Periodista y docente Periodismo Universidad de La Frontera.
Integrante de la Red de Periodistas Feministas.
“Escucharía los latidos feliz”. Así respondió la estudiante de Derecho Sara Mayer-Beckh en un programa de streaming chileno, al ser consultada sobre qué haría si quedara embarazada producto de una violación. Nadie debería quitarle ese derecho a decidir continuar un embarazo si así lo desea. Pero tampoco nadie puede obligar a lo contrario, ni a ella ni a ninguna otra mujer.
Esta declaración reavivó una discusión que ya venía instalada en medios de comunicación, redes sociales y también entre familias y amigos, a propósito del proyecto de ley “Escucha su corazón”, impulsado por diputados/as del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional.
La propuesta busca modificar el Código Sanitario para que, antes de practicarse un aborto bajo cualquiera de las tres causales —riesgo vital, inviabilidad fetal o violación—, la mujer deba escuchar los latidos del feto. Si se niega, el médico o la médica quedan obligados a rechazar la intervención. Se trata, en la práctica, de una forma de manipulación emocional que revictimiza a la paciente y que, además, deja al profesional de salud sin autonomía, incluso si quisiera realizar el procedimiento.
Cabe preguntarse, entonces, por qué insistir en este tema cuando en Chile ya existe la Ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Entre los argumentos que se han esgrimido es la baja natalidad y que esta acción podría inhibir a las mujeres de tomar la decisión. Pero la evidencia no lo respalda. Vamos al contexto nuevamente.
Más allá de la narrativa que atribuye un efecto disuasorio al sonido del corazón fetal, los datos demuestran que las cifras de nacimientos responden estrictamente al acorralamiento legal. Estudios de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA Network) confirman que las restricciones drásticas —prohibiciones totales o a partir de la sexta semana— generaron un aumento promedio del 1,70% en la fertilidad en los estados de USA afectados. No estamos ante decisiones meditadas tras escuchar un latido, sino ante miles de partos forzados por el colapso del acceso a la salud reproductiva. Por lo que la comparación con la realidad chilena resulta poco rigurosa.
Esta discusión conduce a otro tema igual de relevante: ¿Se ha podido aplicar la Ley IVE al 100% desde su aprobación en 2017? La respuesta es no, y la principal razón es la objeción de conciencia, una brecha que afecta de manera especial a las regiones.
Si bien el sitio web del Ministerio de Salud, publica un listado de objetores/as institucionales, esa información data de 2019. Datos más recientes, actualizados y desglosados por la Corporación Humanas hasta octubre de 2025, muestran que, de un total de 1.412 médic@s obstetras contratad@s, un 40,4% declara objeción de conciencia frente a la causal violación, mientras que un 20% objeta frente a la causal de inviabilidad fetal. Entre l@s médicos anestesistas, un 18,8% objeta en la causal violación, seguidos por técnic@s paramédicos con un 11% en esa misma causal.
Al observar las cifras por establecimiento de salud, la brecha se vuelve aún más evidente: en el Servicio de Salud Araucanía Norte, la objeción de conciencia alcanza un 82,4%, y en el Maule, un 63,5%. Es decir, en varios territorios la posibilidad real de acceder a un médic@ no objetor/a es extremadamente limitada.
En el caso del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, de los 45 obstetras contratad@s hasta agosto del año pasado, 12 se acogieron a la primera causal, 16 a la segunda y 23 a la tercera, aunque algun@s incluso declararon objeción en dos de las tres causales.
¿Cuál es, entonces, la garantía real de que una adolescente o una mujer pueda ejercer este derecho? ¿Cómo evitar que la Ley IVE termine siendo letra muerta?
A nivel nacional, el mayor porcentaje de objetor@s se concentra entre obstetras, seguid@s por anestesistas y, en menor medida, técnic@s y paramédicos. Según el último informe de la Corporación Humanas, esta brecha alcanza un 21,6%.
Entre junio de 2024 y junio de 2025, el 100% de las niñas menores de 14 años que accedieron a esta prestación lo hicieron invocando la causal violación. En el grupo de adolescentes entre 14 y 17 años, ese porcentaje fue del 77%.
La causal de violación es, además, la que presenta mayor distribución por grupos etarios: niñas y adolescentes representan el 23% de quienes acceden a ella. Es decir, de un total de 439 abortos constituidos por esta causal, 98 corresponden a este grupo.
Estas cifras nos llevan a una reflexión ineludible: son nuestras mujeres más jóvenes quienes están siendo vulneradas sexualmente, con huellas imborrables en sus vidas.
“Un hogar, un voto. El esposo decide”
La influencer norteamericana de 21 años, Savanna Faith Stone, dijo que estaría dispuesta renunciar a su derecho a votar para traspasárselo a su esposo. Expresó esta idea un podcast y luego frente a dos mil mujeres, en una cumbre conservadora realizada en Texas.
Stone forma parte del auge de las “tradwife”: mujeres que promueven en redes sociales la sumisión voluntaria al esposo y el abandono de la vida profesional. En la Cumbre de Liderazgo Femenino de Turning Point USA —organizada por Erika Kirk, viuda del ultraconservador Charlie Kirk—, varias asistentes manifestaron estar dispuestas a ceder su voto a sus maridos. Diversas expertas advierten que esto ya no es solo una cuestión estética, sino una disputa cultural que ha comenzado a exportarse a otros países.
Alguien podría pensar que no vale la pena prestar atención a este tipo de tendencias que surgen en redes sociales, como si fueran solo “una moda”. Pero cuando estas ideas comienzan a discutirse en espacios políticos y generar dudas por derechos ya ganados y zanjados desde lo legal, es necesario poner más atención. No se trata de una opinión aislada, sino de la punta de un movimiento que también está llegando a Chile. El proyecto “escucha su corazón” es una evidencia “cruel”.
Para quienes hemos perdido un hijo, sabemos lo que significa cargar con esa ausencia. Por eso, cuesta escuchar cuando se habla del aborto —en cualquiera de sus causales— como si fuera un trámite más, algo rutinario. No lo es. Es una experiencia que marca, que duele, que se lleva para siempre. Pensar que las mujeres ejercen este derecho con liviandad es una forma de simplificar una discusión que es mucho más compleja y mucho más dolorosa de lo que el debate político deja ver.
Ninguno de estos hechos ocurre por separado. Un discurso que cuestiona el voto femenino, un proyecto de ley que busca condicionar emocionalmente una decisión médica, y un sistema de salud donde la objeción de conciencia ya deja a muchas mujeres sin atención real: son piezas de un mismo tablero. Sectores conservadores en Chile están tomando ese guion internacional y llevándolo, cada vez, un poco más lejos.
Si una mujer elige libremente un rol tradicional, esa es su libertad. El problema comienza cuando esa elección individual se transforma en ley para todas las demás, o cuando un derecho ya reconocido se convierte, en la práctica, en letra muerta dentro de ciertos hospitales.
