Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
Hace unas semanas hubo un interesante debate por los medios: ¿cuántos jóvenes están fuera del sistema escolar debiendo estar en él? El Subsecretario de Educación indicó que cerca de 80.000, el Hogar de Cristo dijo que eran 380.000, otros indicaron que eran 220.000… más allá de la diferencia de fuentes: el INE, la CASEN u otras, las cifras son ¿terribles, dramáticas, impresionantes? ¡Son muy graves!
Las cifras expresan la profunda crisis del modelo educativo instaurado el año 1981, a pesar de los esfuerzos de cambio posteriores a 1990 de las “leyes y principios de amarre” que dejó la dictadura: libertad de enseñanza, el sistema de financiamiento y la subvención escolar, prioridad del dinero para estructurar institucional e ideológicamente la educación, privilegio a la privatización en desmedro de la educación pública estatal.
Es cierto que esa cantidad de jóvenes fuera del sistema escolar refleja una situación que no es propia de Chile: en América Latina son millones los expulsados del sistema escolar creciendo cada día. Esta cruda realidad muestra lo inútil y débil de las medidas reactivas impulsadas por el gobierno ante los problemas estructurales de la educación (la educación parvularia recién da sus tímidos primeros pasos): “aula segura”: ley de seguridad interior del estado en la educación, sin impacto en la calidad. “Todos al aula”: soluciones “parches” para enfermedades graves de gestión. “Admisión justa”: debate centrado en algunos estudiantes que no se matricularon pues a sus papás no les gustó el colegio en que quedaron durante el proceso de selección. ¿Y el interés superior del niño por la educación?, ¿solo es importante la política de contra-reforma educacional?, ¿poder decir que los padres no quieren enviar sus hijos al colegio que no querían? (hace años se enviaba a la policía a detener a los padres que no enviaban sus hijos a la escuela hasta que asistieran, se hizo con los pobres, pero no se hace con la “clase media”).
El “Plan Escuelas Arriba”: un esfuerzo de mejorar aprendizajes para 218 establecimientos en riesgo de cerrar por sus malos resultados ¿una cierta copia del Programa de las 900 Escuelas del Ministro de Educación Ricardo Lagos en los años 90?; ante los miles de estudiantes expulsados por un modelo que no les acomoda, gusta o interesa, se programa su reinserción escolar con apoyo clínico y social en la misma institución que los expulsó o de la que “arrancaron” y no a un nuevo espacio formativo, por ejemplo, la educación de jóvenes y adultos.
Estas medidas reactivas, legales o discursivas, no se estructuran en un plan o política integrada, sinérgica, de ideas, recursos y esfuerzos, orientadas a propósitos aglutinadores de objetivos y metas de mejoramiento de la equidad, calidad y participación de la educación. No atacan las causas estructurales del modelo, no interesa la educación pública, la formación de las mayorías orientada al bien común, sino aquella necesaria a los intereses de la reproducción del capital, del neoconservadurismo ideológico y cultural, del status quo del poder institucional de las elites dominantes. No son políticas de mejoramiento de la calidad que alcancen logros de indicadores mensurables de ciertas competencias básicas definidas internacionalmente como las mínimas deseables de formar. Tampoco afectan la capacidad de desarrollo integral de la juventud, de ejercer su ciudadanía, construir sus propios valores sociales, generar una cultura de cooperación y amistad humana, de producir colectivamente visiones sociales de mundo positivas para la sociedad, sus comunidades, el desarrollo sustentable de los territorios, para ellos mismos.
El modelo educacional hace agua por todos lados, está mal desde sus inicios. Se le ha tratado de parchar por un lado u otro, pero el dinero, la falta de regulación, la competencia, la presunta libertad de enseñanza, las limitaciones a la educación pública obstaculizan una gestión eficiente. Esos y otros problemas de gestión escolar y pedagógica, de justicia educacional, también impactan en el sector particular subvencionado afectando la calidad del servicio educacional de aquellos pocos que no colocaban el bien común sino el propio como objeto de sus establecimientos.
También se está tratando de contener esta crisis incorporando empresarios y sus instituciones sociales y educacionales en la última defensa posible del sistema a través de la creación de Fundaciones, Corporaciones, ONGs privadas, financiadas por empresas familias filántropas [medios empresariales evidencian sus acciones en páginas de vida social, económicas o de educación, con reportajes y fotos especiales], muchas con recursos directos o indirectos del estado (beneficios tributarios), que apoyan colegios básicos y liceos, muchos técnico-profesionales [preparando la mano de obra calificada, ideológicamente formateada, para el modelo empresarial y económico dominante].
En ellas se forman cuadros profesionales –muchos egresados de tres o cuatro universidades de carácter católico conservador- para defender el modelo educacional en el debate ideológico, teórico, pedagógico y de gestión que se viene para los próximos años. Por esta vía tampoco se va a resolver el problema de calidad, equidad y participación de la educación chilena. No se profundiza la formación valórica y ciudadana de la juventud para una sociedad libre y sustentable; no se potencia la capacidad productiva del trabajo creativo, crítico y cooperativo de los educandos.
No se responde a esos jóvenes que están fuera del sistema educacional: dejan que los responsables del modelo educacional que los expulsa y del modelo económico que los requiere con baja calificación para mantener bajos los salarios con más productividad, se hagan cargo de mejorar la formación de los jóvenes pero hasta el punto de controlar el grado y carácter de las exigencias que hagan de derechos sociales, ciudadanos, laborales, organización sindical libre, derecho a la negociación colectiva, empleo y seguridad social, condiciones de trabajo decente.
La política educacional actual –por su orientación ideológica, falta de integración en torno a propósitos, objetivos y metas unificadores y dispersión de acciones reactivas y sólo remediales-, no puede alcanzar objetivos para que la educación de un salto adelante en calidad, equidad y participación para los niños(as), jóvenes y adultos pues ataca síntomas y no enfermedades, maquilla caras y no las lava, pone parches pero no opera. Los parlamentarios no deben votar la idea de legislar la ley de Admisión Justa pues no cambia sustancialmente el modelo educacional fracasado, negando, al mismo tiempo, la lucha de los educadores transformadores y críticos.
