“La dictadura destruyó al sujeto social que sostenía la vía chilena. La transición reconstruyó la democracia, pero no plenamente su poder colectivo. En 2026, el socialismo posee más derechos en su lenguaje, pero menos capacidad para organizar a trabajadores, comunidades y territorios”.
Existe una paradoja hiriente en la vida pública chilena contemporánea. Mientras el capitalismo del siglo XXI ha ampliado su capacidad de intervenir en los pliegues más íntimos de la existencia —desde el endeudamiento de la vivienda, la salud y la educación hasta el control del tiempo, los datos y las decisiones mediante plataformas y algoritmos—, el pensamiento socialista parece haberse replegado hacia los límites de lo administrativamente posible. En el Chile de 2026, el trabajador ya no enfrenta solamente la explotación tradicional en la fábrica, la mina, el comercio o el servicio. Se encuentra fragmentado entre múltiples posiciones: asalariado, consumidor, deudor, arrendatario, cotizante, usuario digital y responsable individual de su propia seguridad. Sin embargo, la herramienta política que históricamente buscó organizar esas dependencias y convertirlas en fuerza colectiva desplazó progresivamente su centro de gravedad desde la sociedad organizada hacia la administración del Estado. Esa es la hipótesis que permite comprender la crisis actual del socialismo chileno: la dictadura no solo derrotó a un gobierno y persiguió a un partido; destruyó al sujeto social que sostenía la posibilidad de una transformación democrática. La transición reconstruyó las instituciones políticas, recuperó libertades y restituyó derechos fundamentales, pero no reconstruyó plenamente aquel poder colectivo. Por eso el socialismo llegó a 2026 con más derechos en su lenguaje, pero con menos capacidad para organizar trabajadores, comunidades y territorios.
La vía chilena al socialismo no nació con la elección de Salvador Allende en 1970 ni fue una improvisación electoral de última hora. Fue el resultado de una acumulación doctrinaria, social y política iniciada mucho antes. El Partido Socialista fundado en 1933 reunió tradiciones diversas: marxistas, humanistas, latinoamericanistas, republicanas, laicas, obreras e intelectuales. Esa heterogeneidad le entregó una singularidad que lo distinguió tanto de la socialdemocracia reformista como del comunismo subordinado al modelo soviético. Julio César Jobet reconstruyó esa tradición mostrando que el marxismo fue asumido como método de interpretación de la realidad y no como dogma cerrado. Su tarea no era repetir esquemas importados, sino comprender las condiciones concretas de Chile y América Latina. Esa matriz alcanzó una de sus formulaciones más lúcidas en el Programa Socialista de 1947, cuya fundamentación teórica fue redactada por Eugenio González Rojas. Allí se estableció una distinción decisiva: una política no es revolucionaria por la violencia de sus medios ni por la estridencia de su lenguaje, sino porque transforma las relaciones fundamentales de propiedad, trabajo y poder. Del mismo modo, la igualdad no podía imponerse mediante un aparato burocrático que destruyera la libertad, porque un socialismo que eliminara el pluralismo, la deliberación y los derechos terminaría traicionando su propia promesa emancipadora. Esta concepción contenía ya el núcleo moral de la vía chilena: transformar radicalmente el poder económico sin sustituir la dominación privada por un Estado sin límites.
Sobre ese fundamento se construyó una tríada intelectual y política decisiva. Eugenio González aportó la filosofía democrática y humanista; Clodomiro Almeyda profundizó el análisis de la estructura de clases, la dependencia latinoamericana, el imperialismo y las restricciones internacionales; Salvador Allende convirtió esa acumulación en práctica política, institucional y pedagógica. Allende comprendió que la vía chilena no podía consistir solamente en conquistar el gobierno. Debía construir una mayoría social, articular trabajadores, sectores medios, pobladores y profesionales, utilizar las instituciones republicanas y, desde ellas, modificar la estructura de propiedad. El triunfo de la Unidad Popular fue así la culminación de casi cuatro décadas de formación política y organización social. Su proyecto buscaba nacionalizar el cobre, ampliar el área de propiedad social, profundizar la reforma agraria y redistribuir el ingreso sin cerrar el Congreso, eliminar partidos, suprimir la prensa opositora ni cancelar las libertades públicas. La originalidad histórica estaba precisamente en esa combinación: una transformación revolucionaria por sus objetivos y democrática por su procedimiento.
