jueves, marzo 28, 2024
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Gobierno en Busca de un Esquivo Control de Agenda

Crédito Foto: Patricio Muñoz Moreno

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Como era de esperar -y para desesperación del Gobierno- las repercusiones por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca siguen copando la agenda mediática. Se han sucedido decenas de reacciones. Desde manifestaciones en las calles tanto en Chile como en el extranjero, hasta quemas de inmuebles y vehículos como testimonios violentos de la ira que recorre La Araucanía. Y no se detienen. Más aún cuando comunidades mapuches se declaran en rebeldía y anuncian -como lo señaló el padre de Camilo Catrillanca después de un encuentro de 100 machis y loncos- la continuación de sus acciones gravitan hasta lograr la salida del Comando Jungla de la zona y las renuncias del ministro Andrés Chadwick y del Director General de Carabineros, Hermes Soto.

Si a la seguidilla de errores cometidos por Carabineros y el Gobierno en el lamentable hecho, se suma lo ocurrido con el Ejército luego de filtrarse una intervención de su Comandante en Jefe, General Ricardo Martínez, ante cientos de oficiales en la Escuela Militar, entonces el escenario en que se está moviendo la administración Piñera es francamente pantanoso.

Es que en esa oportunidad el jefe castrense no sólo reconocía una venta ilegal de armas al crimen organizado, transparentando niveles de corrupción nunca conocidos, sino, además, deslizaba algo que pareció una amenaza velada al señalar que había que cuidar “con dientes y muelas” las pensiones que recibe esa arma de la defensa nacional.

Suma y sigue en el Ejército

Fue un audio filtrado al semanario The Clinic el que incendió la pradera. “Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando”. Otro de los temas fue el del criticado sistema de pensiones del Ejército: “uno tiene que ser estratega. El bien a cautelar son las pensiones. Son algo que hay que cuidar con dientes y muelas; si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo”.

De nuevo estallaron las redes sociales. Curiosamente, muchos de los activos participantes en ellas de inmediato culparon a una supuesta “infiltración de los zurdos”, olvidando exprofeso el papel que jugó el Comandante en Jefe en la remoción del director de la Escuela Militar luego del muy planificado homenaje al reo por delitos de lesa humanidad, Miguel Krassnoff. Y olvidando también los resquemores que dejó el cambio sin precedentes en la plana mayor del Ejército, que incluyó la salida de 21 generales luego que el ministro de Defensa, Alberto Espina, informara el «análisis exhaustivo» de la oficialidad, con el fin de evitar nombramientos de efectivos que pudieran estar involucrados en el mal uso de los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

A poco andar, los odios se centraron en un capitán de Ejército, abogado, tal vez el único que ha realizado cursos sobre derechos humanos en esa arma, a quien lo tildan de traidor. Se trata del capitán Rafael Harvey Valdés, de 38 años, quien acusó un trato discriminatorio poniendo trabas a su ascenso, por hacer cumplir el artículo 131 del Código de Justicia Militar. El 25 de octubre interpuso un recurso de protección en contra de la Junta de Apelaciones de Oficiales del Ejército de Chile y el General de Brigada Germán Daniel Marx González, comandante de Personal. En el documento presentado se indica que habría un actuar ilegal y arbitrario en dicha instancia de evaluación, por cuanto se ha favorecido a algunos funcionarios, a pesar de que existen investigaciones en su contra, en desmedro de quienes denuncian. Señala, además, que el propio Marx González “estando en pleno conocimiento que dos oficiales y un clase estaban procesados por fraude al Fisco, favoreció la promoción y ascenso de estos al grado superior, en un acto contra la ley”.

Se conoció, además, la investigación por irregularidades al interior del Ejército, liderada por la ministra en visita Rommy Rutherford, a raíz de más de 1.500 viajes realizados por integrantes de la institución que pueden haber tenido características irregulares. Según publicó «La Tercera», luego del procesamiento de los dos primeros oficiales involucrados en este caso, los coroneles (r) Sergio Vásquez y Rodolfo Hidalgo, la defensa de uno de ellos entregó antecedentes en los que se explicaba que la compra de pasajes a cargo de la institución y su posterior cambio para vacaciones o reembolso, era «una práctica habitual».

El periodista Mauricio Weibel, que ha investigado profundamente este y otros casos, cuenta que “esto parte cuando se detecta que varios cientos de facturas -que no tenían el timbre del SII- son pagadas por el Ejército, pese a que eran facturas materialmente falsas”. “Se pagaron cientos de esas facturas”, explicó el profesional.

