Periodista.
La nueva Constitución nos permitirá construir futuro. Esta es nuestra diferencia con quienes abogan por retenernos sometidos a la voluntad de la minoría plutocrática.
El conservadurismo intenta matar en su cuna el fruto de la Convención Constitucional. Sus zapadores de opinión pública, capitaneados por El Mercurio y su lancha misilera, La Segunda, atizan el egoísmo y codicia que impregnan la conciencia social. Está en curso otra campaña del terror. Su punto neurálgico es la propiedad privada que, en realidad, no corre riesgo alguno en la propuesta que se votará el 4 de septiembre. Sus enemigos han caricaturizado el borrador de Constitución a tal punto de hacer creer a muchos que la Convención es un nido bolchevique a punto de proclamar la revolución socialista.
El parto de la Convención Constitucional, sin embargo, no es un ratón. Es un texto moderado para La ha redactado una Convención paticoja en que metió su cola el cálculo electoral de partidos que temen ser acusados de “populistas” si sirven lealmente al pueblo. La Convención Constitucional no tuvo las facultades ni el espíritu de una Asamblea Constituyente. No obstante pasará a la historia como la primera en dos siglos en que 154 hombres y mujeres, en paridad de género y elegidos por el pueblo, proponen una Constitución que habitualmente era redactada y promulgada por un puñado de leguleyos designados por la clase dominante. Prisionera en una maraña de cortapisas y reglas que le restaron independencia y autoridad, la Convención ni siquiera pudo examinar los tratados de libre comercio que someten la soberanía nacional a tribunales extranjeros. Y no reivindicó la nacionalización del cobre, el “sueldo de Chile” como lo llamó el Presidente Salvador Allende, que seguirá casi todo en manos privadas para no provocar la ira de antiguos y nuevos imperialismos.
Con todas sus limitaciones la nueva Constitución es mil veces superior al engendro de 1980. Hay que interpretarla como un “paso adelante” que convoca a proseguir la lucha por objetivos democráticos superiores.
Sin embargo el plebiscito del 4 de septiembre no se vislumbra fácil para la justicia social y política.
El sector conservador de la sociedad, la base social de la dictadura, cuenta todavía con más del 40% del electorado. El candidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast, ganó la primera vuelta de la elección presidencial de 2021, y alcanzó más del 44% en la segunda. Gabriel Boric llegó a la Presidencia porque empuñó las tijeras moderadoras de su programa. Eso permitió el apoyo de los partidos de la ex Concertación. Estos son mayoritarios en el actual gobierno que, en buenas cuentas, es una reedición de la segunda administración Bachelet.
Hacia ese sector -que tiene pavor de ser calificado de “populista”- apunta la contraofensiva conservadora. Su discurso se dirige a clases medias acomodadas que tienen dependencia y vínculos políticos, económicos y sociales con la derecha. Son parte del sistema, como una lapa a la roca. Tales vínculos han petrificado una cultura conservadora cuya matriz es la codicia. Esa “cultura” ha penetrado a capas medias empobrecidas que aspiran a subir de nivel. La presión conservadora sobre el gobierno está produciendo una lenta pero perceptible deriva de este hacia la derecha. Sobre todo se refleja en la tendencia a reprimir al pueblo mapuche en La Araucanía. Resulta dramático observar cómo el gobierno del Frente Amplio-PC-Concertación reivindica el rol de las FF.AA. y policiales para instaurar el “orden” de las tradición conservadora. La masividad de la droga -que carcome conciencias y principios-, y la violencia de la delincuencia -que aterroriza a la población-, son factores adicionales que ayudan a la derecha.
Esto hace imprevisible el plebiscito de septiembre. La oligarquía ha echado mano a todos los recursos para anular el desvío constitucional que ella misma creó en noviembre del 2019 para impedir el colapso del gobierno de Piñera. Un destacamento de guarenes amarillos salió de las acequias y letrinas mercuriales -que los alimentan y dan cobijo- para amenazar al Apruebo del 4 de septiembre.
Más peligroso todavía es el comportamiento de sectores del centro político que intentan abrir una “tercera vía”. La maniobra permitiría rechazar la nueva Constitución mediante la promesa de rehacer otra “mejor”. Se ha formado una especie de sindicato de senadores que, imitando a trabajadores amenazados de despido de una industria, pujan por un siniestro “Plan B” que les evite la cesantía. Los senadores demócratas cristianos Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste han denunciado esta maniobra. Asimismo el Frente de Trabajadores Demócratas Cristianos, que preside Flavio Garrido Sepúlveda, emitió una declaración llamando a votar por el Apruebo. La firman centenares de sindicalistas de ese partido.
(¿Hasta cuándo la DC, que fue parte de la Concertación, permanecerá a la intemperie política para sumarse a quienes dan continuidad a aquel proyecto?).
Es tiempo de definiciones. Una tarea dura en las condiciones actuales. No obstante necesaria y aún más vital para el proceso democratizador que necesita el país. Reconstruir el movimiento político y social requiere asegurar el respeto a los derechos humanos, políticos y sociales -objetivo que intenta la nueva Constitución-. Solo así podremos reemprender el camino que el odio oligárquico y la intromisión extranjera interrumpieron en 1973.
La lucha social no termina con la nueva Constitución. Sus limitaciones son evidentes. El deber de los revolucionarios cuyo horizonte es el socialismo, es superar la actual dispersión y construir organización. Una rica experiencia -de triunfos, derrotas y errores- nos enseña cómo retomar la iniciativa en las condiciones del siglo XXI.
El plebiscito del 4 de septiembre nos convoca una vez más -por sobre nuestras diferencias- a cerrar el paso a la oligarquía.
Asumamos este desafío.
