Administrador Público
Y su funeral no ocurrió en un laboratorio ni en una sala de ingeniería, sino en el terreno más clásico de la política: la disputa entre potencias. Durante décadas discutimos si el problema era el mercado o el Estado. Hoy esa discusión comienza a quedarse corta. La pregunta contemporánea es otra: ¿quién controla la infraestructura donde ocurre la vida económica, social y política?
El economista Yanis Varoufakis sostiene que el capitalismo competitivo está mutando hacia algo distinto: un tecnofeudalismo donde las grandes plataformas no compiten dentro del mercado, sino que constituyen el espacio donde el mercado ocurre. Amazon, Google, Apple, Meta o Microsoft no son solo empresas exitosas; son territorios digitales. Quien quiera vender, informar, comunicarse o existir económicamente debe operar dentro de sus ecosistemas y aceptar sus reglas. La lógica ya no es puramente intercambio entre iguales; es acceso mediado por peaje.
Esta transformación no es ideológica. Es estructural. Las economías de red y la concentración tecnológica generan posiciones dominantes difíciles de disputar. Los datos, la atención y la capacidad de procesamiento se han convertido en recursos estratégicos. Y quien controla esos recursos no solo obtiene renta económica; obtiene poder sobre las condiciones mismas en que la experiencia social se organiza.
Aquí es donde el diagnóstico de la politóloga Asma Mhallaadquiere relevancia. Si la concentración infraestructural es la base económica emergente, su consecuencia política podría ser lo que ella denomina “totalitarismo cognitivo”: una forma de poder que no necesita suprimir elecciones ni clausurar formalmente instituciones, sino modular la percepción colectiva.
No se trata de una repetición mecánica del fascismo del siglo XX. No hay partido único ni movilización militar masiva. Lo que existe es algo más sutil y, por eso mismo, más difícil de identificar: la capacidad de influir masivamente en la atención, amplificar emociones, fragmentar el espacio público y convertir el flujo digital en principal fuente de legitimidad.
La política contemporánea se juega cada vez más en plataformas privadas. La visibilidad precede al argumento; la viralidad precede a la deliberación. La legitimidad no se construye solo en el procedimiento electoral, sino en la permanencia dentro del flujo informativo. Si no se está en el flujo, no se existe políticamente.
Este desplazamiento tiene implicancias profundas para la democracia. Hannah Arendt advirtió que la política requiere un mundo común donde la pluralidad pueda aparecer. Cuando ese mundo se fragmenta en burbujas personalizadas, cuando la realidad factual pierde centralidad frente a la reacción emocional, la deliberación pública se debilita. No porque alguien la haya prohibido, sino porque el entorno la vuelve improbable.
Michel Foucault explicó que el poder moderno no opera únicamente por prohibición, sino diseñando entornos que orientan conductas. La gubernamentalidad digital lleva esa lógica a un nuevo nivel: el algoritmo no impone qué pensar, pero condiciona qué es visible, qué se amplifica y qué queda enterrado. La libertad formal permanece; el entorno que la estructura cambia.
En Chile y América Latina, esta discusión adquiere una textura particular. Se trata de sociedades con desigualdad estructural, confianza institucional frágil y esferas públicas tensionadas. La dependencia digital no llega a un terreno sólido, sino a uno previamente erosionado. El comercio local depende de marketplaces globales; la comunicación política ocurre en redes privadas transnacionales; los medios tradicionales compiten por atención en un ecosistema que no controlan.
La consecuencia es una soberanía fragmentada. El Estado conserva capacidad normativa, pero depende de infraestructuras privadas para operar, comunicar y, en muchos casos, vigilar. El mercado continúa existiendo, pero se organiza dentro de plataformas que establecen condiciones de acceso. La ciudadanía vota, pero lo hace en un entorno informativo diseñado por actores que no responden al contrato social nacional.
Esto no significa que vivamos ya en un régimen totalitario consolidado. Significa que la naturaleza del poder está mutando. Estructural no equivale a inevitable. Las democracias han atravesado transformaciones tecnológicas profundas antes y han logrado regularlas. La imprenta, la radio y la televisión produjeron inicialmente desestabilización antes de institucionalizarse bajo marcos democráticos.
La diferencia es que hoy la infraestructura no es nacional ni fácilmente regulable desde un solo Estado. Es transnacional, altamente concentrada y tecnológicamente compleja. La disputa por la soberanía ya no se juega solo en el Congreso o en los tribunales, sino en la arquitectura del código.
