Periodista y Psicóloga.
Un amigo pediatra que trabajó en el Hospital Sotero del Rio durante la Dictadura de Pinochet me recuerda que en esas épocas él llevaba su estufa eléctrica para temperar la sala de recién nacidos porque el frio era polar y no había presupuesto para la calefacción que requerían esos seres tan pequeños y desvalidos de la zona sur de la capital. También llevaba otros implementos que escaseaban, pero lo más importante era darles calor a esas guagüitas, generalmente de bajo peso.
Hoy me dice que nunca imaginó -nadie lo hizo- que, ya en democracia, esos tiempos podían volver. Pero ocurrió.
Como ya se ha hecho costumbre, el gobierno de José Antonio Kast decidió hacerle la vida más imposible a los chilenos de a pie, implementado un fatídico recorte en salud. La última semana supimos con estupor que el Ministro Quiroz y su escudero Kast decidieron impulsar -entre cientos de otras- una medida tan devastadora como el recorte del 2,5% al presupuesto del Ministerio de Salud. Ello implica que se quitarán más de $413 mil millones a hospitales y centros de salud públicos de todo el país. Entre ellos, al Sótero del Rio y Hospital El Salvador, en la capital chilena, y el Gustavo Fricke en Viña del Mar.
Para dimensionar la magnitud de la debacle, hay que recordar que el Sotero del Río es, probablemente, el hospital público con mayor presión asistencial del país, e incluso de America Latina. Atiende, entre otras comunas, a Puente Alto, La Florida, La Pintana, San Ramón, Pirque, San José de Maipo, acercándose su población usuaria a casi 2 millones de personas, contando con más de 5.000 funcionarios. Por su parte, el Hospital Salvador atiende principalmente al sector oriente de Santiago y su población beneficiaria supera las 720 mil personas, en tanto el Hospital Dr. Gustavo Fricke es el principal hospital público de alta complejidad de la zona Viña del Mar–Quilpué y uno de los más importantes de regiones, contando con alrededor de 450 camas de alta complejidad y una red enorme de derivación regional.
Es por ello que quitarles un 2,5% de sus presupuestos es una catástrofe en marcha. Para la mayoría de los chilenos que viven con el sueldo mínimo o un poco más, esta baja de presupuesto no es solo un ajuste “técnico” o “contable”. Es más bien una señal política y emocional muy profunda: la sensación de que el Estado deja más desprotegidas a las personas justo en uno de los ámbitos más vulnerables. Hay que tener en cuenta que la salud pública ya viene tensionada desde hace años por largas listas de espera, hospitales saturados, falta de especialistas, crisis en atención primaria o agotamiento del personal sanitario.
Por eso, cuando se anuncia un recorte, gran parte de la ciudadanía no escucha “eficiencia”, escucha “habrá menos atención”, “tendré que esperar más”, “mi operación se atrasará”, “solo se salvará quien pueda pagar”.
El actual “ajuste” al presupuesto de la salud pública ha generado críticas transversales de alcaldes y gremios médicos, quienes han advertido brutales impactos en hospitales y en la atención primaria. Para dar a entender su angustia, un grupo de ediles llegó a manifestarse a La Moneda portando un ataúd… El problema es que nadie parece querer escuchar a quienes deben lidiar con el dolor de aquellos que solo cuentan con la salud estatal para no quedar en el camino…
Psicológicamente, la medida toca algo muy sensible en la sociedad chilena: el miedo al abandono. En un país donde la población está envejeciendo, las enfermedades crónicas aumentan y muchas familias ya sienten que el costo de vivir supera sus ingresos, la salud representa mucho más que hospitales. Representa seguridad existencial. Por eso el debate es tan intenso y desgarrador.
Para la derecha gobernante, el argumento es que “el Estado debe gastar mejor y eliminar ineficiencias”. El gobierno ha llegado a decir que “con menos se puede hacer más”. Pero para gran parte de la ciudadanía y de los trabajadores de la salud, el temor es otro. La “eficiencia” puede terminar significando menos médicos, menos insumos o más demora.
Hay también otra dimensión simbólica muy fuerte. Cuando un país recorta salud, muchas personas sienten que se está priorizando la economía por sobre la vida cotidiana. Y ahí aparece una pregunta muy obvia: “¿Quién paga realmente el ajuste?” Porque en la práctica, quienes más dependen del sistema público son los adultos mayores, los sectores populares, la clase media endeudada y personas con enfermedades complejas. En tanto, quienes tienen más recursos, pueden atenderse en clínicas privadas a través de sus Isapres. Por eso este tema conecta con la desigualdad estructural, el miedo social, la idea de que el acceso a derechos depende cada vez más del dinero.
Varios analistas han advertido que la discusión sobre salud puede transformarse en un conflicto político mayor, porque toca una experiencia cotidiana y emocionalmente muy concreta para millones de personas.
Lo que teníamos
No siendo una maravilla, hasta hoy, la salud chilena ocupa una posición bastante particular en América Latina. De hecho, en varios indicadores está entre los mejores de la región. Sin embargo, no logra alcanzar plenamente los estándares de los países desarrollados de la OCDE. Chile suele aparecer como un país “intermedio avanzado”, pero todavía lejos de Europa occidental o los sistemas nórdicos ya que gasta menos por persona que los países ricos, tiene menos médicos por habitante y tiempos de espera mucho peores.
