Cuando Chile recuperó la democracia comenzó también una reconstrucción de confianza. Después de diecisiete años de dictadura, la promesa republicana era que las instituciones volverían a ocupar el lugar de la arbitrariedad: las elecciones decidirían quién gobernaba, el Congreso produciría las leyes, los tribunales resolverían conforme al derecho y los órganos fiscalizadores limitarían el abuso del poder. La democracia no prometía una sociedad sin conflictos ni intereses privados; prometía algo diferente y mucho más elemental: que esos intereses tendrían que someterse a reglas comunes antes de transformarse en decisiones del Estado.
Treinta y seis años después, esa arquitectura sigue existiendo. Chile posee elecciones competitivas, alternancia gubernamental, tribunales que condenan a personas poderosas y organismos capaces de investigar a quienes antes parecían intocables. Precisamente por eso sería intelectualmente irresponsable concluir que todo el Estado está corrompido. Pero bajo esa superficie institucional se ha ido acumulando otra historia. Penta, SQM, Corpesca, financiamiento irregular de la política, parlamentarios condenados, policías entregando información reservada, fiscales investigados, magistrados removidos y, finalmente, las miles de conversaciones extraídas del teléfono de Luis Hermosilla han comenzado a mostrar algo que cada expediente aislado difícilmente permite observar: la existencia de relaciones capaces de atravesar las fronteras formales entre dinero, política, justicia y administración pública.
Durante años fue posible tratar cada uno de estos episodios como una anomalía independiente. Penta era un problema de financiamiento político. Corpesca, un caso de cohecho. Las filtraciones desde la PDI, un problema policial. Los chats judiciales, una crisis de determinados magistrados. El caso Hermosilla parecía inicialmente otro escándalo más. Pero cuando las piezas comenzaron a acumularse apareció una pregunta distinta: ¿qué ocurre si el elemento común no es la repetición del mismo delito, sino la reiteración de una misma forma de relacionarse con el poder?
La pregunta importa porque las redes de influencia casi nunca comienzan con una escena espectacular. Comienzan con algo perfectamente cotidiano. Una empresa enfrenta un problema. Un político está preocupado por una investigación. Un abogado necesita información. Alguien quiere un nombramiento. Un antiguo funcionario busca trabajo. Entonces aparece la persona que conoce a la persona correcta. Alguien puede llamar al ministro, hablar con el fiscal, preguntar en la policía, conseguir una audiencia o saber quién tiene llegada al presidente. Muchas de esas actuaciones pueden ser completamente legítimas. La frontera comienza a desplazarse cuando el vínculo personal permite obtener una ventaja institucional que no está disponible para quienes solo pueden relacionarse con el Estado mediante sus procedimientos formales.
Andrés Chadwick aparece reiteradamente en ese territorio. Su importancia no deriva únicamente de haber sido parlamentario, ministro y durante décadas una figura central de la UDI y del entorno de Sebastián Piñera. Su verdadero valor dentro de la trama parece haber sido otro: un enorme capital relacional, acumulado durante años, que le permitía conectar espacios que para el ciudadano común permanecen separados.
Parque Capital entregó una primera imagen de ese poder. En 2020, cuando el proyecto inmobiliario del Grupo Patio enfrentaba dificultades administrativas, Chadwick reunió al entonces ministro de Vivienda Felipe Ward en la oficina que compartía con Hermosilla. Después lo llevó a conversar con el abogado y comenzaron contactos y reuniones relacionadas con los permisos que necesitaba el proyecto. El episodio no terminó estableciendo responsabilidad penal de Chadwick, pero permitió observar concretamente cómo una relación política podía convertirse en acceso institucional.
La historia cambia de profundidad cuando aparece Manuel Guerra. Ya no se trata de un ministro que puede recibir a alguien, sino de un fiscal que conoce desde dentro investigaciones capaces de alterar carreras políticas y alcanzar a personas cercanas al poder. En la causa que actualmente examina su conducta han aparecido conversaciones sobre Penta, Iván Moreira y Santiago Valdés. En marzo de 2026, al decretar su prisión preventiva, el juez Guillermo Rodríguez sostuvo provisionalmente que Guerra habría acumulado durante años una especie de “crédito corruptivo” y relacionó ese proceso con su posterior contratación en la Universidad San Sebastián. La resolución mencionó 24 veces a Chadwick y describió esa contratación como la eventual materialización de un acuerdo ilícito de largo plazo. Es una hipótesis judicial sometida todavía al proceso penal, no una condena definitiva.
