Francisco J. Flores R. Psicólogo.
El programa presentado por Carolina Tohá para las primarias del oficialismo representa un avance importante en la discusión presidencial del progresismo. Su sola existencia constituye una señal de seriedad, vocación de gobierno y respeto por la ciudadanía. No se trata — como ocurre tantas veces— de una colección de promesas, envasadas, sino de un intento por articular un proyecto de país que reconozca los desafíos actuales sin caer en atajos conocidos: el populismo de ocasión o el diagnóstico obsoleto.
Tohá ha ordenado su propuesta en tres propósitos: progreso, seguridad y bienestar compartido. Desde la perspectiva socialista, es posible valorar en este documento varias líneas que conectan con tradiciones propias del socialismo chileno: la centralidad del Estado como garante de derechos, la necesidad de una reforma tributaria para sostener un nuevo pacto social, el reconocimiento de la crisis climática como fenómeno estructural, y una comprensión amplia del bienestar que no se reduce al ingreso, sino que abarca seguridad, servicios públicos robustos y vínculos sociales sostenibles.
Es también destacable la voluntad de articular gobernabilidad y cambio, dos conceptos que el discurso político tiende a oponer con relativa facilidad, como si la estabilidad fuera incompatible con las transformaciones sociales.
Pero quizás uno de los mayores méritos del texto es que no pretende clausurar el debate. Como la propia candidata ha señalado, se trata de un anteprograma: no una síntesis cerrada ni un recetario definitivo, sino una invitación abierta. Y esa disposición —la de someter las propuestas a la deliberación política y ciudadana— constituye, en un tiempo de soluciones rápidas y eslóganes vacíos, un gesto, por eso mismo, valioso.
En esa línea, el Partido Socialista ha organizado jornadas de análisis y discusión, no solo para expresar respaldo, sino también para contribuir a este esfuerzo. Porque si algo ha aprendido el socialismo es que un programa de gobierno es, por definición, una obra colectiva. Y de esos encuentros han surgido propuestas concretas, que enriquecen el texto y lo devuelven a lo que debe ser: un punto de partida, no un cierre anticipado.
Por ejemplo: avanzar hacia un modelo de desarrollo que no se limite a corregir desigualdades mediante los mecanismos redistributivos tradicionales —como los subsidios—, sino que promueva un crecimiento sostenido, con productividad e inclusión social, sobre la base de un uso responsable de los recursos públicos. Un modelo que comprenda que la sostenibilidad —ambiental, fiscal y social— no es un complemento, sino una condición esencial para el progreso y el bienestar.
También se vuelve imprescindible articular con mayor densidad la seguridad ciudadana y la cohesión social. Porque sin comunidad, no hay seguridad posible. Del mismo modo, se requiere una mirada más robusta sobre la salud como derecho y como sistema, que incluya su dimensión subjetiva y preventiva: la salud mental no puede seguir alojada en los márgenes de la planificación sanitaria.
Y, de forma aún más urgente, el programa debiese mirar de frente al mundo del trabajo. No como una mera variable económica, sino como el núcleo mismo de cualquier proyecto progresista. El trabajo no puede seguir siendo el lugar de la incertidumbre, la sobrecarga y la invisibilidad. Si no se dignifica el trabajo, hablar de justicia social será solo una consigna vacía.
Ahora bien, no basta con trazar objetivos. No se trata solo de acumular datos o estadísticas, sino de formular una pregunta de fondo: ¿qué noción de bienestar y de progreso se quiere promover? ¿Un repertorio más amplio de derechos o un modo de existencia menos fragilizado por la competencia?
Recordarlo es clave, porque la política no solo organiza medios y fines, sino que también atribuye sentido. Y ese sentido —tan escaso como necesario— no emerge de los diagnósticos ni de las cifras, sino de la capacidad de articular aspiraciones colectivas que no se agoten en lo plausible. De lo que se trata, en última instancia, es de recuperar lo que el neoliberalismo desactivó con mayor eficacia: la posibilidad de lo nuevo y, con ella, las coordenadas desde las que volvemos a pensar lo deseable, lo posible y lo necesario.
También asoma la pregunta habitual: ¿este programa representa una continuidad o una superación del gobierno del que la propia candidata fue parte? La respuesta, aunque no formulada de manera explícita, se insinúa en el tono y en la arquitectura del texto. No hay ruptura, pero tampoco una defensa incondicional. Hay, más bien, una voluntad de proyectar aprendizajes, de capitalizar lo hecho, de corregir lo que no funcionó y de reconocer los límites sin convertirlos en reproche. Plantear esa disyuntiva como una oposición irreconciliable es un gesto estéril, sobre todo cuando los desafíos del país —por lo que se ha hecho y por lo que no se pudo hacer— ya no son exactamente los mismos.
Por eso, más que tachar ausencias, el desafío es otro: prolongar el gesto político que ya se ha iniciado: enriquecer el programa para que sea también, expresión del país que queremos. Uno que no se construye en soledad ni en nombre de nadie, sino con otros: con los de siempre y con los que vendrán. Ese es, al fin, el espíritu más genuino de un socialismo democrático: transformar con responsabilidad, gobernar con convicción, proponer sin temor a escuchar.
