Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
Los medios de comunicación debaten -y con razón- el escándalo de corrupción que se destapó casualmente, “por una arista”… de los audios de Hermosilla y que estaría posicionando al ex Ministro del Interior Chadwick como imputado; como si fuera poco y casi “como otra arista”, surge lo de la ex Ministra de Educación Cubillos y su escandaloso salario mensual en una universidad privada, contradiciendo lo duro que fue con los docentes y sus movilizaciones, la que promovió la Ley Aula Segura. ¡Ah! y emerge el caso del Fiscal Guerra: parte de la elite del país muestra su descomposición ética…
Ese es el contexto que preocupa a los debates y debatientes públicos.
Mientras, esos mismos medios difunden, como un dato más, el asesinato o muerte de adolescentes y jóvenes, de modo casi diario, la mayoría nóveles delincuentes: unos baleados por un delito, otros que no están involucrados en ellos, quedan probablemente con invalidez en un choque de auto, mientras arrancaban de la policía.
Protección y represión es lo que necesita hoy la sociedad para estar segura.
Son muchos. Son muchos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que cada día son victimarios y víctimas de armas de fuego de pares, vecinos o asaltados, de accidentes automovilísticos en fuga, detenciones ciudadanas, de la acción policial o delincuencial. Las drogas, el dinero fácil, la protección de los grandes capitales por los seguros, el consumo desatado por el capitalismo, esa idea de que “si igual voy a morir joven, mejor lo paso bien ahora”, la necesidad de reconocimiento de pares y familias (“ser alguien para alguien”), nuevas culturas juveniles (narco-cultura), son fuertes factores mortales intervinientes.
Parte significativa de la sociedad y de la élite social, empresarial, política, especializada en seguridad -ya no sólo los medios- piden más protección, represión y control masivo, el gobierno lo cumple. Nunca se ha invertido más en seguridad pública que en este gobierno: más policías, más modernización de las instituciones, más y mejores equipamientos, más persecución por las fiscalías, proyectos de más cárceles, cuidado militar de infraestructura crítica. Hoy no es un error preocuparse por la seguridad pública: política y socialmente es necesario para la vida de las personas y de la propia democracia. Pese al discurso en contrario, la desconfianza en las policías, de las fuerzas conservadoras y hasta algunas progresistas, es enorme: piden presencia del ejército en las calles, pues desconfían de las capacidades estatales y policiales de enfrentar eficazmente al delito, la delincuencia, la inseguridad. Además, la derecha se opone a la apertura de cuentas bancarias en ciertas circunstancias. Más protección, represión y control social en la calle parece ser la consigna dominante. Y así se asume desde el gobierno y la oposición.
La educación es el nombre de la paz y la seguridad social y pública.
Sin embargo, desde la vereda del frente, de los que trabajan con niños y jóvenes en su formación, viviendo las grandes dificultades de la convivencia en las escuelas y liceos, entre docentes, estudiantes y sus familias o cuidadores, se sigue pensando y creyendo, casi como acto de fé, que sólo con más y mejor educación se podrá detener la inseguridad, la violencia, la desesperanza, la muerte e invalidez de niños, jóvenes y adultos.
Estamos convencidos de que hoy, sobre todo, la educación es el nombre de la paz y la seguridad social y pública. En el largo plazo la sociedad se puede sostener en progreso, desarrollo sustentable, inclusión social y democracia, sólo invirtiendo en educación. La represión siempre será coyuntural, es difícil -no imposible- que se mantenga de modo permanente afirmada en sistemas controladores de la vida social. La educación, es y será, el único camino estratégico para formar personas buenas para vidas buenas.
Lamentablemente sentimos que esta dimensión no se considera en las políticas de seguridad pública, de inserción e inclusión social, de desarrollo ciudadano. Desde la vereda del frente no se ve articulación de educación (con una dimensión de prevención) y las acciones de protección y represión (en el marco de una política de seguridad pública).
Sin educación no hay paz ni seguridad social
No hay recursos suficientes para la inserción social, para el postpenitenciario, para la educación de jóvenes y adultos, para los servicios de protección a los NNAJ, para la educación ciudadana en escuelas y liceos, para financiar posgrados o especializaciones en educación y seguridad social. La convivencia escolar que se impulsa apunta al interior de la escuela, está bien, pero es insuficiente. Se necesita un cambio cultural profundo de las relaciones y compromisos humanos, más próximos a la formación ciudadana. Se requiere una flexibilidad del sistema en términos de modalidades y pedagogías para incluir a los que están fuera del sistema o a los desesperanzados, hay que financiar proyectos de educación y cultura popular en los territorios, hay que ayudar a los jóvenes a construir proyectos de vida buena. Es necesario reconstruir otras autoridades: la del docente que sirve de ejemplo y tiene capacidad de ofrecer un camino de vida a sus estudiantes; se necesita disciplina: la del pensamiento y persistencia para lograr buenos propósitos; se requiere reconocimiento social: a través de una pedagogía de la cooperación y el afecto; se requiere inserción social: a través de la integración del trabajo a la formación.
No va a haber paz ni seguridad si no se prioriza la educación (y a los/as educadores/as) en todas sus dimensiones y modalidades. El gobierno, la sociedad, los educadores están(mos) en deuda: hoy no se observa prioridad a la educación en todas sus modalidades, dimensiones y territorios. No sirven proyectos con mucho dinero en pequeñas causas o baja cobertura, es necesaria una acción decidida, nacional, total, integral, participativa, de priorizar la educación con nuevos valores, contenidos, objetivos, propósitos, nuevas modalidades. Hay que validar una nueva forma de autoridad del maestro/a, reconocida por los estudiantes, basada en el testimonio y coherencia, en el afecto, la sabiduría, la empatía, el respeto, el conocimiento. Es tiempo de priorizar y visibilizar la educación como condición primera de la paz y seguridad social y pública. No hay otro camino real y posible.