Pero el concepto permite comprender una característica esencial de las redes duraderas: la contraprestación no tiene por qué ocurrir inmediatamente. La imagen convencional de corrupción —alguien entrega dinero y recibe en ese momento una decisión favorable— puede ser demasiado primitiva para describir relaciones construidas durante décadas. Una persona puede entregar hoy información, mañana facilitar un contacto y años después necesitar un trabajo. Lo que circula no es solamente dinero. Circulan favores, acceso, confianza, recomendaciones, nombramientos y oportunidades. La relación misma se convierte en un activo.
El caso de Sergio Muñoz permitió observar otra variante. Apenas trece días después de asumir la dirección general de la PDI comenzó a transmitir a Hermosilla antecedentes reservados. Entre ellos hubo información relacionada con Dominga, Enjoy, Raúl Torrealba, Felipe Guevara y la investigación contra su antecesor Héctor Espinosa, cuyo abogado defensor era precisamente Hermosilla. CIPER reconstruyó doce filtraciones y estableció que, en algunos casos, información remitida por la Fiscalía a la policía llegaba rápidamente al teléfono del abogado.
El valor de esa información es fácil de comprender. Ya no se trata solamente de conseguir que una autoridad escuche un argumento. Se trata de anticipar lo que una institución está investigando. Quien sabe antes que los demás qué diligencia viene, qué información se está buscando o qué persona será citada posee una ventaja que el procedimiento penal precisamente intenta impedir.
Pero la pieza que obliga a reconsiderar todo el rompecabezas aparece cuando las redes dejan de buscar únicamente acceso a quienes ya ejercen poder y comienzan a aparecer alrededor de quiénes llegarán a ejercerlo.
Los chats entre el ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa y Luis Hermosilla muestran ese desplazamiento. Según CIPER, las conversaciones contienen solicitudes para intervenir en al menos catorce nombramientos judiciales. En diciembre de 2021, mientras Ulloa intentaba favorecer la candidatura de Ana María Hernández a fiscal judicial de la Corte de Santiago, envió a Hermosilla un audio proponiéndole recurrir a Andrés Chadwick para que este llegara hasta el entonces presidente Sebastián Piñera. La evidencia acredita que Ulloa propuso esa ruta de influencia; no demuestra por sí sola que Chadwick ejecutara específicamente esa gestión ni que Piñera interviniera a consecuencia de ella. Lo significativo es que, dentro de esas conversaciones, la relación Hermosilla–Chadwick era concebida como un posible puente entre un interés surgido dentro del Poder Judicial y la autoridad política responsable de intervenir formalmente en el nombramiento.
Ahí la red adquiere otra capacidad. Una llamada a un ministro puede resolver un problema puntual. Influir sobre la llegada de una persona a una posición judicial puede proyectar esa relación durante años. El nuevo magistrado participa después en sentencias, concursos, ternas, promociones y decisiones que todavía ni siquiera existían cuando recibió aquel apoyo. La influencia deja de perseguir solamente una decisión presente y comienza, potencialmente, a intervenir en la producción de los futuros decisores. Posteriormente, CIPER documentó que Ulloa entregó a Hermosilla resoluciones y antecedentes reservados y que también compartió información relativa a concursos de altos cargos judiciales.
Es en este punto donde el problema deja de pertenecer solamente al derecho penal y entra en el terreno más profundo de la filosofía política. El interés general no consiste en negar la existencia de intereses particulares: una empresa tiene derecho a buscar rentabilidad, un trabajador a defender su salario, una comunidad a proteger su territorio y un partido a conquistar el gobierno. La función del Estado consiste precisamente en impedir que cualquiera de esos intereses, por poderoso que sea, pueda transformarse directamente en voluntad pública. La ley, los procedimientos, la deliberación parlamentaria, la regulación administrativa y la independencia judicial existen para obligar a los intereses particulares a encontrarse en un espacio común donde ninguno pueda confundirse con el interés de toda la sociedad. Cuando el dinero, la amistad, la deuda personal o el acceso privilegiado permiten saltarse esa mediación, la corrupción produce algo más grave que un beneficio injusto: privatiza una parte de la decisión que pertenece a todos. Esa es la frontera entre influencia legítima y captura. La OCDE denomina precisamente policy capture al proceso por el cual decisiones públicas son desviadas de manera recurrente desde el interés público hacia intereses específicos, debilitando igualdad, confianza e instituciones democráticas.
Chile ya posee un caso donde esa abstracción puede observarse con consecuencias económicas concretas: la Ley de Pesca.
