Las recientes medidas de recorte fiscal y fortalecimiento de incentivos al capital en Chile se implementan en un contexto de bajo crecimiento y aceleración tecnológica, donde la inversión privada tiende a orientarse hacia la automatización más que a la generación de empleo. En este escenario, la reducción del rol del Estado como agente redistributivo puede profundizar la precarización laboral, incrementar el desempleo estructural y expandir la informalidad, configurando riesgos relevantes para la estabilidad económica y social en el mediano plazo.
En Chile, el debate económico reciente ha sido presentado como una discusión técnica: equilibrio fiscal, eficiencia del gasto, incentivos a la inversión y disciplina macroeconómica. Bajo ese lenguaje, aparentemente neutral, se han impulsado decisiones de alto impacto —recorte fiscal horizontal del 3%, reducción del impuesto corporativo del 27% al 23% y eliminación de mecanismos de estabilización como el MEPCO— que se justifican en la necesidad de reactivar el crecimiento y mejorar el bienestar de las personas. Esta promesa de reactivación vía incentivos tributarios debe leerse, además, en un contexto regional adverso. La CEPAL proyecta para América Latina y el Caribe un crecimiento de apenas 2,3% en 2026, confirmando una secuencia prolongada de bajo dinamismo. Al mismo tiempo, subraya que el consumo privado sigue siendo el principal motor del crecimiento, aunque con menor impulso. Debilitar la demanda interna y el gasto público en este contexto no solo afecta la cohesión social, sino que también reduce las bases mismas de una recuperación sostenida. Sin embargo, cuando se observa con mayor detenimiento la estructura y el contexto en que estas medidas se implementan, emerge una tensión más profunda: no estamos frente a un simple ajuste, sino ante una reconfiguración del modelo económico que podría tener efectos significativos sobre la estabilidad social en el mediano plazo.
El problema no radica únicamente en las medidas en sí, sino en la forma en que estas interactúan con las condiciones actuales del capitalismo y de la economía chilena. En un escenario caracterizado por bajo crecimiento —proyecciones del Banco Central de Chile en torno a 1,5%–2,5%—, debilitamiento de la demanda interna y aceleración de procesos de automatización, la reducción del rol del Estado y la transferencia de incentivos al capital privado no necesariamente generan el círculo virtuoso que se promete. Por el contrario, pueden contribuir a consolidar un patrón de vulnerabilidad económica que tensiona las bases mismas de la cohesión social.
Uno de los supuestos centrales que sostienen el actual programa económico es que la reducción de impuestos a las grandes empresas incentivará la inversión, lo que a su vez generará empleo y, finalmente, mayor recaudación fiscal. Sin embargo, la evidencia empírica comparada muestra que esta relación no es automática. La inversión no depende únicamente de la carga tributaria, sino también de las expectativas de demanda. En una economía donde el consumo representa cerca del 60% del PIB, y donde los ingresos de los hogares están presionados por el alza del costo de la vida, resulta difícil sostener que la inversión privada aumentará de manera significativa solo por una reducción impositiva.
Pero incluso si aceptáramos que la inversión efectivamente aumenta, surge una segunda pregunta, aún más relevante: ¿en qué se invierte? En el capitalismo contemporáneo, caracterizado por la digitalización y la inteligencia artificial, la inversión ya no se orienta prioritariamente a expandir el empleo, sino a aumentar la productividad mediante la reducción de costos laborales. Es decir, a automatizar.
Esta tendencia no es meramente teórica. Un estudio del Barómetro Laboral y Previsional (2025), basado en datos PIAAC de la OECD, muestra que en Chile el 55% de los trabajadores declara realizar tareas cortas y repetitivas, el porcentaje más alto entre los países comparados en ese análisis. El mismo estudio advierte que estas tareas son las más expuestas a automatización y, además, tienden a asociarse a menores salarios. En otras palabras, la estructura ocupacional chilena ya presenta una base laboral especialmente vulnerable a procesos de sustitución tecnológica.
Este punto es fundamental. En la fase actual del capitalismo, la relación entre inversión y empleo se ha debilitado. Empresas que invierten en tecnología pueden producir más con menos trabajadores. La OECD (2023) estima que entre 14% y 27% de los empleos en economías desarrolladas son altamente automatizables, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo ha advertido que América Latina presenta una exposición significativa a estos procesos debido a la estructura de su mercado laboral. La automatización no es una anomalía, sino una tendencia estructural.
“Sé tu propio jefe”
Como lo planteó Karl Marx y lo retoma David Harvey (2003), el capital compite permanentemente por reducir costos y aumentar eficiencia. Y en ese proceso, el trabajo humano se vuelve progresivamente sustituible en múltiples sectores. El resultado es una paradoja: las mismas políticas que buscan dinamizar la economía pueden contribuir a debilitar el mercado laboral.
Si las empresas invierten en automatización en lugar de contratar trabajadores, el crecimiento no se traduce en empleo, y sin empleo no hay ingresos estables, y sin ingresos no hay consumo. Así, la promesa de que la reducción de impuestos generará bienestar general comienza a tensionarse empíricamente.