Pero la vía chilena no fue una construcción acabada. La relación entre institucionalidad y poder popular, entre gradualidad y ruptura, entre gobierno y partidos, permaneció abierta. Mientras Allende defendía la legalidad como dimensión constitutiva del proceso y buscaba ampliar alianzas, sectores de la izquierda —marcados por el clima posterior a la Revolución cubana y por la radicalización partidaria de fines de los años sesenta— interpretaban el Estado existente principalmente como un obstáculo de clase que debía ser desbordado. La Unidad Popular enfrentó, además, desequilibrios económicos reales: inflación, problemas de abastecimiento, restricciones productivas, pérdida de reservas y dificultades para coordinar la expansión de la demanda con la capacidad de la economía. Sería intelectualmente deshonesto negar esos errores. Pero sería igualmente falso aislarlos del conflicto político y económico en que se produjeron. La intervención estadounidense, documentada por el Comité Church, el financiamiento a la oposición, la presión crediticia, la resistencia empresarial, el acaparamiento, el mercado negro y la alteración de las redes de distribución formaron parte de una confrontación cuyo objetivo era impedir que la experiencia se estabilizara. La vía chilena no cayó únicamente por sus contradicciones internas ni exclusivamente por una conspiración exterior. Fue destruida por la interacción entre vulnerabilidades propias y una ofensiva nacional e internacional dispuesta a impedir que la democracia alcanzara la propiedad y el poder económico.
El golpe de Estado de 1973 no buscó simplemente derrocar a Salvador Allende. Necesitaba extirpar la cultura política, sindical y territorial que había hecho posible la Unidad Popular. Para ello se persiguió a dirigentes, se intervinieron sindicatos, se disolvieron partidos, se clausuraron medios, se destruyeron organizaciones y se convirtió la militancia en una actividad castigada mediante prisión, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Frente a ese terror apareció la dimensión moral de quienes decidieron permanecer. Exequiel Ponce, Carlos Lorca, Ricardo Lagos Salinas y los integrantes de la primera dirección clandestina asumieron la tarea de reorganizar al Partido en un país convertido en territorio de persecución. Junto con militantes y enlaces como Michelle Peña, Carolina Wiff y Sara Donoso, intentaron impedir que miles de socialistas quedaran abandonados y que la derrota militar se transformara en desaparición política. En el Documento de Marzo de 1974 procuraron pensar las causas del desastre, reconstruir la unidad antifascista y restablecer vínculos sociales bajo condiciones extremas. Su secuestro y desaparición en 1975 no fueron excesos aislados de agentes descontrolados. La DINA los persiguió porque representaban una capacidad de reorganización. La dictadura comprendía que el socialismo no residía solamente en un programa o en una dirección pública: vivía en las relaciones de confianza, en los sindicatos, en los barrios, en la formación y en la memoria organizada.
La represión física fue seguida por una refundación económica y antropológica. El Plan Laboral de 1979 restringió la negociación colectiva, favoreció la dispersión sindical y debilitó la capacidad de construir poder más allá de cada empresa. Las privatizaciones, la subcontratación, la externalización y la precarización desarticularon espacios laborales compartidos. Allí donde antes cientos o miles de trabajadores podían reconocerse en una experiencia común, surgieron múltiples empresas contratistas, relaciones jurídicas distintas y organizaciones sindicales pequeñas. La clase trabajadora no desapareció, pero perdió muchas de las instituciones que le permitían reconocerse como tal. El documento que sirve de base a esta columna recuerda que Chile llegó a tener más de once mil sindicatos, la mayoría sin escala suficiente para negociar sectorial o nacionalmente. No se trata de una ausencia de organización formal, sino de una organización dispersa y con poder limitado.