Durante la tramitación de aquella legislación, Corpesca realizó pagos a actores políticos que intervenían en decisiones relevantes para la industria. Jaime Orpis fue posteriormente condenado por fraude al Fisco y cohecho; la exdiputada Marta Isasi, por cohecho; y Francisco Mujica, exgerente de Corpesca, por soborno. La empresa también recibió una sanción económica. La relevancia del episodio no reside únicamente en las condenas. Reside en aquello sobre lo que se estaba legislando: quién accedería a recursos pesqueros, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo.
Una norma incorporada durante esa tramitación permite comprender la escala del problema. CIPER documentó que un artículo transitorio promovido por los senadores Jaime Orpis y Fulvio Rossi estableció un techo a determinados pagos de la industria pesquera y que, según registros de la Subsecretaría de Pesca, entre 2014 y 2016 Corpesca se ahorró aproximadamente $4.670 millones debido a esa disposición. El punto no es afirmar que toda la Ley de Pesca haya sido comprada ni que todos quienes votaron por ella actuaran corruptamente. El caso demuestra algo más preciso: intereses empresariales pudieron relacionarse ilícitamente con actores que participaban del proceso legislativo mientras se decidían normas capaces de producir consecuencias económicas muy superiores al monto de cualquier pago individual.
Allí la corrupción revela su verdadero poder multiplicador. Una suma relativamente pequeña entregada a una persona puede afectar una norma que distribuye durante años el acceso a recursos valorizados en miles de millones. El activo que finalmente queda comprometido no es solo el parlamentario: es la capacidad normativa del Estado.
Ese mismo razonamiento permite comprender por qué las redes alrededor de jueces resultan particularmente peligrosas. Chile posee una economía donde controversias sobre inversiones, minería, energía, infraestructura, concesiones, medio ambiente, competencia o derechos de propiedad pueden terminar resolviéndose ante organismos administrativos y tribunales. No existe evidencia para afirmar que todos esos sectores hayan sido capturados por la trama Hermosilla y sería irresponsable insinuarlo. Lo que sí puede afirmarse es que, mientras mayor sea el valor económico de una decisión pública, mayor será también el incentivo de los intereses afectados por acercarse a quienes participan de ella. Precisamente por eso las democracias construyen barreras entre quien tiene un interés y quien debe decidir.
Cuando esas barreras funcionan, una empresa puede hacer lobby, presentar estudios, recurrir administrativamente, contratar abogados y defender públicamente su posición. Todo ello pertenece al funcionamiento legítimo de una democracia. Cuando las barreras fallan, aparece algo diferente: información reservada, pagos ocultos, relaciones personales no declaradas, conflictos de interés, intermediarios privilegiados o compromisos derivados de favores anteriores.
La corrupción no necesita entonces apropiarse del Estado completo. Le basta con encontrar el punto donde una intervención pequeña puede producir un resultado enorme.
Esa idea ayuda a ordenar episodios que inicialmente parecen completamente diferentes. En la Ley de Pesca aparece dinero empresarial entrando en contacto con el proceso legislativo. En la PDI aparece información institucional saliendo anticipadamente hacia un abogado privado. En la causa Guerra aparecen conversaciones alrededor de investigaciones políticamente sensibles y la hipótesis judicial de reciprocidades posteriores. En los chats de Ulloa aparecen gestiones sobre nombramientos que podían determinar quién ocuparía posiciones dentro del Poder Judicial.
No son el mismo caso. Tampoco demuestran una organización común. Pero comparten una morfología: un interés particular identifica un punto estratégico del Estado, encuentra una relación capaz de acercarlo a ese punto e intenta transformar ese acceso en una ventaja.
La UDI aparece reiteradamente dentro de varias de estas historias y por eso no puede ser excluida de la investigación. Penta golpeó directamente a parte de su dirigencia; Jovino Novoa terminó condenado por delitos tributarios relacionados con financiamiento político; Jaime Orpis fue condenado por cohecho y fraude al Fisco; Iván Moreira aparece dentro de los antecedentes actualmente examinados en la causa Guerra; y Andrés Chadwick fue durante décadas una de las figuras con mayor capital político del partido. Nada de eso permite convertir a la UDI en una organización criminal ni atribuirle colectivamente las acciones de cada uno de sus integrantes. Lo que permite es formular otra pregunta: si existe dentro de ese ecosistema una persistencia histórica particularmente intensa de mecanismos donde dinero, relaciones personales y posiciones institucionales terminan conectados con la obtención o preservación de poder político.
