El presente ensayo analiza el «Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social» (Boletín N°18.216-05) impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. A través de un cruce técnico entre el informe de la Corte Suprema, las proyecciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), la minuta del Centro de Estudios Públicos (CEP) y los datos de las «Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2026», se postula que la iniciativa configura una «paradoja de la certeza». Esta paradoja no se expresa solo en el plano jurídico, sino también en el plano fiscal y distributivo: mientras el proyecto promete seguridad para la inversión privada, desplaza hacia el Estado y la ciudadanía parte relevante de los riesgos financieros, ambientales e institucionales asociados a esa inversión. Bajo un lenguaje de urgencia y reconstrucción, se promueve una contrarreforma i-liberal que busca el desmantelamiento de las capacidades fiscalizadoras del Estado, la socialización de los riesgos privados y la institucionalización de una anemia fiscal que amenaza la sostenibilidad democrática, tecnológica y ambiental de las próximas generaciones.
El ascenso del i-liberalismo fiscal
En la actual gramática política chilena, las propuestas económicas suelen presentarse bajo el manto de una racionalidad técnica incuestionable. La reforma fiscal de José Antonio Kast se ofrece como una llave maestra de «crecimiento» y «eficiencia». Sin embargo, al confrontar sus pilares con la evidencia empírica regional —específicamente el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026»—, lo que emerge es una arquitectura de desmantelamiento estatal denominada i-liberalismo fiscal.
A diferencia del liberalismo clásico, que reconoce en el Estado un garante de las condiciones mínimas para la competencia, el i-liberalismo utiliza la institucionalidad para vaciar al Estado de sus capacidades protectoras, manteniendo un Estado selectivamente robusto para garantizar la rentabilidad privada y selectivamente débil para sostener derechos sociales y justicia ambiental. En este ensayo, se entiende por i-liberalismo fiscal no solo una política de reducción tributaria, sino una forma de reorganización institucional mediante la cual el Estado conserva su fachada legal-democrática, pero pierde capacidades efectivas de regulación, redistribución, fiscalización y protección social. Su rasgo central no es la ausencia de Estado, sino un Estado selectivamente fuerte para garantizar acumulación privada y selectivamente débil para proteger derechos sociales, ambientales y territoriales. El proyecto de «Reconstrucción Nacional» actúa, así como un «Caballo de Troya»: utiliza una emergencia moralmente inobjetable para introducir una megarreforma estructural que altera equilibrios institucionales sensibles.
El mito de la asfixia en un país de recursos limitados
El relato oficial sostiene que Chile padece de un Estado «obeso» e impuestos «asfixiantes». No obstante, los datos de la OCDE, CEPAL, CIAT y BID (2026) debilitan seriamente esta noción: en 2024, la recaudación promedio en América Latina y el Caribe (ALC) fue de apenas un 21,7% del PIB, frente al 34,1% del PIB en la OCDE.
Esta brecha de 12,3 puntos del PIB revela que Chile no parte de una situación de abundancia fiscal, sino de una base ya limitada. Este dato no prueba por sí solo todos los componentes de la situación fiscal chilena, pero sí sitúa el debate en una región estructuralmente marcada por una menor capacidad tributaria en comparación con las economías desarrolladas. Por eso, la discusión no puede partir del supuesto de una abundancia estatal incuestionable, sino de una pregunta más exigente: qué funciones públicas se debilitan cuando se reducen ingresos permanentes en un país que ya enfrenta restricciones sociales, territoriales y ambientales significativas. El CEP advierte que un punto adicional de crecimiento tiene efectos significativos, pero este no se obtiene automáticamente solo por rebajar impuestos. Proponer una reducción agresiva de ingresos permanentes —como la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%— en una región donde los ingresos reducidos ya restringen la capacidad estatal constituye una apuesta fiscal de alto riesgo, especialmente si sus beneficios dependen de un crecimiento futuro que no puede garantizarse por decreto. Aquí comienza a operar la dimensión distributiva de la contrarreforma. La pregunta ya no es solo si el Estado recauda más o menos, sino quién asume el costo de la apuesta cuando los beneficios proyectados no se materializan. Si la rebaja tributaria es inmediata y la compensación por crecimiento es futura e incierta, el riesgo se desplaza desde quienes reciben el alivio fiscal hacia el conjunto del presupuesto público.
«Robin Hood a la inversa»: La socialización de la precariedad
La arquitectura fiscal de Kast configura un mecanismo de «Robin Hood a la inversa». No se trata de un traspaso manual de dinero, sino de una transferencia fiscal indirecta: se reduce la caja pública que financia bienes colectivos para entregar alivios tributarios y condiciones preferentes al capital. “La metáfora”, por tanto, no debe entenderse como una acusación moral simplificada, sino como una descripción de arquitectura fiscal: cuando el Estado reduce ingresos permanentes sin asegurar una compensación equivalente y verificable, no desaparece el costo de financiar derechos, infraestructura y capacidades públicas; simplemente se desplaza hacia servicios más débiles, inversiones postergadas o mayores restricciones presupuestarias futuras.
