ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
El debate sobre el rol del Estado salió otra vez al ruedo y lo reinstaló el gobierno por el solo hecho de proponerse achicarlo para convertirlo- como en los mejores tiempos de la dictadura -como soporte de intereses privados. Así lo han empezado a recoger distintas encuestas de opinión, analistas y sectores de la academia.
El debate, que se animó particularmente con los dos fallidos procesos constitucionales, y al cabo de los cuales el hoy presidente Kast y su gobierno daban por hecho que se trataba de un tema zanjado a favor de su proyecto político ultraconservador, interpretó que además de elegirlo presidente, los votantes adherían también a su ideología.
Sin embargo, el bencinazo dijo otra cosa. Quienes le confiaron el voto y creyeron que Kast era la mejor opción para resolver los problemas existentes en el país, en tan solo 100 dias de gobierno, cayeron en la cuenta que no están considerados en los suculentos beneficios tributarios para el 1% más rico del país. Nada de lo cual significa que habría que descartar medidas de corte populista, y tampoco que la impericia de gobernar conduzca por sí mismo a una alternativa de orientación progresista.
Por lo pronto, en la mayoría de los temas consultados por las encuestas a propósito del rol del Estado en la sociedad, y que están a la base del conflicto político y que en la historia más reciente del país se arrastra desde los tiempos de la dictadura, la inmensa mayoría estima que su rol debe ser el de garantizar el acceso a bienes públicos de calidad en salud, educación pensiones y vivienda.
Esas demandas que tras la dictadura se expresaron politicamente en la necesidad de consolidar un Estado democrático como su espacio natural de realización y otras que han surgido este último tiempo a consecuencia de la evolución de la sociedad, la modernización capitalista que en su forma neoliberal, excluyó socialmente y generó nuevas demandas, es la trayectoria que tras la revuelta social en Chile, ha evolucionado en lo político-según esta interpretación – hacia el Estado social democrático de derechos como sintesis de todo el largo periodo político anterior.
Es por tanto, junto a la defensa de las pequeñas y medianas conquistas alcanzadas en el curso del periodo anterior, el esfuerzo político y cultural de importancia política estratégica para Chile y su futuro. Y es también la razón que explica por qué se ha vuelto esencial disputar conceptos básicos como el de solidaridad, universalismo, cohesión social, fraternidad, igualdad y bien común, que, entre otros, han dado sentido a la narrativa de las izquierdas, pero que pueden ser distorsionados por la voracidad con la que la lógica mercantilista arrasa para imponerse.
Este desafío se inscribe en la crisis global de la democracia, marcada por la disputa entre superpotencias por la hegemonía y el control de recursos estratégicos. Pero en su origen están las precariedades de ayer y hoy. Destacan las desigualdades sociales, la concentración del poder económico y tecnológico; la creciente distancia entre ciudadanía y élites; debilitamiento de la confianza en las instituciones y la corrupción; reducción de la participación al voto y una deliberación pública distorsionada por la desinformación, y las mentiras ampliadas por las redes digitales.
Al mismo tiempo, la financiarización, las plataformas digitales, las cadenas globales de producción, las migraciones y el cambio climático han trasladado la lucha por la democracia más allá de los Estados nacionales, exigiendo democratizar estructuras económicas y de poder, fenómeno de alcance nacional y global. En Chile, este desafío también implica fortalecer las capacidades del Estado para contener la expansión del crimen organizado y proteger la institucionalidad democrática.
En el marco de esos desafíos, se abre un espacio de colaboración e intercambio de aprendizajes y experiencias, equivalente al carácter de los mismos y de amplio espectro: De Estados a instituciones, comunidades, movimientos sociales y partidos políticos. Desde una perspectiva gramsciana, este espacio también constituye un ámbito de construcción de una nueva hegemonía democrática al interior y entre actores de distintos países. En esos espacios cobra cuerpo la disputa del sentido del desarrollo, la dignidad humana, la justicia social y una democracia con contenido social, económico y político.
Este espacio no está cerrado. Depende de la articulación política, social y cultural. En estricto rigor trasciende con mucho “al mundo de la política”, porque sin que se logre amalgamar con el “mundo social” en el sentido más amplio del término, la política organizada tiende a ensimismarse y burocratizarse. Y lo social sin proyecto político se diluye en particularidades, demandas fragmentadas sin una matriz o cuerpo que las articule, experiencia por recoger de la fracasada Convención. Y así y todo es poco decir, si hemos de considerar los aportes que provienen de la academia, las artes, la ciencia y la cultura, del pueblo llano y la vida cotidiana.
¿Cómo entonces en el marco de este imbricado y complejo contexto, el progresismo y la izquierda avanzan, a la vez que atendiendo la contingencia en los distintos espacios en los que se desarrolla, en la formulación de un proyecto político país que anude presente con futuro?
En definitiva, que anude el recorrido histórico de construcción democrática, con más igualdad y mayor dignidad. Se trata de un proceso de escala, que no se agota en una sola interpretación ni en una sola orgánica en particular.