El fin de la neutralidad técnica
El conflicto diplomático de comienzos de 2026 en torno a una concesión para un cable submarino impulsado por China Mobile condensó, en pocos días, una tendencia global: para Estados Unidos y China, las telecomunicaciones dejaron de ser un asunto comercial y pasaron a ser infraestructura crítica, leída en clave de seguridad. En Chile, la autorización inicial y su reversa casi inmediata evidenciaron que ya no existe un espacio “técnico” inocuo: cada decisión de conectividad es interpretada como señal de alineamiento geopolítico.
Según reportes de prensa, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones otorgó una autorización que luego fue retirada a los dos días; la reacción de Washington incluyó medidas consulares contra autoridades chilenas y una advertencia explícita sobre “seguridad regional” asociada a infraestructura digital. Más allá de la discusión administrativa, el episodio instaló un hecho político: la arquitectura del tráfico de datos se convirtió en una línea roja de política exterior. (Fuente: El País, 20–24 febrero 2026).
Este caso muestra con nitidez el punto de Varoufakis: la infraestructura digital opera como territorio. No se discute solo una obra; se discute quién administra la “carretera de datos”. Y cuando esa carretera es potencialmente controlada por actores vinculados a un Estado rival, la conectividad se securitiza. La consecuencia inmediata es que el costo de “comprar barato y rápido” deja de ser financiero: pasa a ser diplomático.
Para Chile, la tensión es estructural. China es un socio comercial decisivo, mientras que Estados Unidos opera como polo normativo y de seguridad tecnológica para gran parte de la arquitectura occidental. Esa asimetría genera un equilibrio frágil: cualquier señal de discriminación tecnológica puede ser leída como hostilidad política, y cualquier señal de alineamiento securitario puede elevar el riesgo de fricciones comerciales. (Fuente: SUBREI, Ficha País Chile–China 2025).
El episodio, además, expuso una falencia interna: la ausencia de una institucionalidad robusta para evaluar inversiones y proyectos de infraestructura digital bajo criterios de seguridad nacional antes de que estallen como crisis. Sin filtros claros —qué es crítico, qué no, qué estándares aplican y quién decide— la política pública queda capturada por la improvisación, y el Estado pierde control narrativo frente a las potencias.
En paralelo, Chile ha impulsado rutas alternativas de conectividad como el cable Humboldt hacia Australia, en alianza con Google y Desarrollo País. Ese proyecto busca diversificar rutas y resiliencia, y funciona como “solución de compromiso” compatible con estándares occidentales; pero no elimina la disputa de fondo: la conectividad con Asia seguirá siendo una presión permanente del modelo económico y del crecimiento del tráfico de datos. (Fuentes: Ministerio de Relaciones Exteriores, 4 junio 2025; La Tercera, 20 febrero 2026).
En términos de Mhalla, el caso ilustra cómo la infraestructura se vuelve tecnopolítica: no se trata solo de cables, sino de soberanía cognitiva y de control del entorno donde se produce realidad social (datos, nubes, plataformas). La pregunta para el gobierno entrante no es elegir un bando de manera abstracta, sino construir gobernanza estratégica: criterios, procedimientos y capacidades estatales para decidir en un tablero donde la neutralidad técnica ya no existe.
Si Marx sostenía que quien controla los medios de producción controla las condiciones de vida, hoy debemos añadir que quien controla los medios de percepción condiciona las posibilidades mismas de la deliberación democrática. Sin un espacio público mínimamente compartido, la democracia corre el riesgo de reducirse a procedimiento sin mundo común.
El desafío no es tecnofóbico ni nostálgico. No se trata de abandonar la tecnología, sino de reconocer su centralidad política. Regular algoritmos, fortalecer la competencia, crear infraestructura pública digital, garantizar derechos sobre datos y promover educación crítica no son gestos ideológicos; son condiciones para que la soberanía no se desplace silenciosamente hacia actores que no han sido elegidos por nadie.
Chile enfrenta decisiones estructurales en este terreno. La discusión sobre seguridad, economía o reforma institucional no puede desligarse de la infraestructura digital que organiza la conversación pública. Sin reconstrucción de mediaciones y sin capacidad de regulación efectiva, la política quedará cada vez más subordinada a la lógica del flujo y de la renta digital.
No estamos ante un destino cerrado, pero sí ante una bifurcación histórica. La concentración infraestructural es real. Su traducción política aún está en disputa. La pregunta no es si el contrato social ha sido derrotado, sino si estamos dispuestos a actualizarlo para una era en que la soberanía ya no se juega únicamente en el territorio físico, sino en el diseño invisible del entorno donde pensamos, debatimos y decidimos.
La disputa por el poder en el siglo XXI ya no se juega únicamente en el territorio ni en las urnas. Se juega en la infraestructura que organiza la experiencia colectiva.
En la era de las plataformas, la soberanía no se declama: se diseña. Y quien diseña el entorno, condiciona la política.