La transformación más profunda, sin embargo, fue la privatización del riesgo. La previsión pasó a depender de cuentas individuales; la vivienda, de créditos hipotecarios prolongados; la educación y la salud, en buena medida, del gasto familiar y del endeudamiento; la seguridad laboral, de la capacidad personal de mantenerse “empleable”. El trabajador se convirtió también en deudor. Su salario comenzó a llegar comprometido por cuotas, intereses, seguros, dividendos y obligaciones futuras. La deuda no impide mecánicamente la protesta, pero eleva su costo. Quien debe sostener mensualmente una cadena de pagos posee menos margen para enfrentar un despido, rechazar condiciones abusivas o participar en un conflicto prolongado. El mensaje neoliberal fue claro: cada persona debía “rascarse con sus propias uñas”, ahorrar, asegurar su futuro, capacitarse y competir, aunque los recursos y las oportunidades estuvieran distribuidos de forma radicalmente desigual. La dependencia no desapareció; fue individualizada y ocultada bajo contratos privados.
La renovación socialista posterior a 1973 respondió correctamente a una de las grandes debilidades de la izquierda del siglo XX. La democracia, los derechos humanos, el pluralismo y la alternancia dejaron de ser considerados simples mecanismos tácticos y pasaron a formar parte constitutiva del proyecto socialista. Esa revisión fue una ganancia civilizatoria y recuperó una tradición libertaria que ya estaba presente en Eugenio González y en la vía de Allende. El problema fue que, en el esfuerzo por romper con el marxismo-leninismo dogmático, una parte del socialismo renovado abandonó también categorías necesarias para comprender el capitalismo: clase, propiedad, explotación, acumulación, dependencia y poder económico. La reunificación partidaria de 1990 recompuso la unidad política, pero no resolvió completamente las preguntas sobre qué debía socializarse, cómo democratizar la empresa, qué lugar correspondía al mercado, cómo reconstruir el poder sindical o qué instituciones podían traducir los ideales socialistas en una nueva estructura económica.
La Concertación enfrentó una tarea histórica enorme. Reconstruyó la democracia, consolidó libertades, redujo la pobreza, recuperó políticas públicas y profesionalizó el Estado. Negar esos avances sería convertir la crítica en caricatura. Pero también dejó intactas importantes bases del orden neoliberal y terminó administrándolo como frontera de lo posible. En ese proceso cambió la relación del Partido Socialista con la sociedad. El PS había sido históricamente una escuela de formación ética, un organizador sindical, territorial y cultural. Con el retorno a la democracia, el acceso a ministerios, municipios, parlamento y servicios públicos convirtió al aparato estatal en una fuente principal de influencia interna. El militante social fue desplazado paulatinamente por el técnico, el gestor y el operador electoral. Las organizaciones comunitarias comenzaron a ser tratadas como beneficiarias, usuarias o ejecutoras de fondos concursables y programas focalizados. El dirigente partidario se volvió con frecuencia intermediario entre la comunidad y el Estado, en vez de contribuir a que esa comunidad desarrollara autonomía y capacidad de decisión. La presencia estatal dejó de amplificar necesariamente el poder social y comenzó, muchas veces, a sustituirlo.
