Ex Comité Central
La historia de Chile nos enseña que la democracia no se pierde de un día para otro. Se debilita cuando se normaliza el odio, cuando la violencia política pretende reemplazar la voluntad popular y cuando sectores que no aceptan el veredicto de las urnas buscan imponer sus intereses por encima de las instituciones. El asesinato del general René Schneider, en octubre de 1970, constituye una de las advertencias más dolorosas de nuestra historia republicana.
Schneider, comandante en jefe del Ejército, defendió la doctrina constitucionalista de las Fuerzas Armadas: el respeto a la Constitución, la subordinación al poder civil y la obligación de reconocer la decisión soberana del pueblo. Su posición fue decisiva en un momento de profunda tensión política, cuando la elección de Salvador Allende había abierto un camino democrático para la transformación social de Chile.
Su asesinato, perpetrado por un comando vinculado a la extrema derecha y a las maniobras destinadas a impedir que Allende asumiera la Presidencia, no fue un hecho aislado ni una simple expresión de violencia individual. Formó parte de un clima de conspiración que buscaba impedir, por la fuerza, el funcionamiento de la democracia. El general Schneider pagó con su vida su compromiso con el orden constitucional.
Recordar su muerte no es solamente rendir homenaje a un militar que cumplió con su deber. Es también reconocer que la amenaza autoritaria puede surgir cuando determinados sectores consideran que sus intereses económicos, políticos o ideológicos están por encima de la voluntad ciudadana. La historia demuestra que, cuando la ultraderecha deja de reconocer la legitimidad de sus adversarios, la democracia comienza a correr un grave peligro.
La llegada de José Antonio Kast a La Moneda obliga al socialismo chileno y al conjunto de las fuerzas comprometidas con los derechos humanos a mantener una actitud vigilante, firme y responsable. No se trata de afirmar que la situación actual sea idéntica a la de 1970 ni de equiparar automáticamente un gobierno elegido democráticamente con una conspiración golpista. Las diferencias históricas importan y deben ser reconocidas. Pero precisamente porque conocemos nuestro pasado, tenemos la obligación de identificar a tiempo cualquier señal de debilitamiento institucional, intolerancia o retroceso democrático.
El peligro no reside únicamente en la posibilidad de una ruptura abierta del orden constitucional. También puede manifestarse en la erosión gradual de los contrapesos institucionales, en la deslegitimación de quienes piensan distinto, en el debilitamiento de las políticas de memoria y derechos humanos o en la utilización del miedo y la inseguridad como justificación para restringir derechos sin garantías suficientes.
La seguridad pública es una preocupación legítima y urgente de las familias chilenas. Nadie puede exigirle a la ciudadanía que viva con temor frente a la delincuencia, el crimen organizado o la violencia. Pero tampoco podemos aceptar que, en nombre de la seguridad, se relativicen los derechos fundamentales o se presente la fuerza como sustituto de la política, la justicia y la prevención. Una democracia sólida debe ser capaz de proteger a las personas y, al mismo tiempo, respetar la ley y la dignidad humana.
La historia de René Schneider adquiere aquí una relevancia especial: las instituciones democráticas no son obstáculos que deban removerse cuando incomodan a un gobierno. Son las garantías que protegen a todos los ciudadanos, especialmente cuando existen profundas diferencias políticas. El respeto a la Constitución no puede ser selectivo ni depender de quién ejerce el poder.
Frente a este escenario, el Partido Socialista de Chile tiene una responsabilidad histórica que no puede eludir. Su tarea es defender la democracia sin ambigüedades, promover la unidad de las fuerzas progresistas y construir una alternativa política capaz de responder a las necesidades reales de la ciudadanía.
Esa responsabilidad exige firmeza, pero también inteligencia política. No basta con denunciar los riesgos de la ultraderecha: debemos ofrecer respuestas concretas frente a la delincuencia, el desempleo, las desigualdades, el costo de la vida y la incertidumbre que afecta a miles de familias. La democracia necesita resultados, justicia social y confianza pública. Si las fuerzas democráticas no son capaces de responder a esas demandas, abrirán espacio a quienes ofrecen soluciones simples a problemas complejos.
También debemos defender con claridad la memoria histórica. La dictadura, las violaciones de los derechos humanos y el terrorismo de Estado no pueden relativizarse ni convertirse en instrumentos de una disputa coyuntural. La memoria no es una carga del pasado: es una garantía para el futuro. Un país que olvida cómo se destruyeron sus instituciones corre el riesgo de volver a tolerar discursos y prácticas que debieran estar definitivamente superados.
La defensa de los derechos humanos debe ser universal. No puede depender de la identidad política de las víctimas ni de la conveniencia de los gobiernos de turno. Del mismo modo, la lealtad constitucional que encarnó Schneider debe constituir un principio compartido por todas las instituciones del Estado.
La muerte del general René Schneider nos recuerda que la democracia no se sostiene únicamente con elecciones. Requiere instituciones respetadas, adversarios reconocidos como legítimos, una ciudadanía informada y una cultura política que rechace la violencia como instrumento de poder.
El gobierno de José Antonio Kast debe ser evaluado por sus decisiones, sus políticas y su respeto efectivo a las instituciones republicanas. Nuestra oposición, cuando corresponda, debe ser firme y fiscalizadora. Pero la defensa de la democracia exige también distinguir entre hechos comprobados, riesgos políticos y diferencias legítimas dentro de un sistema pluralista. No necesitamos exagerar la historia para aprender de ella; necesitamos comprenderla en toda su gravedad.
En octubre de 1970, René Schneider defendió el principio de que las Fuerzas Armadas debían respetar la Constitución y la decisión soberana de las instituciones. Esa convicción le costó la vida cuando una conspiración intentó impedir la llegada de Salvador Allende a la Presidencia.
Hoy, más de medio siglo después, su legado interpela a Chile entero. Nos recuerda que ningún proyecto político está por encima de la democracia y que ningún gobierno tiene derecho a debilitar las libertades que hacen posible la convivencia republicana.
La lección de Schneider sigue vigente: cuando la voluntad popular es amenazada por la violencia y la conspiración, defender la Constitución no es una opción ideológica, sino un deber republicano.
Porque la democracia no se hereda para siempre. Se defiende todos los días. Y frente a cualquier amenaza autoritaria, la respuesta debe ser más democracia, más justicia social y más compromiso con la libertad.
