Este lunes, en la Cámara de Diputadas y Diputados, finalizó con aprobación unánime de sus conclusiones, la Comisión Especial Investigadora iniciada en enero de este año y presidida e impulsada por el parlamentario Andrés Giordano, por los hechos ocurridos en Renca el 20 de octubre del 2019 durante el estallido social, donde se encontraron muertos tras un incendio en las bodegas de la empresa Kayser a Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas; sus familiares estuvieron presentes en esta última sesión.
El diputado del distrito 9 Andrés Giordano, presidente de la Comisión, afirmó que ésta finalizó “con la constatación de ciertas negligencias, hubo omisiones relevantes por parte de diversos organismos del Estado. No tuvo la calidad de ser una investigación con la debida oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad de los órganos encargados de investigarlo, exhaustividad y la participación de los familiares en el proceso”.
Solange Arias, madre de Yoshua Osorio -el más joven de los fallecidos- sostuvo que “estamos aquí el día de hoy para cerrar una de las instancias más relevantes que se ha llevado en torno a este caso en el cual no solo él murió, sino que también cuatro personas más. Sabemos que esta comisión impulsada por el diputado Andres Giordano no es una sentencia judicial, pero sí nos ha ayudado para agilizar ciertas diligencias que estaban entrampadas y también que dan cuenta de la deficiencia a la hora de abordar casos como este desde el Ministerio Público y el rol del Estado. Sólo agradecer la instancia y la colaboración para poder seguir buscando verdad y justicia para nuestras familias”.
Por su parte, la diputada Marta González (IND-PPD), integrante de la Comisión, indicó que “nos parece de total gravedad lo que pudimos constatar en el informe, y agradecemos la participación de todo el espectro político por haber votado a favor de manera unánime el informe de esta comisión. Aún tenemos un gran vacío con nuestras instituciones, pero por sobre todo en este caso le faltamos el respeto a las víctimas y a sus familias, porque hay una condición que sigue primando nuestro país que es la propiedad privada se pone por encima de las vidas humanas y ninguna propiedad privada puede estar por encima de la vida de las personas”.
Dentro de las principales conclusiones se encuentran eventuales negligencias por parte del Servicio Médico Legal “en la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas”; y “el desconocimiento de información relevante por parte del Ministerio Público”, que en respuesta a un oficio del 2021, expresaron que “no hay antecedentes de impactos balísticos”, cuando sí los hubo.
Asimismo, que “tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público, señalaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado. Tal situación generó, de acuerdo a las familias de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación”. Además, el mismo carabinero que afirmó esto último, grabó y difundió “en redes sociales un video de las víctimas durante la noche del 20 de octubre del 2019”, un delito por el cual sólo recibió la sanción administrativa más leve por parte de la institución y recién en este año se concretó su formalización.
El informe de la Comisión también indica que “ni en el día del incendio ni los días posteriores, el sitio del suceso fue cercado para el debido levantamiento y realización de diligencias investigativas”, lo que era responsabilidad del Ministerio Público y de Carabineros. (…) “Por el contrario, se mantuvo abierto y vulnerable a la alteración por parte de personas ajenas a la empresa, lo cual podría explicar también el desarrollo de un segundo incendio el día 12 de noviembre de 2019”.
Igualmente, que existe “falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos, puesto que de acuerdo con las declaraciones de la periodista Paola Dragnic y el camarógrafo Italo Retamal de Telesur, en el acto quedaron presuntos restos de vestimentas y objetos personales de, al menos, una de las víctimas”.
El diputado Giordano anunció que “la constatación de aquellos hechos nos obliga, como Poder Legislativo, a tomar algunas acciones. Una de ellas es que efectivamente podamos legislar para que estos protocolos y estas recomendaciones que hoy día han sido vulneradas y que generaron perjuicios para las familias que actualmente llevan este juicio adelante, sean de carácter obligatorio”, como lo es el protocolo de Minnesota, para casos de eventuales violaciones a los Derechos Humanos.
Así, indicó que se acordó “propender el levantamiento y el reconocimiento de un memorial en el sitio del suceso, que actualmente es de propiedad del Serviu, que ha anunciado que se va a edificar un complejo de viviendas sociales pero se ha abierto la conversación para que efectivamente este sitio de memoria tenga una cabida y es algo que nosotros estamos empujando y la Comisión lo ha ratificado de forma unánime”.
“Además, se sugirió que se avance en mejorar la legislación penal para fortalecer los derechos de las víctimas y propender a la creación de un organismo del Estado que tenga como función dar asesoría jurídica especializada y defensa de las víctimas en procesos penales, que hemos visto que también ha sido parte del gran problema en este caso”, puntualizó.
El informe señala que “en sesiones de la Comisión Investigadora se recibieron a la abogada y abogado querellante, Alejandra Arriaza y Matías Soto, a familiares de las cinco víctimas fallecidas, a autoridades del Concejo Municipal de la comuna de Renca, el ex director y asesor jurídico de la misma Municipalidad, funcionarios de Carabineros, Servicio Médico Legal, periodistas que cubrieron el caso, y organizaciones de derechos humanos”.
“También, en sesión secreta debidamente autorizada para resguardar la investigación en curso, se recibió en dos oportunidades a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones, entre otros invitados, todos hitos que sirvieron para confirmar el objeto de esta Comisión, así como las conclusiones y recomendaciones que se detallan a continuación”, agrega.
La Comisión fue compuesta también por las diputadas y diputados Yovana Ahumada (IND-PSC), Boris Barrera (PC), Ana María Bravo (PS), Jorge Durán (RN), Mauro González (RN), Tomás Hirsch (PAH), Cristian Labbé (UDI), Daniel Lilayu (UDI), José Carlos Meza (Republicano), Clara Sagardia (IND-FA) y Alberto Undurraga (DC).
