Economista, Instituto Igualdad
La Reforma Tributaria fue rechazada en el parlamento. Políticamente, ni siquiera tuvo apoyo para ser discutida. Fue una poderosa señal de los partidos que se han alineado con la élite económica.
El gobierno acudió a la sociedad civil y el diálogo con los gremios empresariales confirmó que no existe voluntad para aprobar una Reforma Tributaria. Para justificar y morigerar esta respuesta sus dirigentes recurrieron al expediente de revisar el destino y eficacia del gasto fiscal y para rematar en acusar de que el gobierno no tiene una propuesta de crecimiento para la economía, según ellos, principal fuente de obtención de recursos para el fisco.
La derecha se siente empoderada desde el rechazo a la propuesta de la convención constitucional. Ha sacado partido de ello y ha logrado penetrar en la gobernanza del país imponiendo su propia agenda. La elite logró una vez más concitar apoyo político a su objetivo empresarial más preciado, la defensa de su renta, de su patrimonio, sin conexión alguna con las necesidades socioeconómicas más profundas que reclama la sociedad, especialmente en los sectores de menores ingresos y mayor pobreza.
Es más que codicia, es más que indolencia, es una enfermiza y cruel visión del mundo, de la vida, de la gente, del futuro del país en la que la élite sólo ve sus mezquinos intereses de clase y su inescrupulosa hambre de concentrar riqueza.
Desde el mundo académico, desde organismos internacionales, desde las miradas mejor informadas y ecuánimes se ha dicho, Chile es un país desigual, con una gran concentración de la riqueza, con altas tasas de evasión, elusión y exenciones tributarias que favorecen a los grupos de más altas rentas.
La corrupción ha ido progresivamente apropiándose de márgenes extraordinarios con millonarias ganancias a través de colusiones empresariales oligopólicas que han roto las reglas de la libre competencia en mercados de bienes de primera necesidad. Y recientemente, el hallazgo que el propio BC ha hecho al explicar que buena parte de la inflación es el resultado de añadir márgenes extraordinarios en los precios de bienes servicios que nada tienen que ver con incrementos de costos.
Para blindarse aún más a la élite empresarial quiere desconocer la constitucionalidad de una ley aprobada por mayoría en el Congreso que endurece las sanciones para delitos económicos y contra el medio ambiente, castigando la colusión, el uso de información privilegiada y la corrupción. El debate se inició en enero de 2020 y es una importantísima reforma al Código Penal de 1874 que permite enfrentar daños sociales incluso de mayores consecuencias que los vinculados a la delincuencia común.
Curiosamente, el argumento de la élite de la falta de preocupación o énfasis del gobierno por el crecimiento económico ignora por completo el rol del BC en su política antiinflacionaria. Ignora que para el BC la manera de enfrentar la inflación es frenar el crecimiento de la economía y que su herramienta fundamental la TPM es la que bloquea o inhibe el acceso al crédito y por ende el estímulo al crecimiento. Asimismo, la política fiscal ha sido más que cuidadosa en no contribuir a la expansión de la inflación moderando el gasto fiscal, planteando con énfasis que requiere de ingresos permanentes para el gasto permanente que demanda el país.
El Gobierno queda restringido a un estrecho manejo de la política fiscal frente a una política monetaria a cargo del Banco Central, cuyo objetivo se concentra fundamentalmente en la inflación, quedando el empleo y el crecimiento en un área donde ni el Banco Central ni el Gobierno tienen capacidad de influir dado el importante 80% del sector privado en la economía y dada la limitada recaudación tributaria del fisco.
Las rentas del capital, sea por una baja tasa impositiva, a la comprobada evasión y elusión que supera el 7% del PIB, como a las múltiples exenciones del sistema tributario, ha conducido a una alta concentración de la riqueza y a una mala distribución del ingreso reflejada en el peor índice de Gini en la OCDE.
Lo que queda demostrado en nuestro país es que la élite empresarial ha logrado penetrar el sistema político, generar reglas inamovibles en la gobernanza y mantener la administración del modelo neoliberal en todos los gobiernos democráticos desde el término de la dictadura militar que lo dejó instalado.
La corrupción se ha convertido en una aliada de la ambición y de la codicia en nuestra sociedad. La cultura del negocio fácil, del enriquecimiento fraudulento, de la renta por sobre lo industrial, la élite por sobre la comunidad, todo eso hace posible que algunos vean los cambios del sistema penal, tributario y de pensiones como una amenaza y no como una oportunidad de construir un mejor país. No se vislumbra un mejor futuro ni paz social para Chile sin una pronta corrección de las desigualdades en nuestra sociedad y en un Estado digno de respeto por su irremplazable rol en un desarrollo justo, sostenible y con equidad.