La ministra Rutherford “se da cuenta que efectivamente un oficial viajaba, por ejemplo, a Uruguay, que es un pasaje que cuesta 500 dólares, y la factura era por 29 mil dólares. Y se le ponía en la glosa ‘sobre equipaje’, y el dinero era enviado a la cuenta corriente del oficial que figuraba”.

Según la ministra, el que estaba como segundo al mando del Ejército habría hecho mal uso de pasajes al extranjero, ítem por el cual habría recibido 44 millones de pesos por concepto de devoluciones. La cifra malversada se habría producido tras cinco viajes entre 2009 y 2014. Se emitió, entonces, un auto de procesamiento contra el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, John Griffiths, quien decidió renunciar a su cargo tras las acusaciones por un eventual fraude al Fisco.

La preocupante encuesta

Para agregar más desazón en el Gobierno, apareció la que ahora se ha transformado en portadora de malas nuevas: la semanal encuesta Cadem que nadie podría acusar de “vendida a los comunistas” como algunos en la derecha suelen calificar a quienes critican la administración del presidente Piñera. De acuerdo al sondeo, el Mandatario retrocedió tres puntos llegando a un 38% de aprobación ciudadana, la tasa más baja anotada hasta ahora. Su desaprobación, en tanto, aumentó cuatro puntos hasta un 48%, el nivel más alto de su segundo mandato.

Obviamente, la aprobación ciudadana al trabajo de Carabineros, cayó 28 puntos tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca .La opinión favorable de la gente pasó desde un 67% en octubre a un mínimo histórico de 39%. La desaprobación se alzó a un 55%.

El asesinato del comunero mapuche sin duda impactó en los niveles de aprobación y desaprobación de la gestión del Presidente Sebastián Piñera y de los principales ministros y autoridades que han estado vinculadas al denominado conflicto mapuche.  “Hace mucho tiempo que no había una noticia que acaparara tanta atención de los medios y de las personas, y hoy el tema mapuche se ha transformado en la primera razón del nivel de desaprobación del Presidente Piñera”, afirmó Roberto Izikson, gerente de asuntos públicos y estudios de Cadem.

Respecto del gabinete, la aprobación ciudadana pasó de 40% la última semana de octubre a un 33%. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, figura con una caída de trece puntos: de un 58% en octubre a un actual 45%. Similar a la registrada por su subsecretario, Rodrigo Ubilla, quien retrocedió desde un 62% a un 52%.

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno y el de Justicia, Hernán Larraín no registraron cambios significativos. Según la encuesta, la aprobación de Moreno solo retrocedió un punto para quedar en 60%, mientras que Larraín avanzó desde un 44% a un 45%. Ambos con posiciones distintas a Chadwick en la manera de enfrentar el conflicto.

Un 69% de los entrevistados estima que el conflicto mapuche ha ido en aumento en los últimos tres años y, dentro de este grupo, un 44% responsabiliza directamente al gobierno de esa situación. Y  un 63% cree que las fuerzas especiales de Carabineros desplegadas en la zona no se justifican.

Un 60% manifiesta creer que “es poco o nada probable” que el gobierno logre implementar su Plan Araucanía. Y un 79% cree que la solución al conflicto mapuche pasa por una “vía política de diálogo”, frente a un 13% que dice que la respuesta debe encontrarse en la vía judicial-policial.

Según Izikson, “hay un discurso centrado en la seguridad que fue castigado”, y afirma que la gran mayoría de personas que rechaza la presencia de las fuerzas especiales de seguridad en la zona, señala que se debe buscar una solución al conflicto a través del diálogo político.

Cree que el episodio vino a profundizar un clima de frustración de expectativas respecto de los dos ejes, que fueron puntales de la campaña electoral de Piñera: la mejoría en la economía y la necesidad de orden. “Estas dos expectativas se han frustrado, los tiempos mejores no han llegado y hay un problema de orden”, comenta. Y recuerda que “a estas alturas del año, en 2014, para el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el nivel de desaprobación superaba ya de forma definitiva al de aprobación. Y eso es algo que, sin duda, también le podría pasar a Sebastián Piñera, salvo que logre reencauzar la agenda”.

¿Y la oposición?