Este desplazamiento ayuda a comprender la encrucijada de 2026. El socialismo chileno posee hoy un lenguaje más amplio que el de mediados del siglo XX. Ha incorporado el feminismo, los cuidados, el ecologismo, los derechos indígenas, las diversidades sexuales y nuevas demandas de reconocimiento. Esa ampliación no debilitó por sí misma al trabajador; corrigió exclusiones reales de un socialismo que tendía a imaginar al sujeto popular como hombre, asalariado, industrial y proveedor del hogar. El problema surgió cuando esas luchas fueron tratadas como agendas paralelas y no como dimensiones de una estructura común de poder. La derecha radical ha sabido explotar esa separación mediante las guerras culturales. Convierte conflictos verticales —entre propietarios y trabajadores, acreedores y deudores, plataformas y usuarios— en conflictos horizontales dentro del pueblo. Así, el trabajador puede ser persuadido de que su adversario es el migrante, la feminista o una minoría cultural, y no el fondo inmobiliario, la empresa monopólica, la institución financiera o la plataforma que controla sus condiciones materiales.
La respuesta socialista no puede consistir en abandonar los derechos civiles para regresar a una clase obrera idealizada que ya no existe en aquella forma. Tampoco puede reducirse a una política de reconocimiento que olvide salarios, propiedad, crédito, vivienda, organización laboral y poder económico. Debe articular ambas dimensiones. Una mujer trabajadora puede experimentar explotación salarial, desigualdad en los cuidados y violencia de género. Un trabajador indígena puede enfrentar precariedad laboral y despojo territorial. Un conductor de plataforma puede ser formalmente independiente y materialmente subordinado a un algoritmo. La clase contemporánea no es homogénea, pero comparte una pregunta: quién controla las condiciones de las que depende su libertad.
Por eso la crisis del socialismo chileno no es solamente electoral, comunicacional ni generacional. Es una crisis de sujeto, doctrina y organización. Su declaración de principios conserva el marxismo crítico, el humanismo, el Programa de 1947 y la memoria de Allende. Pero esos principios se han eticizado: funcionan como valores generales —igualdad, derechos, democracia, diversidad— sin una arquitectura institucional igualmente clara para enfrentar las formas actuales de dominación. El socialismo sabe con mayor precisión qué derechos desea proteger que qué poderes económicos debe transformar.
Una nueva vía chilena no puede repetir las formas de 1970. Debe responder a la financiarización, la crisis ecológica, el trabajo fragmentado, las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la deuda y los cuidados. Eso implica construir una propiedad social plural: empresas públicas estratégicas, cooperativas, propiedad municipal, fondos sociales, empresas mixtas bajo control democrático y bienes comunes digitales y ecológicos. Significa democratizar el crédito mediante instrumentos públicos de desarrollo, gobernar los datos como infraestructura social y someter las grandes decisiones de inversión —vivienda, transporte, energía, salud— a planificación democrática. Pero ninguna de estas propuestas será viable mientras el Partido Socialista continúe actuando principalmente como agencia electoral o vía de acceso al Estado. Necesita volver a ser escuela de formación, espacio de organización sindical, comunidad territorial y productor de sociedad organizada.
La historia del socialismo chileno es la búsqueda inconclusa de una síntesis entre justicia social y libertad humana. Esa búsqueda atraviesa el Programa de 1947, la reflexión de Eugenio González, el análisis estructural de Clodomiro Almeyda, la perseverancia democrática de Salvador Allende y la decisión de Carlos Lorca, Exequiel Ponce y la dirección clandestina de permanecer cuando la política ya no ofrecía cargos, prestigio ni seguridad. Ellos entendieron que el socialismo no era una ceremonia destinada a recordar el pasado, sino una obligación de organizar la esperanza allí donde las personas sufrían las consecuencias de la derrota.
La vía chilena no puede ser restaurada como una pieza de museo. Pero su pregunta sigue abierta: ¿cómo democratizar el poder económico sin destruir las libertades políticas ni reemplazar la dominación privada por una burocracia estatal? La respuesta deberá construirse en otro capitalismo y con otro sujeto social. Pero conserva una exigencia esencial: radicalidad frente al poder económico, democracia irrestricta frente al poder político y organización colectiva suficiente para que la libertad deje de ser una promesa formal y se convierta en una capacidad compartida.
