Para trascender la habitual contienda sobre la magnitud numérica de la expansión del gasto público, es preciso dirigir la mirada hacia el engranaje metodológico que sostiene el proyecto de Presupuesto 2027. El riesgo estructural no reside en la cuantía de la contención fiscal, sino en la operación de una arquitectura institucional que, al articular metas cuantitativas vinculantes con la creciente incidencia de los indicadores de desempeño, despliega una precisión quirúrgica para identificar y validar el ahorro presupuestario directo, pero padece de una profunda ceguera para registrar la necesidad social residual que queda desatendida, los costos operativos que se desplazan hacia los municipios y los hogares, y el stock de capacidades públicas que se erosiona en el proceso. Es precisamente en esta asimetría de medición donde la disciplina contable corre el riesgo de transformarse en una ilusión de eficiencia.
Cada año, la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público concentra la atención del país en una disputa casi aritmética: qué ministerio gana, qué partida pierde y cuál es el porcentaje exacto de expansión del gasto. Para el año 2027, el debate público se ha anclado en una cifra macroeconómica que el Ministerio de Hacienda ha defendido con celo: un crecimiento del gasto de apenas un 1,5% y la meta ineludible de alcanzar un déficit estructural del 1,8% del PIB.
Sin embargo, centrar la discusión exclusivamente en los montos totales es caer en un reduccionismo que nos impide ver el verdadero problema estructural de este erario. El principal riesgo del Presupuesto 2027 no se encuentra en la reducción de un programa específico, ni en el recorte de una glosa en particular, sino en la secuencia metodológica mediante la cual se construyó la asignación de los recursos.
A la luz de los antecedentes del Mensaje Presidencial y del articulado de la ley, estamos frente a un escenario donde la restricción fiscal, definida ex ante, ha provocado una peligrosa mutación en los instrumentos de gestión del Estado. Instrumentos concebidos originalmente para diagnosticar problemas de diseño o mejorar la ejecución de las políticas públicas, han terminado funcionando como guillotinas de selección presupuestaria. Todo esto ocurre sin que exista una evaluación paralela y sistemática sobre cuatro elementos fundamentales: la necesidad social residual que queda desatendida, el stock de capacidades públicas que se destruye, el instrumento que sustituirá la intervención eliminada, y el actor que, en definitiva, deberá absorber el costo de esta retirada estatal.
Para un país que busca consolidar un modelo de desarrollo equitativo, esta «ilusión de eficiencia contable» es una bomba de tiempo. A continuación, desmenuzamos las capas de este sesgo metodológico para comprender por qué el Presupuesto 2027 podría estar generando ahorros en la planilla Excel de hoy, a costa de hipotecar la capacidad del Estado del mañana.
La tijera contable por delante del diseño social
La ortodoxia de las finanzas públicas dicta que la política fiscal debe estar al servicio de la política pública. Es decir, el Estado identifica una necesidad social, diseña una intervención para resolverla y, finalmente, le asigna el financiamiento óptimo dentro de las posibilidades macroeconómicas. En la formulación del Presupuesto 2027, esta lógica se ha invertido brutalmente.
Cuando la meta de la Dirección de Presupuestos (Dipres) es cuadrar la caja a un margen tan estrecho como un 1,5% de expansión, el proceso sufre un giro: ya no es el presupuesto el que financia la política social, sino que la política social es la que debe amputarse obligatoriamente para encajar en la tijera contable predefinida. Las necesidades de la ciudadanía, que son múltiples, dinámicas y complejas, quedan subordinadas a una restricción fiscal ex ante.
El problema no es la disciplina fiscal —la cual es innegablemente necesaria para la estabilidad de un país—, sino la metodología ciega con la que se aplica. En este esquema de reduccionismo fiscal, el Estado deja de preguntarse «¿qué problema necesitamos resolver?» y pasa a preguntarse «¿qué programa podemos recortar rápido para cumplir la meta?».
La mutación del Sistema de Monitoreo y Evaluación
Aquí es donde entra en juego el Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E). Históricamente, herramientas como la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) o las evaluaciones ex ante de la Subsecretaría de Evaluación Social han sido pilares valiosos para auditar el diseño, la implementación y los resultados de las iniciativas estatales. Su función original es actuar como un termómetro que indica dónde hay fiebre operacional para aplicar un tratamiento de mejora continua.
