Economista, Instituto Igualdad
Estamos observando con preocupación que se han ido acumulando un conjunto importantes de proyectos de ley que ponen en disputa a la derecha y la centroizquierda respecto de qué corresponde hacer en economía para resolver los problemas que vive el país en lo que esta disciplina puede responder. Está presente la teoría neoliberal que promueve un modelo con énfasis en el rol mercado y un estado subsidiario frente a una teoría progresista que impulsa un modelo de un estado emprendedor con regulación del mercado.
La discusión se abre al tratar de definir cuál es el ámbito de la economía desde un punto de vista científico y empírico. El punto central de la controversia es hasta dónde el estado es un componente sistémico clave en la economía de un país. Como también hasta dónde el mercado puede responder por sí solo a las necesidades económicas de los agentes y entidades que conforman la sociedad sin la concurrencia del estado.
Tratando de acotar la controversia anterior, cabe preguntarse, puede un gobierno responder por el 100% de la responsabilidad de lo que ocurre en la economía cuando el estado solo dispone de algo más de un 20% del PIB y el sector privado representa el 80% de la actividad económica que se resuelve en el mercado. Es más, si el gasto permanente del estado lo absorbe la seguridad interna y externa, la estructura de los poderes del estado, los bienes y los servicios públicos, entre lo más importante, será posible exigirle al estado a través del gobierno de turno que responda por todo lo que implica la economía, es decir, la inversión, el empleo, el crecimiento, los salarios, la inflación, desde un punto de vista macroeconómico cuando el sector privado administra el grueso de los recursos para producir bienes y servicios en este país.
Las políticas públicas están sometidas a leyes que deben aprobarse en el Congreso, el gobierno no puede administrar el estado por decreto, el sistema institucional democrático vigente le obliga al gobierno a respetar la constitución y las leyes. Luego, como ha ocurrido en ocasiones, si un gobierno es elegido y dispone de una mayoría en el Congreso podría impulsar determinadas leyes para favorecer ciertos cambios. Asimismo, es posible que gobierno y oposición negocien iniciativas y leyes que logren su aprobación en el Congreso. Lamentablemente, la democracia de los acuerdos no está en sus mejores momentos y simplemente el país se ve obligado a pasar de un gobierno a otro sin que ni uno ni otro pueda cumplir su programa y con ello se ven postergados importantes cambios que demanda la mayoría ciudadana.
Lo público parece estar expuesto a grados crecientes de degradación, especialmente, en el discurso de la derecha que ve al estado un ente esquilmante de recursos de los privados y un mal administrador de los bienes y recursos que le son asignados. Se trata de un enfoque que entra directamente en contradicción con la mirada de la centroizquierda, lo que transforma toda la discusión en un diálogo de sordos.
Es más, es en esta disputa donde se pretende establecer lo que tiene que ver con la economía y lo que tiene que ver con la política. Incluso se habla de lo técnico y de lo político como cuestiones que difícilmente conversan. Así, para quienes postulan el modelo neoliberal en economía, supuestamente un referente técnico por excelencia, el estado y las políticas públicas deben atenerse a las reglas de la economía que, no obstante, según la ideología implícita en ese modelo, el estado debe minimizar su participación en la economía y darle al mercado toda la independencia posible para lograr la eficiencia en la producción y distribución de la riqueza. Toda intervención estatal en la economía perturba y desalienta la acción de los agentes naturales del mercado, en consecuencia, el estado no puede ser sino un ente subsidiario que puede intervenir solo en aquello que no es interés del sector privado.
Este contrapunto ha llevado a algunos economistas y científicos sociales a hablar de postular una nueva economía o de incorporar otras disciplinas al análisis que puedan responder mejor a la cuestión económica, dado el punto muerto que ha creado la disputa si es estado es parte inseparable de la creación y distribución de la riqueza y un agente relevante en la redistribución de los ingresos del país que permitan una mayor equidad y justicia social.
De pronto da la sensación de estar en una isla, donde no existen otras realidades ni otras experiencias exitosas que han logrado precisamente que muchos países con una importante intervención del estado – como el caso de los países nórdicos – hayan logrado no solo instalar un estado de bienestar que les ha brindado paz social sino también capacidades para crecer y ser países desarrollados con los más altos ingresos per cápita.
Es la política lo que hoy tiene congelado el progreso y desarrollo económico al estar atrapada en modelos económicos que no conversan con la realidad y que ignoran la experiencia de otros países. Ha sido el modelo económico vigente el que ha producido desigualdad, exclusión y un estado latente de pobreza e inseguridad ciudadana. Han transcurrido largos períodos en que gobiernos progresistas no han logrado el apoyo del Congreso en la implementación de sus programas de cambios estructurales que intentan revertir los procesos que llevan a las consecuencias mencionadas. El argumento que predomina es que las propuestas progresistas no son técnicas sino políticas, es decir, carecen de valor ni son eficientes porque ponen al estado como un agente activo, especialmente, en la redistribución de la riqueza por la vía tributaria y del gasto público, como en la intervención directa en las inversiones destinadas a un desarrollo integral, inclusivo y sostenible.
La economía es un área de la gobernanza de un país que debe saber convivir con la política y en los modelos económicos se debe incluir al estado como agente activo y representativo de los derechos de todos los integrantes de la sociedad. Así lo muestra la mayoría de los países que hoy están en el primer lugar de las naciones más desarrolladas y con los más altos niveles de calidad de vida de sus habitantes.
