Administrador Público
La nueva estrategia económica busca dinamizar la inversión, pero en un contexto de alta informalidad y fragilidad laboral podría consolidar un modelo de crecimiento débil, mayor precariedad y una desconexión creciente entre economía y vida cotidiana.
El nuevo ciclo político en Chile ha comenzado bajo una premisa que, a primera vista, parece técnica y razonable: ordenar las cuentas públicas para recuperar el crecimiento. Sin embargo, como suele ocurrir en economía política, detrás de esa aparente neutralidad se está configurando algo mucho más profundo: una redefinición de la relación entre Estado, mercado y sociedad.
Las decisiones anunciadas —un recorte horizontal cercano al 3% del gasto público y una rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23%— no son simplemente instrumentos fiscales. Son, en rigor, apuestas estructurales sobre cómo debe funcionar la economía chilena en los próximos años. Y como toda apuesta estructural, no solo tiene efectos sobre el crecimiento, sino también sobre la forma en que ese crecimiento se distribuye, se experimenta y se sostiene socialmente.
El problema es que, cuando se examinan estas medidas de manera conjunta y se las sitúa en el contexto actual de la economía chilena, lo que emerge no es una trayectoria clara hacia un nuevo ciclo expansivo, sino una tensión difícil de resolver: la posibilidad de que el intento por ordenar las cuentas fiscales termine debilitando el mismo tejido económico y social que sostiene el crecimiento.
Para entender esta tensión es necesario partir de un dato básico, pero muchas veces subestimado: Chile no está entrando en este ciclo desde una posición de fortaleza estructural. Por el contrario, lo hace en un escenario de bajo crecimiento tendencial —en torno al 2% anual según estimaciones del Banco Mundial y la CEPAL— y con un mercado laboral que ya muestra signos evidentes de fragilidad.
Los datos de la Encuesta CASEN 2024 son particularmente claros en este punto. La informalidad laboral alcanza aproximadamente el 26,8% del empleo total, lo que equivale a más de 2,5 millones de personas que trabajan fuera de esquemas formales de protección social. A esto se suma que la pobreza por ingresos llega al 17,3% y la pobreza extrema al 6,9%, mientras que la pobreza multidimensional afecta al 13,4% de los hogares, con una fuerte concentración en carencias vinculadas al trabajo y la seguridad social
Este último dato es fundamental, porque revela que el problema social en Chile ya no se explica únicamente por falta de ingresos, sino por la inestabilidad estructural del empleo. En otras palabras, el mercado laboral no está funcionando como un mecanismo eficaz de integración social.
Es en este contexto donde la política fiscal adquiere un rol decisivo.
La lógica detrás de la rebaja del impuesto corporativo es conocida: al reducir la carga tributaria sobre las empresas, se busca incentivar la inversión y, con ello, estimular el crecimiento. Sin embargo, esta lógica descansa en un supuesto que la evidencia empírica ha cuestionado reiteradamente: que la reducción de impuestos se traduce automáticamente en un aumento suficiente de la actividad económica como para compensar la pérdida de recaudación.
En el caso chileno, los cálculos del Comité Marfán son particularmente ilustrativos. Según sus estimaciones, una reducción de un punto porcentual en el impuesto corporativo podría aumentar el nivel del PIB en torno a 0,65% en un horizonte de diez años, pero ese mayor crecimiento solo permitiría recuperar parcialmente la recaudación perdida, generando una caída neta cercana a 0,1% del PIB
Esto significa que la rebaja tributaria no es fiscalmente neutra. Genera un estímulo potencial a la inversión, pero al mismo tiempo reduce los ingresos estructurales del Estado.
Ahora bien, este efecto por sí solo podría ser manejable si no se combinara con una segunda decisión que opera en sentido contractivo: el recorte del gasto público.
El presupuesto fiscal para 2026 bordea los 86 billones de pesos, por lo que un ajuste del 3% implica una reducción cercana a 2,5 billones. En términos macroeconómicos, esto equivale a retirar una cantidad significativa de recursos de la economía en un período relativamente corto
Y aquí aparece el núcleo del problema: mientras la rebaja tributaria busca generar efectos expansivos en el largo plazo, el recorte del gasto tiene efectos contractivos inmediatos sobre la demanda interna.
Este descalce temporal no es un detalle técnico. Es el punto crítico de toda la estrategia.
En economías como la chilena, donde el mercado interno cumple un rol importante —especialmente para las pequeñas y medianas empresas— el gasto público no es simplemente un instrumento de redistribución, sino un componente central de la actividad económica. Las compras públicas, por ejemplo, superan los 17 mil millones de dólares anuales, y cerca del 35% de esas transacciones benefician directamente a pymes
Esto implica que cuando el Estado reduce su gasto, no solo ajusta sus cuentas: reduce ingresos en sectores productivos específicos, afecta cadenas de pago y, finalmente, impacta el empleo.
Lo que en el lenguaje fiscal aparece como “consolidación”, en la práctica económica se traduce en menos contratos, menos licitaciones y menos actividad en el mercado interno.
