Editora Internacional Página 19
En medio de una crisis social y protestas que se extienden ya por tres semanas con un saldo de cientos de detenidos, varios heridos y 3 muertos por bloqueos de carreteras, desabastecimiento de combustible y alimentos en ciudades clave como El Alto y La Paz, el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, ofreció este jueves una extensa rueda de prensa en el que defendió sus primeros seis meses de gestión, anunció una reestructuración de su gabinete y lanzó la convocatoria a un “Consejo Económico y Social” como mecanismo para canalizar el diálogo y evitar más paralizaciones.
La declaración, que se extendió por casi dos horas, muestra a un mandatario consciente de la fragilidad del momento pero firme en su diagnóstico: Bolivia está en un “punto de inflexión”, pasando de un “modelo vinculado a un solo partido” durante las últimas 2 décadas a una nueva etapa de “diversidad política”. Sin embargo, según su autocrítica, la transición no está siendo lo pacífica que esperaba.
Rodrigo Paz: “El bloqueo es sinónimo de muerte”
El presidente no escatimó en críticas hacia las movilizaciones que mantienen bloqueadas rutas estratégicas. Con un tono que mezcló la indignación y apelando a la responsabilidad humanitaria, señaló culpando a los bloqueadores por el fallecimiento de al menos dos personas -una mujer en Guanay y una joven en El Alto- por la falta de acceso a ambulancias.
“El bloqueo es sinónimo de muerte. Si somos un país con cultura por la vida, no puede generar daños irreversibles en familias”, sentenció, al tiempo que pidió un “corredor humanitario” para garantizar oxígeno, alimentos y combustible. El mandatario insistió en que su gobierno no aplicará una “ley de antibloqueos” ni reprimirá, sino que privilegiará la mesa de diálogo, aunque advirtió: “No voy a dialogar con vándalos”.
Para canalizar las demandas de los sectores movilizados -que incluyen desde indígenas afectados por la ley 17/20 hasta gremiales y cívicos- el presidente anunció la convocatoria inmediata (para este fin de semana) a un Consejo Económico y Social, amparado en el artículo 312 de la Constitución. La idea es que sea un espacio mensual, sin exclusiones ideológicas, donde se debatan leyes y proyectos “artículo por artículo”.
“No vamos a privatizar, no hay tarifazos, no hay impuesto del 5% a la papa”, aclaró, desmintiendo lo que llamó “campañas de desinformación”. El objetivo, dijo, es construir un “modelo de crecimiento inclusivo” basado en la reconciliación, la solidaridad, el diálogo y la cooperación.
Este discurso refleja la complejidad del momento que vive el pueblo boliviano. Por un lado, el gobierno busca consolidar un nuevo orden tras dos décadas de hegemonía del movimiento oficialista anterior; por otro, enfrenta una oposición fragmentada pero activa, que combina reclamos legítimos con acusaciones de intento de “quiebre democrático”.
La convocatoria al Consejo Económico y Social será una prueba de fuego. Si los sectores movilizados aceptan sentarse a dialogar, podría abrirse una vía de desescalada. Si persisten los bloqueos, el gobierno ya dejó entrever que no descarta medidas constitucionales más duras. Mientras tanto, El Alto y La Paz esperan que el oxígeno, el pollo y el diésel lleguen pronto, y que el diálogo no llegue demasiado tarde.
Un gobierno de 6 meses frente a “245 meses de régimen”
Uno de los puntos más fuertes de la alocución presidencial fue su comparación con los gobiernos anteriores. El presidente aseguró que su administración recibió un país sin reservas hidrocarburíferas, con una economía distorsionada y una “caja chica” en el Banco Central: “Nos dijeron que nos iban a dejar un mejor país, pero ocurrió todo lo contrario”, afirmó, subrayando que en medio año han logrado estabilizar el dólar, combatir la corrupción (eliminando las compras directas) y frenar el contrabando de combustibles, lo que habría afectado a “grupos de poder” que obtenían ganancias “ilícitas”.
Frente a las críticas que le exigen elecciones anticipadas o su renuncia, el presidente fue tajante: “Llevamos sólo 6 meses, no 20 años. La democracia no se doblega con bloqueos, sino con votos”.
Ahora bien, en el plano internacional, el mandatario agradeció el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de países como Argentina, Chile y Estados Unidos, cuyo secretario de Estado mencionó que “está en marcha un golpe de Estado” en Bolivia, vinculando a las protestas con el crimen organizado y el narcotráfico.
El momento de mayor tensión fue el duro anuncio sobre la salida de la embajadora de Colombia. El presidente calificó a su homólogo Gustavo Petro de tener una conducta “irreprochable” y “antidemocrática” por sus críticas. “Petro se confunde. La embajadora se va porque representa la voluntad antidemocrática”, dijo, aunque aclaró que su relación es con el pueblo colombiano, que le brindó exilio durante las dictaduras. El gobierno chileno y el brasileño, en cambio, fueron destacados como socios estratégicos.