Comparado con la OCDE y Europa, Chile baja varios puestos siendo su principal debilidad el tiempo de espera para cirugías y especialistas. En algunas operaciones, la media supera los 300 días. Asimismo, las familias chilenas todavía pagan mucho en medicamentos, bonos, exámenes, consultas. En suma, Chile tiene menor cobertura financiera que el promedio OCDE, lo que genera una fuerte sensación de inseguridad. Miles de personas sienten que enfermarse puede arruinar económicamente a su familia.
Pero también es cierto que nuestro país se ha destacado históricamente en áreas muy relevantes de la salud pública como la alta esperanza de vida –entre 80 y 81 años-, una de las más altas de América Latina. Eso lo ha puesto por encima del promedio latinoamericano y cerca del promedio OCDE, compitiendo en la región con Costa Rica, Uruguay y, en algunos años, con Cuba.
Comparado con América Latina, Chile suele estar suele estar entre los mejores también en campañas de vacunación, mortalidad infantil, infraestructura y control de enfermedades. Otra área clave en la que ha sido superior es en atención primaria y ha contado con una fuerte cobertura sanitaria, con cerca del 97% de la población atendida, cifra mucho mejor que varios países latinoamericanos donde millones quedan fuera del sistema o dependen de atención extremadamente precaria.
El gran problema es que existe una gran contradicción porque nuestro país tiene buenos indicadores en salud pero mucha desigualdad. Este es probablemente el rasgo más característico de nuestro sistema sanitario. Una persona con recursos puede acceder a clínicas modernas, tecnología avanzada, especialistas rápidos, atención comparable a países desarrollados. Pero alguien que depende exclusivamente del sistema público, puede enfrentar largas listas de espera, meses o años por cirugías, falta de especialistas, y atención saturada.
Es por esta razón que muchos expertos dicen que en Chile “hay salud de primer mundo y espera de tercer mundo coexistiendo en el mismo país”.
En Chile también hay mucha desigualdad territorial ya que la calidad de la atención cambia mucho entre Santiago y regiones, entre zonas urbanas y rurales, entre comunas ricas y pobres.
En el ámbito de la salud mental también hay graves problemas ya que tenemos altos niveles de depresión, ansiedad, estrés, consumo de psicofármacos y el llamado fenómeno del “burnout” (fundirse) y la red pública de salud mental sigue siendo insuficiente.
En cierto modo, el sistema de salud chileno refleja al país: modernizado, técnicamente eficiente en varias áreas, pero profundamente desigual. Por ello la discusión sobre salud en Chile no es solo médica. Es una discusión sobre dignidad, clase social, miedo, envejecimiento. En suma, qué significa realmente tener derechos sociales en una sociedad de mercado.
Épocas de gloria
La salud chilena ha tenido diversas fortalezas en distintas épocas pero hay, al menos, tres grandes momentos que destacan historiadores, médicos y analistas al hablar de los “mejores períodos”.
El primero fue el gran salto sanitario del siglo XX, que se dio entre 1930 y 1973. Muchos especialistas consideran que en ese periodo se construyó la base más sólida de la salud pública chilena porque Chile pasó de ser un país con altísima mortalidad infantil, epidemias frecuentes, tuberculosis, desnutrición, pobreza extrema y expectativa de vida muy baja a convertirse gradualmente en uno de los sistemas sanitarios más avanzados de América Latina.
Un hito clave de este periodo fue la creación, en 1952, del Servicio Nacional de Salud, que se constituyó en uno de los sistemas públicos más ambiciosos de la región y una inspiración para otros países latinoamericanos ya que unificó hospitales, vacunación, atención primaria, programas materno infantiles, prevención y salud rural.
Se la recuerda como una “época dorada” porque hubo avances enormes respecto del aumento de la esperanza de vida y la formación masiva de médicos y matronas. Y además se fundó en la convicción de que la salud era un derecho social, lo que marcó profundamente la identidad sanitaria chilena.
Otro periodo luminoso se dio en los años 90 y comienzos de los 2000 ya que después de la dictadura, Chile aumentó fuertemente la inversión social. Aquí se produjo la modernización hospitalaria, la expansión de consultorios, se invirtió en más tecnología y en mejora de infraestructura.
Un momento muy importante en este periodo fue la creación del AUGE/GES en 2005, que comenzó a garantizar tratamiento para casi un centenar de enfermedades prioritarias, lo que implicó un avance enorme en acceso y garantías explicitas.
Sin embargo, aunque los indicadores mejoraron mucho técnicamente, desde el 2010 -coincidiendo con la llegada del gobierno de Piñera- empezó a crecer el malestar por las listas de espera, la percepción de desigualdad, el colapso hospitalario y la crisis de las ISAPRES. En ese periodo ocurrió a algo paradójico. Chile tenía mejores indicadores objetivos pero muchas personas empezaron a sentirse más inseguras respecto del sistema.
Según los expertos, hay una dimensión emocional respecto de la salud pública de nuestro país. Durante décadas, fue parte del orgullo nacional por sus campañas sanitarias, la medicina preventiva, los programas infantiles. Era la idea de un Estado protector. Pero con el tiempo, la creciente diferencia entre quien puede pagar y atenderse rápido y quien debe esperar fue erosionando esa sensación colectiva.
Es por ello que la discusión sobre salud en Chile suele tocar algo muy profundo: no solo cuánto vive la gente, sino cuánto siente que vale su vida según su nivel de ingresos.
Obviamente, esto se hará crítico con las nuevas políticas del gobierno de Kast respecto de la salud de los chilenos. Y no habrá cuerpo que aguante tanta falta de querer, como diría Mon Laferte.