La respuesta no puede obtenerse contando escándalos. Exige una comparación con otros partidos y sectores, porque el financiamiento irregular y la influencia empresarial también alcanzaron a figuras de la centroizquierda. Si aparecen mecanismos semejantes con intensidad y continuidad equivalentes, la hipótesis deberá ampliarse y el objeto de investigación ya no será una cultura partidaria específica, sino la forma en que segmentos de las élites chilenas se han relacionado históricamente con el Estado. Si, en cambio, la comparación muestra una concentración significativamente mayor, continuidad entre generaciones y determinados intermediarios o respuestas organizacionales recurrentes, recién entonces será posible sostener una conclusión más específica.
Esa cautela es también necesaria cuando se habla de captura del Estado. Los mismos antecedentes que muestran vulnerabilidad institucional demuestran simultáneamente que las instituciones poseen capacidad para resistirla. Orpis fue condenado. Los pagos vinculados a Corpesca terminaron investigados. Las filtraciones de Sergio Muñoz fueron descubiertas. Magistrados relacionados con la trama Hermosilla enfrentaron procedimientos disciplinarios, investigaciones y remociones. Manuel Guerra está siendo investigado por actuaciones realizadas cuando ejercía uno de los cargos más poderosos del Ministerio Público.
Esa contradicción impide hablar seriamente de un Estado completamente capturado.
Lo que aparece es un Estado disputado.
Dentro de una misma institución puede existir alguien dispuesto a entregar información y otra persona dispuesta a investigarlo. Un fiscal puede ser objeto de una red y años después otros fiscales reconstruir esa relación. Un magistrado puede vulnerar los deberes de independencia y la propia judicatura terminar apartándolo. La corrupción y la resistencia institucional pueden existir simultáneamente.
Quizás esa sea precisamente la característica que vuelve tan difícil observar el fenómeno. Las redes no necesitan dominar ministerios, cortes o policías completas. Pueden operar mediante puntos específicos y temporalmente útiles. Cuando ese punto deja de servir, buscan otro. Cuando una persona abandona un cargo, la relación acumulada puede conservar valor en otro lugar. El poder informal no se organiza necesariamente como una pirámide; se parece más a una red que aprende dónde están las puertas.
Por eso el teléfono de Luis Hermosilla probablemente no constituye el origen de esta historia. Es una ventana excepcional hacia una etapa de ella.
Sus miles de mensajes permiten observar aquello que los expedientes tradicionales rara vez conservan: quién pregunta, quién ofrece ayuda, quién conoce al decisor, quién agradece una gestión, quién reaparece años después buscando otra cosa. No todas esas conversaciones constituyen delitos. Pero su acumulación permite formular sobre evidencia documental una pregunta que durante mucho tiempo perteneció principalmente a la teoría política.
¿Cuánto poder posee realmente quien no controla formalmente ninguna institución, pero puede acceder repetidamente a las personas que toman las decisiones?
La pregunta conduce finalmente al verdadero problema democrático que atraviesa toda esta investigación.
Formalmente, dos ciudadanos pueden poseer los mismos derechos frente al Estado. Pero uno presenta una solicitud, espera su turno y recibe una respuesta dentro del procedimiento establecido. El otro puede conocer al ministro, al fiscal, al policía, al juez o a quien conoce a alguno de ellos. La diferencia no está escrita en ninguna ley. Sin embargo, puede cambiar radicalmente la capacidad de cada uno para defender sus intereses.
La desigualdad económica se transforma así en desigualdad relacional, y la desigualdad relacional puede terminar convertida en desigualdad política.
La hipótesis que emerge de los casos reunidos no es, por tanto, que Chile sea un país donde todo el Estado se encuentre corrompido. Es algo más acotado y, precisamente por eso, más inquietante: durante las décadas posteriores a la recuperación democrática pudieron consolidarse redes informales capaces de transformar capital económico, político y social en acceso privilegiado a puntos estratégicos del Estado; redes que en determinados casos documentados o judicialmente acreditados lograron penetrar procesos legislativos, investigaciones, policías o mecanismos de nombramiento, desplazando el interés general en favor de intereses particulares.
Si esa hipótesis logra sostenerse cuando se reconstruyan las relaciones completas y se comparen con otros sectores políticos, entonces el caso Hermosilla habrá revelado algo mucho mayor que la historia de un abogado extraordinariamente conectado.
Habrá permitido observar por dentro una de las contradicciones más profundas de la democracia chilena: la coexistencia entre instituciones formalmente iguales para todos y una infraestructura informal de relaciones que permite a algunos llegar mucho más cerca que otros del lugar donde esas instituciones deciden.
Y entonces la pregunta ya no será solamente quién cometió qué delito.
Será quién ha tenido, durante todos estos años, el poder de convertir un interés privado en una decisión pública.
