva.
La retirada del espacio público puede terminar debilitando algunos de los recursos sociales que precisamente contribuyen a generar comunidades más seguras: la confianza interpersonal, la organización vecinal, la solidaridad y la capacidad de intervenir colectivamente sobre los problemas del entorno.
También aparecen consecuencias para la democracia.
Una ciudadanía que concentra sus esfuerzos en garantizar individualmente su protección dispone potencialmente de menos recursos, tiempo y disposición para participar en los asuntos colectivos.
El problema no es únicamente que las personas renuncien a caminar de noche. Es que una sociedad puede terminar renunciando progresivamente a encontrarse consigo misma.
Y una sociedad que pierde sus espacios de encuentro también pierde parte de su capacidad para construir proyectos comunes.
Conclusiones: recuperar la seguridad para recuperar la libertad
La evidencia disponible permite sostener que Chile no enfrenta solamente una crisis relacionada con la delincuencia. Enfrenta también una crisis de las condiciones sociales e institucionales que permiten a las personas desarrollar sus vidas sin una expectativa permanente de amenaza.
La investigación del PNUD demuestra que el miedo posee una dinámica propia, que sus manifestaciones no evolucionan uniformemente y que sus consecuencias se distribuyen de manera desigual según el género, el territorio y los recursos materiales disponibles.
La ENUSC confirma, por su parte, que la evolución reciente de determinados indicadores delictivos no coincide plenamente con la representación que la ciudadanía construye sobre la delincuencia nacional.
Ambos hallazgos obligan a abandonar la interpretación simplificada según la cual reducir la delincuencia constituye una condición suficiente para recuperar la tranquilidad social.
La reducción del delito es indispensable, pero no agota las responsabilidades del Estado.
Si las instituciones públicas reconocen que el miedo restringe las oportunidades laborales, deteriora la salud mental, limita la autonomía de niños y adolescentes y debilita la cohesión comunitaria, entonces su reducción debe convertirse en un objetivo explícito, evaluable y dotado de recursos propios dentro de las políticas públicas.
Chile necesita recuperar una concepción integral de la seguridad que combine la persecución efectiva del delito con políticas de protección social y recuperación de las capacidades colectivas.
Esto implica fortalecer la retención escolar, desarrollar intervenciones psicosociales oportunas, mejorar el transporte público nocturno, recuperar espacios urbanos deteriorados, garantizar una adecuada atención a las víctimas y generar condiciones para que las mujeres puedan ejercer sus libertades sin que el temor determine sus decisiones laborales y personales.
Implica también recuperar la confianza en las instituciones mediante respuestas oportunas, trato digno, transparencia y una aplicación de la ley que no establezca privilegios de clase.
Pero exige, sobre todo, responsabilidad política.
Quienes conducen el país no pueden limitarse a administrar electoralmente la angustia de la población. Tampoco pueden confundir la capacidad de producir un discurso de autoridad con la capacidad efectiva de garantizar seguridad.
La ciudadanía tiene derecho a recibir información rigurosa sobre la evolución de los delitos, sin ocultamientos ni exageraciones. Tiene derecho a conocer qué políticas funcionan, cuáles presentan resultados insuficientes y qué costos producen las decisiones del Estado.
Tiene también derecho a exigir que las prioridades presupuestarias sean coherentes con los problemas estructurales que esas mismas autoridades declaran combatir.
Cuando una sociedad comienza a depender excesivamente de la protección privada para garantizar libertades públicas, la seguridad se convierte en otra dimensión de la desigualdad.
Cuando el Estado fortalece sus capacidades para sancionar sin desarrollar proporcionalmente sus capacidades para prevenir, corre el riesgo de administrar indefinidamente las consecuencias de problemas que no ha sido capaz de resolver.
Y cuando el miedo adquiere rentabilidad política, comunicacional o comercial, surge una contradicción democrática fundamental: quienes obtienen beneficios de la inseguridad no necesariamente soportan sus mayores costos.
Por eso resulta insuficiente evaluar las políticas de seguridad contando detenidos, nuevas cámaras, patrullajes o plazas penitenciarias. También deberíamos preguntarnos cuántas personas han recuperado la confianza para caminar por sus barrios, cuántas mujeres pueden aceptar un empleo sin temor al regreso nocturno, cuántos adolescentes permanecen en el sistema educativo y cuántas comunidades han recuperado sus espacios públicos.
Esas también son expresiones concretas de una sociedad más segura.
El éxito de una política pública no debería medirse solamente por su capacidad para perseguir a quienes transgreden la ley, sino también por su capacidad para ampliar las libertades de quienes la respetan.
La finalidad de la seguridad pública no puede ser la construcción de una sociedad permanentemente vigilada, fragmentada y encerrada detrás de dispositivos de protección individual.
Una sociedad verdaderamente segura es aquella en la que ninguna persona necesita disponer de una determinada capacidad económica para ejercer su derecho a vivir tranquilamente.
Combatir la delincuencia es una obligación democrática. Combatir las condiciones sociales que reproducen el miedo también lo es.
Porque cuando el miedo termina destruyendo la libertad, la confianza y la posibilidad de vivir colectivamente, aquello que hemos perdido no es solamente la tranquilidad.
Hemos perdido una parte sustantiva de nuestra condición de ciudadanos.