No obstante, bajo el estrés de la fuerte restricción presupuestaria de 2027, este termómetro se ha transformado en un bisturí. Si un programa muestra hallazgos de monitoreo de alcance limitado —por ejemplo, si no logró ejecutar el 100% de su presupuesto en el año calendario, o si la matriz de indicadores de corto plazo no arrojó los números esperados—, el sistema lo califica de «ineficiente» y recomienda su reducción, fusión o cierre.
Evaluar la política social basándose primordialmente en indicadores de gestión anual es un despropósito temporal. Una intervención estatal para la prevención del consumo de drogas (como los programas de SENDA), la retención escolar en zonas vulnerables, o el apoyo técnico a la pesca artesanal (como los fondos de INDESPA sujetos a concursabilidad), rara vez madura en doce meses. Al exigirles rentabilidad social de corto plazo, el sistema castiga la complejidad y premia los programas que simplemente se dedican a transferir bonos o entregar bienes físicos fáciles de contabilizar. Así, la evaluación deja de medir el «impacto real en la vida de las personas» y pasa a medir la «habilidad administrativa para llenar el formulario de la Dipres».
Ceguera ante la necesidad social residual
El punto ciego más dramático de esta metodología es la omisión de lo que en políticas públicas denominamos «necesidad social residual». Cuando Hacienda decide discontinuar un programa bajo el argumento de que su evaluación anual fue deficiente, comete un error lógico monumental: asume que la ineficacia del instrumento hace desaparecer el problema que intentaba resolver.
Pensemos, por ejemplo, en la suspensión transitoria del traspaso de colegios a cinco Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) consignada en el Artículo 40 del proyecto, o en las reducciones de los programas de excelencia y fortalecimiento escolar como los Liceos Bicentenario. Si se recorta un programa de acompañamiento pedagógico porque su ejecución financiera fue lenta, los estudiantes con rezago lector o problemas de salud mental no desaparecen de las aulas. La necesidad residual sigue intacta.
Al retirar la intervención sin haber diseñado ni financiado un «instrumento sustituto», el Estado crea un vacío. La ilusión de eficiencia nos dice que el erario fiscal ahorró dinero. La realidad territorial nos demuestra que esa necesidad desatendida se agravará, mutando en problemas más complejos —como la deserción escolar o el aumento de la delincuencia juvenil— que terminarán costándole al país cifras infinitamente mayores en el mediano plazo.
El desplazamiento del costo: La privatización indirecta
Una de las interrogantes más severas que deja este Presupuesto 2027 es: cuando el Gobierno Central se retira de una intervención para cuadrar su déficit estructural, ¿quién absorbe el costo? El ahorro del fisco rara vez es un ahorro real para el país; en la mayoría de los casos, es simplemente una transferencia de la carga.
Esta transferencia se dirige hacia dos grandes víctimas. En primer lugar, los municipios. Al recortarse programas centralizados de apoyo psicosocial, infraestructura comunitaria o fomento productivo, son los alcaldes quienes deben enfrentar la presión de vecinos que exigen respuestas. Las municipalidades, muchas de ellas con presupuestos estructuralmente desfinanciados, se ven forzadas a desviar sus ingresos propios ordinarios para tapar los hoyos que deja el Estado central.
En segundo lugar, y de manera aún más preocupante, el costo es absorbido por las propias familias. Cuando el Estado abandona programas de apoyo en salud, educación o fomento, los ciudadanos deben recurrir al gasto de bolsillo. Aquellos con capacidad de endeudamiento financiarán la solución en el sector privado; aquellos sin recursos quedarán en el desamparo. Por lo tanto, el reduccionismo fiscal que no mide el impacto de su retirada opera como una máquina de regresividad social, aumentando la desigualdad estructural bajo el pretexto de la responsabilidad contable.
La atrición institucional: Destruyendo los motores del Estado
Más allá del retiro de programas, el Presupuesto 2027 consagra mecanismos normativos que destruyen silenciosamente el capital institucional del Estado. La creación de capacidades públicas —formar equipos técnicos de excelencia, construir lazos de confianza territorial con las comunidades, diseñar procesos eficientes— toma años, o incluso décadas.
Sin embargo, el proyecto introduce reglas que tratan al personal y la operatividad como simple «grasa» a recortar. El caso más evidente es el Artículo 10, que establece la regla de reposición de 1×3: por cada tres funcionarios que se retiren o jubilen, los servicios públicos solo podrán contratar a uno nuevo. Esta norma cuantitativa y ciega no hace ninguna distinción entre un ministerio administrativo y un servicio fiscalizador crítico.