Y en un mercado laboral ya frágil, ese efecto no es neutro.
De hecho, uno de los rasgos más complejos de la economía chilena actual es que los ajustes no suelen expresarse como crisis visibles, sino como transformaciones silenciosas en la calidad del empleo. En lugar de aumentos abruptos del desempleo, lo que se observa es un desplazamiento hacia formas más precarias de inserción laboral: trabajo informal, autoempleo de baja productividad o subcontratación.
Los propios datos de CASEN 2024 refuerzan esta idea. Cerca del 28,2% de los hogares presenta carencias asociadas a informalidad laboral y un 21,9% enfrenta problemas de ocupación o subempleo
Esto indica que el deterioro del mercado laboral no necesariamente se manifiesta como desempleo abierto, sino como una erosión progresiva de la estabilidad del trabajo.
Es precisamente aquí donde la política económica y la estructura social se encuentran.
Si el recorte del gasto público reduce la demanda interna y la inversión privada no reacciona con suficiente rapidez —algo que no está garantizado, especialmente en un contexto internacional de bajo crecimiento— el resultado más probable no es una recesión, sino un período prolongado de crecimiento débil acompañado de una expansión gradual de la precariedad laboral.
Este tipo de equilibrio es particularmente complejo, porque no genera señales de alarma inmediatas. La economía sigue creciendo, el déficit fiscal se reduce, pero las condiciones de vida no mejoran al mismo ritmo.
Y cuando esa brecha se amplía, comienzan a aparecer efectos más profundos.
Uno de ellos es la reconfiguración de la estructura productiva. La combinación de rebaja tributaria y contracción fiscal no afecta a todos los actores económicos de la misma manera. Las grandes empresas, con mayor acceso a financiamiento, diversificación productiva y exposición a mercados internacionales, están mejor posicionadas para beneficiarse de una menor carga tributaria y resistir períodos de demanda interna débil.
Las pymes, en cambio, dependen en mayor medida del mercado interno y de la actividad económica generada por el Estado. Por lo tanto, son más sensibles a la contracción del gasto público.
El resultado es una tendencia hacia una mayor concentración económica: mayor rentabilidad en el capital corporativo y mayor vulnerabilidad en los segmentos productivos más pequeños.
Este fenómeno no es nuevo, pero puede intensificarse bajo el actual diseño de política económica.
Desde una perspectiva más amplia, lo que está en juego es la calidad del crecimiento. No todo crecimiento es igual. Puede haber crecimiento basado en inversión productiva y empleo formal, o crecimiento apoyado en rentabilidad financiera y flexibilización laboral.
La diferencia entre ambos no es solo económica; es también social y política.
En este punto, la experiencia reciente de Chile ofrece una advertencia relevante. El estallido social de 2019 mostró que una economía que crece sin integrar a amplios sectores de la población termina generando tensiones que exceden el ámbito económico.
La desconexión entre indicadores macroeconómicos y experiencia cotidiana no es sostenible en el largo plazo.
Si el nuevo ciclo económico reproduce esa desconexión —si el crecimiento se concentra en ciertos sectores mientras la precariedad laboral se expande— el problema no será solo el bajo dinamismo, sino la erosión de la cohesión social.
Y esa erosión tiene consecuencias políticas.
En sociedades donde el trabajo deja de ser una fuente de estabilidad y se convierte en un espacio de incertidumbre permanente, las expectativas colectivas cambian. La promesa de movilidad social pierde credibilidad y el horizonte de futuro se vuelve más estrecho.
En ese contexto, el debate económico deja de ser técnico y se convierte en un problema de legitimidad.
Por eso, la discusión que hoy se abre en Chile no puede reducirse a la conveniencia de una rebaja tributaria o a la necesidad de ajustar el gasto público. Lo que está en juego es el tipo de economía que se está construyendo y su capacidad para sostener las condiciones materiales de la vida social.
Si la inversión privada logra expandirse de manera significativa y generar nuevos polos de crecimiento, la estrategia podría traducirse en una mejora efectiva del dinamismo económico. Pero si esa expansión no se materializa con la intensidad esperada, el país podría enfrentarse a un escenario distinto: una economía ordenada en lo fiscal, pero fragmentada en lo social.
Un crecimiento sin cohesión.
Un desarrollo sin integración.
Un modelo que funciona en los indicadores, pero que se debilita en la vida cotidiana.
En ese escenario, la informalidad —hoy cercana al 26,8%— dejaría de ser un problema a resolver y pasaría a convertirse en un rasgo estructural del sistema económico.
Y cuando eso ocurre, lo que se transforma no es solo el mercado laboral, sino la forma en que la sociedad se relaciona con el trabajo, el Estado y la política.
La pregunta final, entonces, no es cuánto crecerá Chile en los próximos años.
Es si ese crecimiento será capaz de sostener la sociedad que lo hace posible.
Porque una economía puede equilibrar sus cuentas.
Pero si no logra equilibrar sus vínculos sociales, termina erosionando las bases sobre las que descansa su propia estabilidad.
