Hernán García Moresco profesor de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Magister© Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano
La democracia local-regional (en un marco nacional), logra (o debiera lograr) ser entendida como el régimen político que permite a vecina/os con sus familias alcanzar las mejores calidades de vida, vía un gobierno electo transparentemente, con reglas que otorguen una relación genuina de la representación política y social respecto de las esperanzas y proyectos que los motivan. Ello, asumido como un activo diverso y dinámico traducido en sus propuestas de desarrollo y demandas que van desde la necesidad de extracción de las basuras domiciliarias, hasta los mayores grados de seguridad pública, pasando por los espacios verdes encarnados en plazas, parques u otros, funcionales al esparcimiento o cultivo de la vida familiar, entre otros varios más.
Sabemos que el sistema democrático local-regional tiene una serie de dispositivos legales que lo explican y dinamizan, entre ellos: la ley 18.695 que regula a las municipalidades, la ley 19.175 que regula los gobiernos regionales; la ley 18.700 que regula las elecciones; la ley 19.884 referida a transparencia, límite y control de gasto electoral, la ley 21.238 que regula el número de reelecciones de los representantes, la ley 21.524 que restituyó el voto obligatorio, entre otras. También, por supuesto la ley de partidos político N° 18.603, que junto con los anteriores fundamentan y regulan el quehacer socio-político en los territorios y entre los actores del mismo.
Además, nuestro régimen democrático nacional, regional y local está signado por el presidencialismo, unitarismo-centralismo y un sistema de partidos fragmentado, que como indicaría G Sartori, estaría en condición de atomizado, que, en un marco de polarización, permite un dinamismo partidario nutritivo para la emergencia de populismos dentro y fuera del sistema de partidos.
Así, los partidos políticos para avanzar en sus eficiencias de electividad y acumulación de votos (fuerza político electoral) tienen que concurrir a coaliciones y acuerdos electorales para enfrentar una y otra elección, haciendo que los espacios electorales se transformen en un bien escasísimo, esto es, lograr institucionalmente la formalización de candidaturas a los concejos comunales, regionales, alcaldía, gobernación regional, congreso y presidencia, convirtiéndose en una competencia de no tan fácil resolución (se observan varios movimientos para enfrentar de la mejor forma posible el primer momento electoral local-regional, antesala de las elecciones nacionales).
Nos guiamos en el análisis y la opinión desde la perspectiva de los partidos políticos, en el entendido que las variables de confianza no son el fuerte a la base que la sociedad atribuye a estos, pero que son la vigente expresión de dinamismo y de conciencia social para recuperar la confianza de la sociedad. Hay que consignar que las experiencias con independientes y movimientos sociales, no logró decantar su propósito y terminó siendo referente de caricaturas y eslogan que no lograron convencer a la ciudadanía el 4 de septiembre del 2022, dinamitando un cambio constitucional y su propia inicial expresión. Ello, sin perjuicio de las más de 100 alcaldías que se encuentran en condición de independientes, que a la postre, igualmente terminan decantando en el ninguneado eje Izquierda – derecha del sistema político vigente.
Así la política contingente, en un marco de coalición o acuerdo electoral en un modelo político electoral ultra competitivo, instala la regla del que busca ‘dar continuidad’ permitiendo “mantener” a un/a incumbente (en lo local-regional por estos días). Inicialmente podríamos expresar que es una razonable regla, que de algún modo se matizó con la ley que impidió las (re) elecciones permanentes en un mismo cargo, por más de tres periodos.
Ahora bien, “mantiene”, es una tentación para el/la representante en funciones (incumbente) que habita el cargo en un 1er o 2º periodo de gestión, pues el partido que lo sostiene, en teoría, sentirá que promueve una re-elegibilidad asegurada, con todo lo que ello involucra en reconocimiento a la gestión, transparencia y a lo menos, al cumplimiento de promesas realizadas. Es decir, el partido se hace cargo de lo bueno y de lo malo. La pregunta es ¿hasta dónde se puede estirar esta norma política para mantener la ‘misa en paz’ como se indica popularmente en las coaliciones partidarias o arreglos electorales?
Desde esa pregunta cabría instalar un(os) criterio(s), que vaya(n) más allá del ejercicio práctico de la política para NO morigerar la importancia de la calidad de la gestión pública en la función de gobierno en lo local o regional por parte de vecina/os (en sus subjetivas valoraciones). Sumado a ello, ver que junto con la figura del/la incumbente que encarna liderazgo, trayectoria y experiencia y que busca representar a la comunidad, quede claramente explicitado el sector, partido o movimiento, al que dice adscribir, permitiendo mostrar sin ataduras en qué funda sus valores y principios. Y, además, conocer las propuestas que este/a representante social que adscribe a idearios, compromete a materializar en el ejercicio de sus funciones delegadas por la comunidad.
Entonces desde la perspectiva ideológica – doctrinaria – política, devenida en la concreción del criterio funcional de mantener al incumbente por el solo hecho de estar en el lugar al momento de la decisión, sin mediar la valoración de la gestión, al grado de liderazgo al que ha llegado en el territorio, su capacidad de concreción de ideas, y la incorporación del ethos partidario en la cultura política territorial-organizacional, tergiversaría la noción de mantener lo bueno y modificar lo que se debe rectificar.
Por ende, “mantener” podría implicar restarse a la posibilidad de mejorar las calidades de vida de una comunidad local-regional, si es que los criterios antes dichos, no se cumpliesen razonablemente, contraviniendo, además, la naturaleza del progresismo que encuentra en el cambio y no en el “mantener o perpetuarse” en un cargo, parte de su ethos organizacional y existencial. Correspondería a los partidos progresistas promotores del cambio y de los proyectos políticos de desarrollo local-regional transformadores positivos de las calidades de vidas, contener de paso el individualismo u oportunismo, signado por un esquema neoliberalizante, que explicaría en parte, un “mantener” indolente, ante la evidencia de su aplicación.
En esto que se comenta, importa hacer carne adecuadamente la idea de territorio o espacio geográfico con valores e ideas. No sólo para quien quiere mantener merecidamente como resultado de un trabajo político y social; sino que para quien quiere desafiar desde sus propias filas (o más allá inclusive), pues bajo esta mirada se fortalece la democracia no sólo representativa, sino que también participativa.
Así, la norma del “que tiene, mantiene”, inscrita al interior de la institucionalidad (criticada en un periodo y valorada en otro), debiese acompañarse de más criterios, entre ellos: probidad y transparencia en la gestión, equidad de género y cuidado del medio ambiente, planificación y ordenamiento territorial (y otros) que decantan en necesidades presentes, sumando una autocrítica, más que la continuidad por si misma, que permitan sustentar que tiene lo suficiente, para mantenerse.
