Introducción: una disputa sobre el lugar del ser humano
La expansión acelerada de la inteligencia artificial está transformando la economía, el trabajo, la educación, las comunicaciones y las relaciones de poder dentro de las sociedades contemporáneas. No se trata únicamente de la aparición de nuevas máquinas capaces de ejecutar tareas con mayor rapidez. La transformación es más profunda, porque los sistemas algorítmicos comienzan a intervenir en decisiones que afectan directamente la vida de las personas: seleccionan trabajadores, evalúan riesgos crediticios, clasifican consumidores, distribuyen información, organizan procesos productivos y reemplazan actividades intelectuales que durante mucho tiempo se consideraron exclusivamente humanas.
La inteligencia artificial abre oportunidades indiscutibles. Puede mejorar diagnósticos médicos, facilitar procesos educativos, reducir tareas repetitivas y ampliar las capacidades científicas y productivas. Pero también puede concentrar poder, aumentar las desigualdades y debilitar la posición de quienes dependen de su trabajo para vivir. Una empresa puede aumentar considerablemente su productividad sin crear una cantidad equivalente de empleos. Una plataforma puede controlar mercados completos mediante la acumulación de datos. Un algoritmo puede influir sobre las posibilidades de una persona sin que esta comprenda cómo fue evaluada ni tenga capacidad real para impugnar la decisión.
En este escenario, la discusión sobre la inteligencia artificial no puede limitarse a la innovación ni a la competitividad. Obliga a recuperar una pregunta política y filosófica anterior: ¿para qué existe la economía y qué lugar ocupa la persona dentro de ella? La respuesta no es evidente. Una sociedad puede desarrollar tecnologías sofisticadas y, al mismo tiempo, aumentar la inseguridad de quienes la integran. Puede crecer y producir más riqueza, pero distribuirla de tal manera que una parte importante de la población experimente esa modernización como amenaza y no como progreso.
Esta disputa adquiere una relevancia particular en el Chile gobernado por José Antonio Kast y conducido económicamente por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz. El gobierno ha presentado su proyecto como un esfuerzo destinado a recuperar el crecimiento, restablecer la autoridad, ordenar las cuentas públicas y devolver confianza a la inversión privada. En su relato, Chile habría perdido dinamismo debido a una combinación de incertidumbre política, exceso regulatorio, debilitamiento de la autoridad y expansión de expectativas sociales que el Estado ya no estaría en condiciones de financiar.
El cientista político Claudio Fuentes ha ofrecido una interpretación que permite observar esta orientación más allá de sus componentes estrictamente económicos. Al describir las primeras decisiones del Ejecutivo como una estrategia de shock y atribuirles una vocación refundacional, Fuentes sugiere que no estamos solamente ante una colección de medidas fiscales, administrativas o de seguridad. Tras ellas existiría un intento de reorganizar el sentido común de la sociedad chilena: redefinir las obligaciones individuales, reducir el espacio de determinadas demandas sociales y reconstruir un orden basado en autoridad, propiedad, disciplina y responsabilidad personal.
La palabra “refundación” puede parecer extraña para describir a un gobierno conservador. Kast no se presenta como el creador de una sociedad completamente nueva. Su lenguaje apela más bien a la recuperación de algo perdido. Habla de reconstruir, normalizar, ordenar y devolver a Chile una estabilidad que, según su diagnóstico, habría sido erosionada por el estallido social, los procesos constituyentes, el progresismo cultural, la expansión estatal y el cuestionamiento de las jerarquías tradicionales.
Sin embargo, esa restauración puede contener una transformación profunda. Recuperar un orden no significa simplemente volver atrás. También implica decidir qué aspectos del pasado se seleccionan, qué problemas se consideran centrales y quién debe asumir los costos del nuevo equilibrio. Bajo la orientación de Quiroz, esa recuperación se traduce en una secuencia económica reconocible: primero deben restablecerse las condiciones para invertir; luego debe recuperarse el crecimiento; después aumentará la recaudación y, finalmente, será posible financiar mayores niveles de bienestar.
Esta secuencia contiene una determinada jerarquía moral. La protección social aparece como consecuencia futura del éxito económico y no como condición presente del desarrollo. La ciudadanía debe asumir los costos inmediatos del ajuste mientras espera que las empresas respondan a los incentivos y que el crecimiento futuro genere los recursos prometidos. Los beneficios, sin embargo, permanecen sujetos a incertidumbre, mientras algunos de los costos fiscales y sociales comienzan a producirse desde el presente.
La publicación de Magnifica Humanitas, primera encíclica de León XIV dedicada a la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial, introduce una interpelación especialmente significativa a esta filosofía. El documento fue firmado el 15 de mayo de 2026, en el aniversario de Rerum Novarum, la encíclica con la que León XIII respondió a la cuestión obrera provocada por la industrialización. La elección de la fecha contiene un mensaje claro: la inteligencia artificial constituye una nueva cuestión social, comparable por su profundidad histórica con el surgimiento del capitalismo industrial.
