Hernán García Moresco profesor de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Magister© Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano
Los partidos estuvieron gran parte del siglo XX escrutados críticamente en su accionar, ya sea como canalizadores y/o sintetizadores de demandas, o bien como ejecutores de los anhelos de la población respecto de proyectos de sociedad. En lo contingente, encarnan una tensión entre las “personas-agrupaciones territoriales” y los “representantes-mandatarios-organización de partido”, con las nomenclaturas asociadas desde lo ideológico-global (marxismo, liberalismo y otros ismos como son los ecologismos, por consignar un ejemplo), operativizadas en lo nacional (proyectos nacionales de desarrollo, por ejemplo) hasta plurinacional-intercultural, en cualquiera de sus concreciones (identidades territoriales, étnicas, sub-nacionales, otras).
Esta tensión, tiene reflejo en la Convención Constitucional en su Comisión de Sistema Político (y más allá), que, conforme consolida la idea de un poder legislativo bicameral asimétrico, sin perjuicio de las legítimas observaciones críticas sobre la misma (congreso de diputados-diputadas y cámara regional), deja abierto el siguiente debate ¿quiénes son los sujetos sociopolíticos que ‘representarían’ en el nuevo Edificio Institucional Político a la comunidad?, pregunta que formaliza implícitamente una afirmación de fondo: los partidos, ya no serían los únicos representantes sociales.
Sin perjuicio de lo anterior, fueron los partidos políticos los que construyeron la representación político-territorial para crear la Convención Constitucional, para que luego una parte importante de la sociedad articulada en agrupaciones de independientes y ex militantes de partidos, que, junto a sus trayectorias de servicio desde una causa social o profesional, estuvieron disponibles para enfrentar el desafío de transformarse en los Arquitectos del Nuevo Orden Constitucional del país. Lo anterior, como consecuencia del despliegue de una Geografía de la Multitud, que venía expresando desde hace más de una década la crítica hacia los partidos políticos, no obstante estar en democracia .
Así, por lo tanto, no es de extrañar que, en la deliberación constitucional, se plantee y se acuerde que los sujetos sociopolíticos que concretan la representación político-territorial no sólo sean los partidos políticos, sino que también otras expresiones del cuerpo social territorial de toda nuestra geografía.
De hecho, ya se indica en la Comisión de Sistema Político que serán las ‘organizaciones políticas diversas’ las que deberán cumplir esa función, con apertura a la posibilidad de que integrantes de la sociedad civil (Independientes), más o menos organizadas (ONGs, por ejemplo), se proyecten en esta tarea. A ello, le seguiría, posiblemente, un replanteamiento de los territorios y sistemas electorales vigentes. En fin, serán varias las consideraciones en estas materias que se formalizarán en general en la Convención Constitucional vía acuerdo y sanción en el pleno de la misma y, que, posteriormente, vía ejercicio legislativo, tendrán concreción factual a firme
Si eso es así, y conociendo que los partidos políticos declaran legal, reglamentaria y políticamente que sus dirigentes deben estar al servicio de sus bases activas, con apego a la participación social y comunitaria de forma regular en esta nueva realidad, donde no serían, ahora explícitamente los únicos que estarían en el ejercicio de la intermediación o representación entre las chilenas y chilenos, en el ejercicio del poder… ¿cómo enfrentarían ese nuevo escenario?
Solvencia y claridad
Sabemos que los partidos políticos, tal como hemos opinado en otras oportunidades, viven con una crítica y baja valoración, lo que se refleja en los estudios de opinión. A lo que se suma una baja conformación de militantes y escasa presencia en la movilización social, pero podríamos decir a su favor que, han demostrado solvencia y claridad para contribuir primero, al acuerdo de noviembre 15 de 2019; como también, sacar adelante el intenso ciclo electoral generado desde esa fecha. Todo esto desencadenó, como lo indican analistas y teóricos de la política, que el ejercicio de la representación social se haya complejizado en este nuevo ciclo, exigiendo otras fórmulas que mejoren ese principio rector de la democracia, como es, la representación.
Ante la necesidad de mejorar la representación político-territorial (con partidos u otras organizaciones), en forma y fondo, un camino que podría proyectar la Convención Constitucional podría estar en disminuir el riesgo de la fragmentación en el nuevo órgano legislativo, con el propósito de facilitar los acuerdos (cuestión que hoy cuesta, hasta en la misma convención); disminuir la posibilidad de que representantes de pequeños grupos atenten contra el interés colectivo, transformándolos en grupos de interés específico; que al igual que los partidos (sin perjuicio de la crítica que administran), quienes representen a los nuevos grupos de interés debiesen responder a mejores procesos de probidad y valóricos, con nuevos estándares para todos (también para los partidos); si en el quehacer legislativo actual, los representantes una vez electos se cambian de sector y dejan a sus representantes sin explicación de fondo, en el futuro, parece de justicia que perdieran su escaño, siendo reemplazado por un/a verdadera/o representante del grupo o sector específico y, finalmente, concretar las revocatorias a los mandatos, entendidas como medida de control y contrapeso democrático y participativo (no muy visible aún).
Por lo tanto, existen opciones para mejorar la representación política de la ciudadanía, implicando mayores grados de confianza hacia los partidos políticos y, en el nuevo modelo, también hacia las organizaciones que se sumasen a esta función consignada. Sí, parece plausible, que los partidos asuman en profundidad la idea y acción de territorio en su actuar de representación/intermediación, así como traducir/derivar su quehacer desde lo individual a lo colectivo, visibilizando sin pudor sus planteamientos doctrinarios ante la sociedad, materializando sus principios en su quehacer cotidiano para mostrar consecuencia entre lo teórico y lo práctico. De todos modos, el sistema de partidos cuenta con experiencia acumulada en sus bases de militantes y adherentes, quienes pueden en convicción comprometerse en materializar la expectativa ciudadana de un mejor vivir (mejor sociedad), con el logro de un Estado que propicia y respeta los derechos de cada cual en cada territorio, de la forma que lo entiende el marxismo, el liberalismo, la socialdemocracia, el ecologismo, el feminismo y otros (y sus combinaciones, dada la liquidez social en la que se vive), entendiendo a la persona humana territorializada como sujeto de derechos y no como consumidor ‘consumista’.
