Directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones Duoc UC
Chile lleva casi dos décadas sin avances relevantes en productividad: el producto generado por hora trabajada apenas alcanza la mitad del promedio de la OCDE. La inteligencia artificial es la herramienta más potente disponible para revertir ese estancamiento, pero solo un 5% de las empresas la ha integrado a sus operaciones. Paradójicamente, Chile lidera la región en preparación digital y cae al puesto 12 de 19 países en adopción real: tenemos la infraestructura, pero no la estamos usando.
Esta brecha no se cerrará si sumamos más trabas a un ecosistema digital que ya sufre una grave sobrecarga normativa. Con la reciente superposición de leyes de Delitos Informáticos, Ciberseguridad y la nueva Ley de Protección de Datos, las empresas nacionales ya deben destinar hasta el 19% de su presupuesto tecnológico únicamente a cumplir regulaciones.
Por ello, el proyecto de ley de IA que hoy tramita el Senado debe avanzar hacia una regulación moderna, proporcional y basada en evidencia. Más que incorporar nuevas obligaciones sin considerar el marco existente, Chile debe evaluar cómo articular adecuadamente la futura regulación con las normas que ya protegen derechos fundamentales, datos personales, consumidores y la seguridad digital.
Regular sin fortalecer la productividad sería un error tan grave como legislar apresuradamente. Necesitamos sandboxes regulatorios para probar soluciones, pero sobre todo requerimos espacios de diálogo técnico amplio que escuchen a todos los actores del ecosistema. El Congreso debe resistir la tentación de aprobar una ley este semestre bajo plazos restrictivos. Chile necesita una regulación moderna, equilibrada y basada en evidencia, no una ley apurada que termine por frenar nuestro desarrollo digital.