León XIV no propone detener la tecnología ni rechazar la empresa. Su advertencia se dirige hacia el orden de las prioridades. El progreso económico y tecnológico solo puede considerarse auténtico cuando permanece al servicio de la persona, del bien común y de quienes se encuentran en posiciones más vulnerables. El ser humano no puede ser reducido a productividad, capacidad de consumo, empleabilidad o adaptación. Su dignidad no depende del valor que el mercado atribuya a sus competencias.
La hipótesis que orienta este ensayo sostiene que la gestión política y económica de Kast no constituye una simple tecnocracia neoliberal. Puede comprenderse como una estrategia de shock restaurador que busca reconstruir un orden moral e institucional basado en autoridad, propiedad, disciplina fiscal y responsabilidad individual. Jorge Quiroz traduce ese proyecto en una racionalidad económica que entrega certezas presentes a la inversión y exige a la sociedad asumir los costos de un crecimiento futuro incierto. Magnifica Humanitas cuestiona el fundamento antropológico de esta secuencia, porque sostiene que ninguna persona puede ser tratada como variable de adaptación ni como costo transitorio de la modernización.
La contradicción más profunda del catolicismo político de Kast no reside entonces en su defensa de la familia, la vida o la responsabilidad. Aparece cuando esas mismas personas y familias quedan subordinadas a una economía que la doctrina social de la Iglesia exige subordinar al bien común.
Capítulo I: el proyecto de restauración de Kast y Quiroz
El gobierno de José Antonio Kast no se presenta únicamente como una administración llamada a corregir errores fiscales o mejorar la eficiencia estatal. Su relato propone una interpretación más extensa de la historia reciente. Chile habría perdido un orden que en otro momento permitió crecimiento, estabilidad y cohesión. La tarea del nuevo gobierno consistiría en recuperarlo.
Ese orden perdido reúne elementos diferentes, pero relacionados: autoridad política, seguridad pública, disciplina presupuestaria, respeto por la propiedad, estabilidad familiar, cumplimiento de las obligaciones y confianza empresarial. Desde esta perspectiva, el país no enfrentaría solamente un problema de bajo crecimiento. Enfrentaría una crisis moral, porque una parte de la sociedad habría comenzado a exigir derechos sin reconocer límites, a desconfiar de las instituciones y a justificar formas de protesta que debilitaron la autoridad y la convivencia.
El estallido social de octubre de 2019 había instalado una lectura distinta. Para amplios sectores, el malestar no era el resultado de una pérdida de disciplina, sino de una estructura que individualizaba riesgos colectivos. La insuficiencia de las pensiones, el costo de la educación, el endeudamiento, la precariedad laboral y la inseguridad frente a la enfermedad fueron interpretados como consecuencias de un modelo que obligaba a las familias a resolver privadamente problemas que excedían su capacidad.
La restauración conservadora busca invertir parte de esa interpretación. Allí donde el ciclo anterior puso el acento en la estructura, el gobierno vuelve a colocar en primer plano la conducta individual. Allí donde se habló de derechos, reaparece el lenguaje de los deberes. Allí donde se exigió protección colectiva, se responde con esfuerzo, adaptación y responsabilidad.
Este desplazamiento no niega necesariamente la existencia de problemas sociales. Modifica la manera de explicarlos. Una persona endeudada aparece ante todo como deudora; un desempleado, como alguien que debe capacitarse; una familia vulnerable, como una unidad que necesita administrar mejor sus recursos; un funcionario público, como un costo que debe demostrar permanentemente su utilidad. La estructura económica no desaparece, pero pierde centralidad. La pregunta deja de ser qué condiciones producen la vulnerabilidad y pasa a ser por qué el individuo no logró adaptarse.
La caracterización de Claudio Fuentes sobre la estrategia de shock permite comprender la forma en que este cambio comienza a instalarse. El shock no consiste solamente en actuar rápido. Supone acumular decisiones de distinta naturaleza, producir una sensación de urgencia y modificar las reglas antes de que la sociedad pueda organizar una respuesta común. Su efecto es político, pero también cultural.
Cuando se anuncian simultáneamente ajustes presupuestarios, reformas tributarias, cambios regulatorios, cobros más intensos y nuevas medidas de seguridad, cada grupo social tiende a reaccionar frente a su problema específico. Los estudiantes endeudados defienden su situación; los funcionarios públicos, sus empleos; los usuarios de combustibles, su presupuesto familiar; las organizaciones sociales, sus espacios de participación. La fragmentación dificulta percibir la unidad filosófica que puede existir detrás de decisiones formalmente distintas.
