ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
Al cabo de exactamente tres meses de la realización del Plebiscito de salida, corresponde preguntarse qué paso con la nueva y buena Constitución que el Rechazo en pleno ofrecía como alternativa a la propuesta surgida de la Convención.
Como era previsible, y nada más que siguiendo la lógica del comportamiento político de las fuerzas que adscriben al sector político de derecha, incluyendo ahora , sin que sea novedoso, a Amarillos, se sabía: 1.- que este sector se arrogaría para sí el resultado del plebiscito si le era favorable; 2.- que su sector más liberal y con mayor compromiso con la democracia cedería a las presiones de su flanco más conservador y 3.- que el escenario político que se abriría a partir del triunfo del Rechazo nos conduciría a mayor inestabilidad política.
Nadie que haya razonado de un modo parecido se ha equivocado. Lo que ha ocurrido es que nos quedamos cortos: con la negativa de la oposición de derecha a abrirse a que el órgano encargado de redactar una nueva Constitución sea enteramente electo, luego que inicialmente sí lo hiciera, estamos retrocediendo como mínimo 20 años, a los tiempos en que el ejercicio democrático y soberano era reemplazado por senadores designados, en medio de una maraña de leyes de amarre, concebidas todas para bloquear los cambios o hacerlos de tal forma que las estructuras de poder siguieran pétreas y girando sobre su propio eje. Si piensa en la lógica de Jaime Guzmán, está en lo cierto.
La figura de los expertos con derecho a voz y voto que la derecha plantea para evitar “desbordes” en este aún incierto proceso constituyente, es lesiva a uno de los principios esenciales de la democracia. Esto es que el poder originario reside en el pueblo de Chile, no en el Congreso. Su poder es delegado por el pueblo, son mandatados por éste para realizar una determinada función de orden legislativo, durante un periodo específico de tiempo, y al transferirlo a unos expertos, sea cual sea su número, se lesiona indefectiblemente la soberanía popular, uno de los pilares básicos de todo ordenamiento democrático.
El fondo cuenta tanto como la forma
Con respecto al primero, el modelo de tutelaje que la derecha chilena trae desde los tiempos de la dictadura, no termina sin embargo en la suplantación de la soberanía popular por la vía de expertos nominados a dedo. A las 12 bases que delimitan la redacción de la nueva Constitución, le sigue el órgano dirimente y la aprobación de 4/7 de la Cámara con ratificación del Senado, para recién, luego de todos esos filtros, llegar al Plebiscito de salida. ¿Cuál es la legitimidad democrática de un proceso así encorsetado?
Desde luego, contar con una Constitución nacida en democracia, que reemplace a la de Pinochet, es una aspiración que lleva 42 años. No cabe ninguna duda que el contexto el que nos encontramos es democrático; las autoridades han sido electas democráticamente, por votación popular y lo que cabe, en la elaboración de la Ley que regirá a todas las demás, es que esta sea ejemplarmente democrática. Solo eso permitirá que ésta cuente con legitimidad social y politica.
Y en términos de forma, ¿Cuál es la diferencia entre las actitudes tan criticadas a una minoría de ex Convencionales, respecto de aquellas otras que se suceden recurrentemente por parte de los honorables, y que le ganan de lejos en términos de grosería, maniobras de baja estofa incluyendo la violencia física? No nos perdemos en meterlos a todos en un mismo saco, eso no lo es ni en el caso del Congreso como tampoco lo fue en el de la Convención.
Pero si de verdad se busca que la nueva Constitución cuente con respaldo ciudadano, sea legitima y perdure varias décadas más, que aporte al desarrollo de Chile y disminuya las incertidumbres, el mejor camino es con más democracia y no con menos. Esto es, elección del 100% de los encargados de redactar la Constitución.