La inviabilidad del proyecto reside en su profunda asimetría temporal. La rebaja de ingresos fiscales es inmediata y cierta; la mayor recaudación por crecimiento es gradual, futura y sujeta a una incertidumbre total. El CFA ha sido tajante: el proyecto generaría un déficit que podría alcanzar el 0,71% del PIB hacia 2030. El carácter disruptivo de la propuesta de Kast no solo reside en su regresividad distributiva, sino en la erosión de la Regla de Balance Estructural (RBE), un pilar de prudencia fiscal que ha definido la estabilidad macroeconómica de Chile desde el año 2001. Al financiar una rebaja inmediata de ingresos permanentes (como el IDPC) con la mera expectativa de un crecimiento futuro incierto, el proyecto tensiona la lógica de sostenibilidad de la RBE, la cual exige que los gastos se ajusten a los ingresos estructurales de largo plazo y no a proyecciones optimistas de dinamismo cíclico. Como advierte el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), este descalce institucionalizaría déficits persistentes de hasta un 0,71% del PIB hacia 2030, quebrando una tradición de décadas en la que la política fiscal actuó como un ancla de certidumbre. En este sentido, la reforma no solo hipoteca recursos, sino que desmantela el ‘seguro’ institucional que ha permitido a Chile navegar crisis internacionales sin comprometer su solvencia soberana. Si, además, el crecimiento proyectado por Hacienda —0,8 puntos adicionales— no se materializa, el costo podría terminar expresándose en el presupuesto público mediante listas de espera más largas en hospitales, menor mantenimiento de establecimientos educacionales y cobertura de alimentación escolar, reducción de capacidades fiscalizadoras o debilitamiento de programas de protección social. Esta transferencia indirecta no se agota en la rebaja tributaria. Su dimensión más profunda aparece cuando el proyecto extiende la lógica de protección al capital hacia el campo jurídico-regulatorio, convirtiendo la certeza jurídica en un posible mecanismo de traslado del riesgo privado hacia el Estado.
La paradoja de la certeza y el informe de la Corte Suprema
El proyecto promete «certeza jurídica» para atraer inversiones. El problema no es la certeza jurídica en sí misma. Todo Estado moderno requiere reglas claras, procedimientos previsibles, plazos razonables y menor arbitrariedad administrativa. La dificultad aparece cuando la certeza se define unilateralmente como protección del inversionista, sin equilibrarla con la certeza de las comunidades, del Fisco, de los tribunales, del medioambiente y de las generaciones futuras. Sin embargo, el informe técnico de la Corte Suprema sobre el Boletín N°18.216-05 revela una paradoja: al intentar blindar al inversor restringiendo la fiscalización, el proyecto termina incubando una incertidumbre jurídica sistémica.
La Corte advirtió que la regulación requiere «ajustes relevantes» porque no armoniza con el marco existente, especialmente respecto a la legitimación activa. De este modo, la certeza jurídica puede adoptar tres formas distintas. Una certeza democrática, basada en reglas claras y acceso equilibrado a la justicia; una certeza proinversionista, orientada a reducir riesgos para el titular privado; y una certeza regresiva, que aparece cuando la reducción del riesgo privado se obtiene mediante el debilitamiento de contrapesos institucionales o el traslado de costos hacia el Estado. Esto puede generar más litigiosidad y dudas sobre quién puede acudir a tribunales ambientales.
El punto más grave es el mecanismo de restitución de gastos directos y efectivos. El proyecto propone que, si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada judicialmente, el inversor pueda recuperar sus gastos. La Corte observa que el diseño se centra en cuánto devolver, pero no en si corresponde sustantivamente trasladar ese costo al Fisco. Esto transforma al Estado en un asegurador del riesgo regulatorio privado: las ganancias se privatizan, pero las pérdidas por autorizaciones ilegales se socializan mediante el erario público. La paradoja jurídica se convierte entonces en una paradoja distributiva. Si el Estado reduce ingresos permanentes, debilita controles y además puede asumir parte del riesgo regulatorio privado, la pregunta central pasa a ser quién sostiene fiscalmente ese nuevo equilibrio. En sistemas tributarios altamente dependientes del consumo, la respuesta tiende a recaer proporcionalmente sobre los hogares que tienen menor capacidad de ahorro y mayor dependencia de servicios públicos.