Tal vez hasta ahora lo único que el Ejecutivo podría anotarse a su favor serían supuestas negociaciones con la Democracia Cristiana para construir un pacto económico-social, como lo adelanta “El Mercurio” este fin de semana. Los primeros pasos ya están dados. Baste recordar cuando en octubre, el ministro Gonzalo Blumel recibió en su oficina a la senadora Carolina Goic quien solicitó el patrocinio del gobierno para  su ansiada ley del cáncer, cosa que consiguió. Está la participación de democratacristianos en las mesas de diálogo impulsadas por el gobierno: en infancia,  el exsenador Patricio Walker; en Salud, la propia Carolina Goic; en Desarrollo Económico, el ex ministro Alejandro Foxley y en Seguridad, el ex ministro Jorge Burgos.

Abrazos y besos se detuvieron por un pequeño lapso, cuando el doctor Luis Castillo fue nombrado subsecretario de Redes Asistenciales. Se trata de un personaje acusado por la familia del ex Presidente Eduardo Frei Montalva de tener participación en el asesinato del líder DC, un crimen por el cual aún se busca justicia.  Al menos su familia y la inclaudicable Carmen Frei.

Y como amor con amor se paga, la colectividad ha hecho gestos hacia el gobierno que en ocasiones, ha hecho suspirar de alivio a quienes gestionan las leyes enviadas por el Ejecutivo. Allí están el respaldo al proyecto de Aula Segura; la aprobación de recursos para los centros colaboradores del Sename; también a diversas partidas de la Ley de Presupuestos. Estos gestos se habrían consolidado cuando, sorprendiendo a sus antiguos socios de la Concertación y de la Nueva Mayoría, la DC anunció una acusación constitucional contra el Intendente Mayol por su responsabilidad política en lo ocurrido en Temucuicui. Ahí se selló la suerte del Intendente. Algunos medios afirman  que a cambio, existiría un  compromiso por parte de la colectividad de no apoyar ninguna iniciativa contra el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, como intentaban lograr sectores de la oposición, entre ellos el PS y el PPD. Según “El Mercurio”, los actos de este partido  se inscriben en su ansiedad por “volver a perfilarse como un partido de centro, cumpliendo un rol de «oposición constructiva» y tomando distancia de sectores más de izquierda, como el Frente Amplio o el Partido Comunista”.

Así las cosas, sin  duda lograron una salida “honrosa” para la ex autoridad regional, que probablemente disfrutará del apoyo del Ejecutivo para postularse a gobernador regional -que tendrán mucho más poder que los actuales intendentes-  en las primeras elecciones de octubre del 2020. Si se hubiese continuado con la acusación constitucional, la que probablemente habría sido aprobada,  Mayol no habría podido tener ningún cargo público durante cinco años. Es lo que la derecha le hizo a la actual senadora DC Yasna Provoste cuando era Ministra de Educación.

Habrá que esperar ahora la interpelación al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, en Ercilla, aprobada  con 61 votos a favor en la Cámara de Diputados por todos los partidos de la oposición, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana.

El Jefe de Bancada PS, Manuel Monsalve, explicó que la interpelación «busca que el gobierno evalué sus políticas y retire el Comando Jungla de la Araucanía. Nosotros creemos que esta es una oportunidad para que el Gobierno explique sobre su actuar en distintas materias”. “Esta interpelación que va realizar la diputada Mapuche-Huilliche Emilia Nuyado, es un hecho histórico, porque será la primera vez que una parlamentaria levante la voz, no solo por este caso, sino que va tener la oportunidad de expresar las reivindicaciones de un pueblo que ha sido siempre discriminado y perseguido”, dijo Monsalve.

El legislador PS agregó que “vamos a exigir que se aclaren todos los hechos que rodearon el asesinato de Camilo Catrillanca. Queremos saber de quien fue la decisión política de la presencia del Comando Jungla. También que nos expliquen sobre la participación de las autoridades políticas durante este caso”.

El Presidente Piñera, en tanto, visitó la zona para ungir al nuevo intendente, Jorge Atton y aunque orientó sobre los cuatro pilares con el que el Gobierno va a trabajar en la región (recuperar el diálogo, los acuerdos y las confianzas; promover el desarrollo económico y social de la región: más empleos, hospitales, escuelas, caminos y oportunidades; reconocer y valorar la identidad, la cultura, el idioma, las tradiciones y la cosmovisión de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche; y  restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y el estado de derecho), debió hacer frente a la interrogante sobre el Comando Jungla.

Negó su existencia. y de inmediato aparecieron por todos lados documentos oficiales que daban cuenta de esta creación en su gobierno. No como han intentado imponer en la derecha, la ya gastada ley del empate, señalando que dicho comando fue creado durante el gobierno de Michelle Bachelet. Situación desmentida a estas alturas con pruebas sólidas e indesmentibles.

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