En este contexto, el mercado laboral no necesariamente colapsa, pero sí se transforma. El desempleo abierto puede mantenerse en niveles relativamente estables —en torno al 8,3%—, pero lo que crece es la informalidad, Según el INE la tasa de ocupación informal en Chile se sitúa en el 26,4%. Es aquí donde aparece una de las narrativas más características del neoliberalismo contemporáneo: la idea de que cada individuo debe convertirse en su propio empresario.
El “sé tu propio jefe” no es simplemente un eslogan motivacional. Es, en muchos casos, la forma en que el sistema absorbe a quienes quedan fuera del empleo formal. Personas que no encuentran trabajo estable se ven obligadas a generar ingresos por cuenta propia, en condiciones de alta incertidumbre, sin protección social y con baja productividad. La CEPAL ha advertido que la informalidad en la región está asociada a menores niveles de ingreso, baja productividad y ausencia de protección social, configurando trayectorias laborales estructuralmente frágiles.
Aquí se configura una primera dimensión de la vulnerabilidad: trabajadores que, desplazados por la automatización o excluidos del empleo formal, deben insertarse en una economía informal donde los ingresos son inestables y los riesgos son individuales. Pero esta no es la única dimensión.
La segunda dimensión se relaciona con el propio Estado. Las políticas de ajuste no solo reducen el gasto público, sino que también disminuyen la recaudación fiscal. La combinación de rebajas tributarias —estimadas en alrededor de US$ 4.393 millones anuales (≈1,2% del PIB)— y recortes de gasto cercanos a US$ 3.800 millones implica que el Estado dispone de menos recursos para cumplir sus funciones redistributivas y de protección social.
Este doble movimiento —menor capacidad fiscal y mayor exposición individual— es particularmente problemático en un contexto donde la inversión en capacidades estructurales ya es baja. Según la OECD (2023), Chile invierte apenas 0,34% del PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio de la OCDE (≈2,7%). Esto limita la capacidad del país para desarrollar innovación propia y adaptarse estratégicamente a la revolución tecnológica.
El resultado tiende a configurar lo que puede denominarse una “economía de vulnerabilidades”. No se trata únicamente de pobreza o desigualdad en términos tradicionales, sino de una condición estructural en la que amplios sectores de la población viven en un estado de incertidumbre permanente. Cualquier shock —un alza en los combustibles, una enfermedad o una caída en la demanda— puede tener consecuencias desproporcionadas sobre su bienestar.
La eliminación de mecanismos como el MEPCO refuerza esta tendencia. Este instrumento permitía amortiguar las variaciones internacionales del precio del petróleo. Sin él, los hogares quedan expuestos directamente a la volatilidad externa, lo que impacta no solo el gasto en transporte, sino también el costo de bienes y servicios a lo largo de toda la cadena productiva.
Desde la perspectiva de David Harvey (2003), este tipo de procesos puede interpretarse como una forma de “acumulación por desposesión”, entendida como la transferencia de recursos y riesgos desde la sociedad hacia el capital a través de mecanismos institucionales y económicos. No se trata de una expropiación directa, sino de un desplazamiento progresivo de costos hacia los individuos, mientras la estructura del capital se vuelve más eficiente y concentrada.
Este fenómeno adquiere una dimensión aún más compleja cuando se considera el contexto social. El PNUD ha advertido que la inseguridad económica y la percepción de vulnerabilidad son factores clave en el deterioro de la cohesión social. No es solo la desigualdad objetiva lo que importa, sino la percepción de fragilidad y falta de control sobre el propio futuro.
La historia reciente de Chile ofrece una advertencia clara. El estallido social de 2019 evidenció que incluso en contextos de estabilidad macroeconómica pueden emerger tensiones profundas cuando las expectativas de bienestar no se corresponden con la experiencia cotidiana.
Hoy, algunos de esos elementos reaparecen bajo nuevas formas: precarización laboral, aumento del costo de la vida y debilitamiento del rol del Estado. El problema se vuelve aún más delicado si se considera que los sistemas de protección ya operan con límites significativos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que las transferencias monetarias cubren, en promedio, solo 33% de la brecha de pobreza, mientras solo 55% de la población en situación de pobreza accede efectivamente a estos apoyos. Esto indica que incluso antes de nuevos recortes fiscales, la capacidad redistributiva es parcial.
La combinación de estos factores no implica necesariamente un conflicto inmediato, pero sí configura un escenario de riesgo en el mediano plazo. No se trata de afirmar que las actuales políticas conducirán inevitablemente a una crisis social, sino de advertir que existe una tensión estructural que, de no ser abordada, puede erosionar la estabilidad.
Todo esto ocurre, además, sobre una base social ya tensionada por desigualdades persistentes en ingresos, pobreza multidimensional y brechas territoriales, tal como muestran los resultados de CASEN 2024. El punto no es solo que el ajuste recaiga sobre hogares con menos margen de protección, sino que lo haga en una sociedad que ya presenta vulnerabilidades diferenciadas y no resueltas.
La economía no es solo un sistema de producción, sino también un sistema de expectativas. Cuando esas expectativas se ven frustradas de manera sistemática, lo que se debilita no es solo el ingreso, sino la confianza.
Y cuando la confianza se erosiona, la estabilidad deja de ser un dato y se transforma en una incógnita.