Esa unidad no reside en que todas las medidas tengan el mismo contenido, sino en que transmiten un mensaje semejante: el Estado reducirá su papel como amortiguador general de los riesgos y volverá a exigir mayor responsabilidad individual. El deudor debe pagar, el manifestante debe responder, la institución pública debe justificar sus costos y la familia debe prepararse para absorber una proporción mayor de las incertidumbres económicas.
De esta forma, el shock actúa sobre la subjetividad. No solo cambia presupuestos o regulaciones; intenta transformar lo que la sociedad considera razonable. Una política que antes podía parecer desprotectora comienza a ser presentada como necesaria. Una demanda de seguridad social puede ser reinterpretada como dependencia. Una protesta puede ser reducida a desorden. Una dificultad estructural puede convertirse en falla personal.
El gobierno produce así una pedagogía moral. Enseña que el buen ciudadano es responsable, trabajador, cumplidor, familiar, respetuoso de la propiedad y capaz de adaptarse sin exigir al Estado una protección considerada excesiva. Su contrario no es simplemente el delincuente. También puede ser quien incumple, quien protesta, quien depende de beneficios o quien no logra responder adecuadamente a las exigencias del mercado.
Esta dimensión permite comprender por qué el conservadurismo de Kast no puede reducirse a sus posiciones sobre la familia, el aborto, la religión o la educación sexual. Su proyecto articula una visión moral, política y económica.
En el plano moral, afirma que existen bienes anteriores a la deliberación democrática. La vida, la familia, la nación y la autoridad no serían simples preferencias individuales, sino fundamentos de la convivencia. En el plano político, entiende que el orden constituye una condición previa de la libertad. Una sociedad marcada por el conflicto y la desobediencia no podría desarrollarse plenamente. En el plano económico, sostiene que la propiedad privada, la disciplina fiscal y la iniciativa empresarial forman parte del orden que debe ser protegido frente a la expansión del Estado.
Estos tres componentes forman una totalidad. No estamos ante un gobierno conservador en valores y neutralmente técnico en economía. La política económica cumple una función dentro de la restauración moral.
La reducción del gasto enseña que la sociedad debe aceptar límites. El cobro de las deudas recuerda que las obligaciones tienen consecuencias. La rebaja tributaria empresarial comunica que quienes invierten y arriesgan capital merecen mejores condiciones. La simplificación regulatoria afirma que el Estado se habría transformado en un obstáculo para la iniciativa privada. La focalización de los beneficios transmite que la protección pública no debe extenderse sin condiciones.
Es en este punto donde Jorge Quiroz deja de aparecer como un técnico externo al proyecto político. Su función consiste en convertir el diagnóstico moral de Kast en una racionalidad económica operativa. Kast afirma que Chile perdió el rumbo; Quiroz explica que recuperarlo requiere disciplina fiscal, incentivos a la inversión y reducción de obstáculos. Kast aporta la legitimidad política; Quiroz entrega la apariencia de inevitabilidad técnica.
La relación puede formularse de manera sintética: Kast moraliza el orden económico y Quiroz economiza el orden moral.
La técnica no es aquí un engaño. Los problemas fiscales, la deuda, la inversión y la productividad son reales. Ningún gobierno puede ignorarlos. El problema surge cuando la racionalidad económica se presenta como la única forma válida de comprender la sociedad y convierte sus propias prioridades en necesidades indiscutibles.
El lenguaje técnico privilegia aquello que puede medirse. El déficit aparece en una cifra; la deuda, en una proyección; el gasto, en una partida presupuestaria; la productividad, en un indicador. En cambio, el miedo a perder el empleo, la angustia del endeudamiento o la sobrecarga familiar no ingresan con la misma facilidad en el cálculo.
El ajuste puede describirse como una reducción porcentual. Para quienes lo experimentan, puede significar la desaparición de un programa, una menor atención o la pérdida de un puesto de trabajo. El cobro de una deuda puede presentarse como recuperación de recursos fiscales. Para la familia afectada puede significar una ruptura profunda de su seguridad económica.
La observación de Fuentes sobre el estilo emocionalmente distante de Quiroz debe comprenderse en este sentido. No corresponde juzgar la personalidad del ministro, sino analizar el tipo de racionalidad que encarna. Una tecnocracia puede ser rigurosa en el uso de datos y, al mismo tiempo, incompleta en su comprensión de la experiencia social. Puede medir correctamente los costos fiscales e ignorar cómo esos costos se redistribuyen en forma de angustia, cuidado no remunerado o pérdida de horizonte vital.
Esta distancia alcanza su expresión más clara en la promesa de crecer primero y proteger después. El argumento oficial posee coherencia: sin inversión ni crecimiento, la protección social carecería de una base sostenible. Pero esa afirmación, correcta en términos generales, no resuelve la pregunta por la secuencia ni por la distribución de los costos.