Justicia distributiva y el peso del IVA
El análisis de viabilidad política debe considerar quién sostiene hoy el funcionamiento de Chile. El informe OCDE 2026 señala que los impuestos sobre el consumo (como el IVA) generaron el 49,2% de los ingresos en ALC, frente al 31,2% en la OCDE. El IVA representa el 28,9% del total regional. En un sistema tributario donde el consumo cotidiano sostiene una parte relevante de la recaudación, la discusión no puede limitarse a cuánto pagan las empresas, sino a cómo se distribuye socialmente el esfuerzo fiscal. Cuando la rebaja al capital no va acompañada de una corrección del peso relativo del IVA, el pacto tributario se vuelve más regresivo no necesariamente por una transferencia visible, sino por una omisión estructural: se aliviana la carga de quienes tienen mayor capacidad de acumulación sin modificar la carga proporcional que enfrentan quienes consumen para sobrevivir.
Aliviar al capital sin modificar esta estructura regresiva profundiza la desigualdad: los sectores populares financian cotidianamente al Estado mediante el consumo, mientras los sectores de mayor capacidad reciben una reducción de carga en nombre de una inversión futura que el Estado termina asegurando. Pero la injusticia distributiva no se expresa únicamente en quién paga hoy más proporcionalmente. También se expresa en qué capacidades colectivas se dejan de construir para mañana. Un Estado con menor base fiscal no solo reduce prestaciones presentes; también limita su capacidad de anticipar transformaciones climáticas, tecnológicas, educativas y productivas que definirán la posición de Chile en el siglo XXI.
Educación, Clima e IA: Hipotecando el futuro tecnológico
La política fiscal no solo financia prestaciones sociales presentes; también determina la capacidad del Estado para producir futuro. Sin ingresos permanentes suficientes, no hay inversión sostenida en ciencia, infraestructura digital, formación avanzada, transición energética ni adaptación climática. Por eso, una contrarreforma tributaria no debe evaluarse solo por su impacto contable inmediato, sino por las capacidades estratégicas que puede impedir construir.
El impacto de esta anemia fiscal es crítico para las próximas generaciones, especialmente en la construcción de capacidades estratégicas para el siglo XXI:
Sostenibilidad Ambiental: En un mundo donde la sostenibilidad es factor de competitividad, debilitar la institucionalidad ambiental para acelerar permisos no es modernización, sino un atraso estratégico.
La Brecha del Conocimiento e IA: El BID (2026) advierte sobre la fuga de talento y la falta de infraestructura avanzada en la región. Mientras los líderes mundiales forman entre 8 y 15 doctores en IA por millón de habitantes, en ALC la cifra no supera los 2 doctorados. Un Estado anémico, privado de ingresos permanentes, será incapaz de financiar los centros de datos soberanos y la supercomputación necesarios para que Chile no sea un mero consumidor pasivo de tecnología extranjera.
Esta discusión se vuelve aún más delicada en un contexto de rigideces presupuestarias y obligaciones sociales crecientes. Si una parte significativa del gasto público está comprometida en salud, pensiones, educación, emergencias, inversión territorial y programas permanentes, cualquier reducción de ingresos estructurales exige una justificación especialmente robusta. En ese escenario, la pregunta no es solo dónde se recorta, sino qué capacidades estatales se vuelven inviables cuando se estrecha deliberadamente la base fiscal. La reconstrucción, en sentido estricto, debería fortalecer la capacidad pública frente a emergencias; no convertirse en el vehículo de una reorganización fiscal y regulatoria que reduzca protecciones ciudadanas bajo el lenguaje de la eficiencia.
El costo de un pacto social fracturado
La reforma de José Antonio Kast es una contrarreforma regresiva anclada en dogmas que ignoran la realidad estadística y ambiental de 2026. Al apostar el financiamiento de derechos sociales a promesas de crecimiento incierto y transformar al Estado en un asegurador subsidiario del capital, el proyecto arriesga institucionalizar una precariedad permanente. El problema no es que el país busque inversión, crecimiento o eficiencia administrativa. El problema es que esos objetivos se persigan mediante una arquitectura que reduce ingresos permanentes, debilita capacidades regulatorias y desplaza riesgos privados hacia el conjunto de la sociedad. Cuando la modernización se construye sobre esa base, deja de ser una promesa de desarrollo compartido y se convierte en una forma de regresión institucional.
Chile necesita reconstruirse, pero no sobre las ruinas de su justicia ambiental ni sobre la fragilidad de su presupuesto público. La verdadera modernización requiere un Estado inteligente y fuerte allí donde se juegan la cohesión social y el desarrollo tecnológico. El futuro de Chile y de sus próximas generaciones no puede ser el precio de una ilusión de crecimiento que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas en una cornisa de alto riesgo.
Bibliografía de Referencia
- OECD et al. (2026). Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026. OECD Publishing, Paris.
- Corte Suprema de Chile (2026). Informe sobre el Proyecto de Ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social (Boletín N°18.216-05).
- Centro de Estudios Públicos (2026). «Crecimiento futuro versus déficit presente: la gran apuesta de Hacienda». Voces del CEP N°27.
- Consejo Fiscal Autónomo (2026). Análisis sobre la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas ante el Proyecto de Reconstrucción Nacional.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2026). Modelo de referencia para políticas de IA en el sector público de América Latina y el Caribe.
