Economista, Instituto Igualdad
La idea de que el Estado juega un papel subsidiario ha sido lo que la derecha y el pinochetismo han intentado imponer como regla en la economía y en el bienestar de la población. El mercado y el impulso empresarial están llamados a brindar progreso y satisfacer las necesidades con más mérito que el Estado; así hemos comprobado una y otra vez que ha sido la orientación de las políticas públicas de los partidos de la derecha en este país.
La llegada a la moneda de la ultraderecha pinochetista no ha dejado dudas de que el Estado debe retirarse de las estrategias de desarrollo y crecimiento económico para conceder las condiciones más generosas y estimulantes posibles al sector privado en esa tarea. Y no a cualquier sector empresarial se le han otorgado franquicias privilegiadas; las grandes empresas han sido las elegidas.
La estrategia de crecimiento económico está focalizada en la gran empresa y mejor si es extranjera. Se entiende que son las grandes inversiones las que más aportan al crecimiento del PIB y, de esa forma, no se necesitan los aportes estatales que provengan de impuestos a las propias empresas. Al revés, a menos impuestos e invariabilidad de éstos, más inversión y, por ende, más crecimiento, lo que bastaría para recaudar más impuestos.
Reducir los impuestos conlleva disciplina fiscal y reducción del gasto. Y aquí comienzan los problemas. Qué gastos y en qué magnitud se pueden reducir sin provocar precariedad y abandono en la población, especialmente en servicios básicos y en aquellos derechos garantizados logrados tras largos trámites y disputas políticas en un país con profundas desigualdades. Pero, no solo lo anterior, sino también de qué manera se compensa con prontitud la reducción del gasto social si el crecimiento no ocurre o crece la demora en proveer el bienestar prometido, si tan solo nos refiriéramos a la reposición de un simple subsidio o servicio perdido, como se muestra en varios de ellos en el proyecto de presupuesto 2027 del Gobierno de Kast.
Las condiciones socioeconómicas de la población se han visto deterioradas por el bajo crecimiento de la economía y la descendente productividad, que ha tenido como consecuencia el desempleo creciente, el empleo informal igualmente en aumento y un deterioro de la capacidad de compra de los ingresos laborales.
El crecimiento del país está cada día más afectado por las condiciones que provocan las crisis externas, lo que repercute en la magnitud y el valor de las exportaciones, cuya composición es fundamentalmente materias primas de frágil estabilidad en sus precios internacionales. Frente a este escenario, lo único que hemos escuchado del actual gobierno es que confíen en que la inversión extranjera tiene las puertas abiertas y que el crecimiento económico y sus beneficios al final de este gobierno serán una realidad.
La inversión extranjera, su magnitud y permanencia como su orientación o foco, no necesariamente se compatibiliza con la mejor estrategia para nuestro país. Esta llega siempre y cuando se den ciertas ventajas. Según el actual gobierno, ofreciendo menos impuestos y sin variaciones por décadas, sería suficiente para asegurar el ingreso de nuevas o más inversiones. Sin embargo, no sólo se trata de beneficios tributarios o de menos trámites; también la estabilidad social y política del país es un valioso activo que tiene una alta ponderación en las decisiones del inversionista, como la calificación del riesgo que le adjudican agencias especializadas. Estas características pueden ser alteradas por gobiernos que limitan o reducen el gasto social e incluso recurren al endeudamiento fiscal para su financiamiento, hasta el punto de provocar inestabilidad social y extremos en la política en breves plazos.
Pero, si la inversión no es de largo plazo, si además no genera empleo ni suma aportes tecnológicos ni de conocimiento aprovechable y si por último es exclusivamente una actividad extractiva de recursos, tal inversión no ayuda a consolidar el desarrollo del país e incluso puede producir daño al medio ambiente, a la biodiversidad y a los ecosistemas con costos irreparables. Mientras más urgido se vea el gobierno de Kast por crecer, mayor es el riesgo de incumplir los objetivos y metas de un desarrollo equilibrado, inclusivo y sostenible.
Ahora, si la inversión no se hace presente, pese a todas las ventajas ofrecidas, el Estado, con la estrategia del gobierno de Kast, tampoco podrá generar los recursos para asegurar las inversiones mínimas que requiere un Estado moderno, que necesita integrarse, articularse y entronizarse con más intensidad en un mundo digital globalizado. Mientras más tarde el Estado en asegurar recursos permanentes para afianzar su desarrollo futuro, más retraso, mayor distancia se acumula con el mundo desarrollado y mayores serán las dificultades para permanecer y mantenerse con ventajas competitivas en el comercio internacional.
El Estado no puede abandonar su misión indelegable de unir voluntades y representarlas legítimamente, manteniendo la capacidad de orientar y despejar el camino para el desarrollo de los habitantes del país y proteger su integridad territorial y la de sus recursos. Pero, para ello se requiere un gasto y una inversión permanente que debe resultar no solo de la capacidad de crecer, lo que no siempre es posible, sino también de la voluntad y la conciencia ciudadana, que entrega parte de sus ingresos y ganancias, para que el Estado provea con equidad y sapiencia los recursos que aseguran progreso, paz social y bienestar.
El presupuesto de una Nación es el reflejo de su futuro; está íntimamente ligado a lo que destina en educación, salud, vivienda, investigación científica, en tecnología, en innovación, seguridad ciudadana y en mantener su infraestructura material y de comunicaciones.
Concluyendo, si en Chile el porcentaje total del gasto del Gobierno es poco más de un 25% a un 26,7% del PIB y en Protección Social un 4,5% a un 5% del PIB, y por su parte los países de la OCDE tienen un gasto del Gobierno en promedio de 40% a un 42% del PIB, alcanzando en algunos países el 50% del PIB y en Protección Social un 15,9% del PIB de promedio, podemos asegurar que nuestro país no solo no crecerá de forma sostenible ni establemente ni podrá lograr un mayor desarrollo, lo peor será que irá quedando más rezagado y aislado en el tiempo con respecto al resto del mundo.