¿Qué sucede cuando el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas o la Dirección de Educación Pública pierden sistemáticamente a sus equipos con más experiencia y no pueden reemplazarlos? Pierden capacidad de fiscalización, de diseño y de control. Lo mismo ocurre con las severas limitaciones a los viáticos estipuladas en el Artículo 22, que reducen al mínimo la posibilidad de que los funcionarios salgan a terreno. Un Estado que no puede moverse es un Estado de escritorio, ciego a la realidad de las regiones y comunas.
Esta destrucción de capacidades es invisible para el sistema de evaluación anual. El presupuesto mostrará un ahorro en la Partida 21 (Gastos en Personal), celebrando la «austeridad». Pero el precio a pagar es la atrofia del aparato público. El día de mañana, cuando una nueva urgencia exija una intervención rápida, el Estado se encontrará con instituciones vaciadas de talento y operatividad, debiendo gastar millones en consultorías externas o partiendo nuevamente desde cero.
Espejismos financieros: La fungibilidad de las cajas
Finalmente, para que esta maquinaria de contención no paralice completamente a los servicios públicos en el corto plazo, el Presupuesto 2027 incluye válvulas de escape que atentan contra la transparencia y la trazabilidad del gasto. El Artículo 42 del proyecto es el mejor ejemplo de ello.
Esta norma autoriza a los órganos públicos a disponer de la «totalidad de la caja resultante» —incluyendo ingresos propios y transferencias para fines específicos— para financiar «cualquiera de sus conceptos de gasto». En lenguaje simple, esto significa fungibilidad extrema: si a un servicio público se le acaba el dinero para pagar la luz, el internet o los honorarios de su personal administrativo porque su presupuesto basal fue recortado, puede legalmente tomar el dinero de la caja que estaba destinado a un programa social específico o a un proyecto de inversión, y usarlo para cubrir su agujero operacional.
Esta disposición, pensada para dar liquidez y resolver la asfixia del ajuste, termina distorsionando todo el sistema. Maquilla la sub-ejecución de proyectos clave, esconde el verdadero déficit operativo de las instituciones y hace imposible para el Congreso y la ciudadanía saber con certeza si los recursos aprobados para la ciudadanía realmente llegaron a ella.
Hacia una nueva Matriz de Evaluación
No se trata de defender el despilfarro ni de sostener programas que han demostrado ser inútiles. La evaluación del gasto es un imperativo ético en la gestión pública. El problema surge cuando la evaluación se subordina ciegamente a una restricción fiscal ex ante sin considerar el ecosistema completo de la política pública.
Para superar este riesgo metodológico, Chile necesita evolucionar hacia una Matriz de Evaluación de Impacto Sistémico. Cuando la autoridad presupuestaria proponga reducir o eliminar una intervención, no debe bastar con exhibir un indicador de ejecución deficiente. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social deberían estar obligados a presentar un informe que responda a las siguientes preguntas:
Evaluación de Necesidad Residual: ¿En qué magnitud persiste el problema que este programa buscaba resolver?
Identificación del Sustituto: ¿Qué política pública, instrumento normativo o mecanismo de mercado absorberá la demanda social que quedará insatisfecha?
Medición de Transferencia de Costos: ¿Cuánto de este ahorro fiscal se transformará en un nuevo gasto para los municipios o en deuda para las familias?
Impacto en el Capital Institucional: ¿Qué capacidades estatales, redes de confianza y equipos técnicos se perderán de manera irreversible con este recorte?
El Presupuesto de la Nación es mucho más que una tabla de contabilidad. Es la traducción financiera del pacto social. Si permitimos que las restricciones contables actúen como el único tamiz de nuestras políticas públicas, terminaremos construyendo un Estado que sabe perfectamente el precio de todos sus programas, pero desconoce por completo el valor de sus capacidades y el costo del sufrimiento social.
Aprobar el Presupuesto 2027 sin cuestionar profundamente esta arquitectura metodológica sería aceptar que el éxito de un gobierno se mide por cómo equilibra sus hojas de cálculo, aunque para lograrlo termine desmantelando los motores mismos que impulsan el desarrollo y la protección de sus ciudadanos. La verdadera eficiencia no es gastar menos a toda costa; es gastar de manera que cada peso invertido construya un Estado más capaz y una sociedad más justa. Y eso, lamentablemente, es algo que las actuales planillas de evaluación aún no saben medir.
