Hace casi una década, el periodista y director de la revista “Punto Final”, Manuel Cabieses, interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la forma discriminatoria que tiene el Estado de Chile para distribuir sus recursos en publicidad, tanto en medios escritos como audiovisuales. Hoy, la CIDH anunció que el Estado tiene un plazo de tres meses para responder la denuncia.
Esta fue acompañada de contundentes pruebas, y señala que la mayor parte de la inversión publicitaria del Estado de Chile se destina a la cadena El Mercurio y Copesa (La Tercera y La Cuarta), quienes dominan y concentran los medios en Chile, afectando gravemente la libertad de expresión en el país.
El Colegio de Periodistas de Chile también ha denunciado constantemente esta forma de financiamiento para el duopolio de las comunicaciones, lo que discrimina a varios medios que no tienen oportunidad de sostener proyectos periodísticos alternativos a estos grupos económicos. Ese es el caso de la revista “Punto Final” que tras más de cinco décadas debió dejar de circular por falta de apoyo publicitario y lo propio ha ocurrido con varios medios que han intentado hacer un periodismo fuera de estas privilegiadas fronteras.
La información como mercancía
La fragilidad de nuestra legislación permite la propiedad cruzada de medios de comunicación social, facilitando la instalación y difusión de los discursos hegemónicos, quedando relegada la información como una mercancía, carente de su valor como servicio público que es requisito mínimo para la construcción y fortalecimiento de la democracia.
La ONG Observatorio del Gasto Fiscal realizó un estudio sobre la compra de espacios publicitarios y parte de sus resultados fue que existe un monto de 28 millones de dólares asignados de manera concentrada, siendo El Mercurio el favorito para los avisadores estatales y municipales, con 9 millones de dólares y lo sigue Copesa con 2 millones de dólares, la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, se lleva 1 millón de dólares, radio Biobío 400 mil dólares y radio Cooperativa con 370 mil dólares.
La CIDH solicitó al Estado chileno, a través de su Canciller Teodoro Ribera, pronunciarse ante esta demanda en un plazo máximo de tres meses, ahora resta esperar si nuevamente el Estado rehuirá el tema con una argucia legal o decide hacerse cargo de la libertad de información en forma seria.