En el proyecto de Quiroz, primero deben mejorar las condiciones para invertir. Después se recuperará el crecimiento. Más adelante aumentará la recaudación y finalmente será posible financiar un mayor bienestar. La protección social queda situada al final de la cadena.
La dificultad es que los costos comienzan antes. Una rebaja de ingresos públicos puede producirse desde el inicio. Un recorte presupuestario afecta inmediatamente a servicios, programas y empleos. El aumento de determinados precios modifica el presupuesto familiar en el presente. Los beneficios, en cambio, dependen de que las empresas respondan a los incentivos, que la inversión aumente y que ese aumento se transforme en crecimiento y recaudación.
El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido precisamente esta asimetría: algunas disminuciones de ingresos y compromisos fiscales poseen mayor certeza en el corto plazo, mientras los beneficios asociados al crecimiento son graduales e inciertos. Esta advertencia convierte el problema presupuestario en una pregunta moral.
¿Quién recibe certezas y quién absorbe la incertidumbre?
Las empresas reciben condiciones tributarias o regulatorias favorables en el presente. El Estado acepta una disminución o postergación de ingresos. La ciudadanía debe confiar en que el crecimiento futuro compensará ese sacrificio. Si la respuesta de la inversión es inferior a la esperada, el costo regresará bajo la forma de nuevos ajustes, menor capacidad estatal o deterioro de servicios.
El capital recibe protección frente al riesgo. La sociedad recibe una promesa.
La subordinación de la cohesión social a la disciplina económica no necesita ser una intención declarada del gobierno. Puede ser el resultado estructural de una secuencia que asegura primero las condiciones de la inversión y deja la seguridad social dependiente de sus efectos futuros.
Capítulo II: la antropología del mercado frente a la dignidad humana
Toda política económica presupone una determinada idea del ser humano. Aunque los documentos fiscales no hablen de antropología, sus categorías describen qué se espera de las personas y cómo se interpretan sus dificultades.
En la racionalidad del mercado, el individuo aparece principalmente como agente económico. Trabaja, consume, ahorra, invierte, se endeuda y responde a incentivos. Debe aumentar su productividad, mejorar sus capacidades y anticipar los riesgos. Su autonomía se mide por su capacidad de sostenerse sin depender excesivamente de la ayuda pública.
Esta descripción contiene una parte de verdad. Las personas poseen responsabilidades y toman decisiones que influyen en sus vidas. El problema surge cuando esa dimensión se convierte en explicación total. Una persona no es solo fuerza de trabajo, capital humano o consumidor. Su valor no puede reducirse a su capacidad de producir ingresos o responder a los cambios del mercado.
La economía contemporánea, especialmente en su versión neoliberal, tiende a transformar al individuo en empresario de sí mismo. Cada persona debe administrar su formación, su salud, su previsión y su empleabilidad como si fueran activos de una empresa personal. El fracaso deja de aparecer como resultado de relaciones sociales y se transforma en insuficiencia de gestión individual.
Quien no encuentra empleo debe capacitarse. Quien no puede pagar una deuda debe ordenar sus finanzas. Quien teme a la automatización debe reconvertirse. Quien carece de protección debe aumentar su ahorro. La respuesta puede ser razonable en algunos casos, pero se vuelve ideológica cuando se aplica a problemas cuya escala supera por completo la capacidad individual.
Magnifica Humanitas propone una antropología diferente. Para León XIV, la dignidad humana no depende de las capacidades, la riqueza, el cargo ni las decisiones acertadas o equivocadas de cada persona. Es anterior a todas esas condiciones. El ser humano no adquiere valor porque sea eficiente; posee valor antes de ser evaluado.
Esta afirmación modifica el orden de la política económica. Si la dignidad es inherente, no puede quedar subordinada al éxito posterior del crecimiento ni suspenderse durante un periodo de ajuste. La persona no puede ser tratada como un costo provisional de una modernización futura.
La diferencia entre ambas visiones es profunda. La racionalidad adaptativa pregunta cómo preparar a las personas para responder a las necesidades de la economía. La antropología de León XIV pregunta cómo organizar la economía para que responda a las necesidades humanas.
La primera considera la protección social como un beneficio que puede ampliarse cuando existen recursos. La segunda la entiende también como una condición para ejercer la libertad. Una persona que teme perder su acceso a la salud o quedar sin vivienda no decide en igualdad de condiciones. Un trabajador incapaz de rechazar un empleo abusivo no es completamente libre por el solo hecho de haber firmado un contrato.
La libertad necesita condiciones materiales. No se reduce a que el Estado se abstenga de intervenir. Requiere salud, educación, seguridad mínima, acceso a información y posibilidad efectiva de participar en las decisiones que afectan la propia existencia.
Esta concepción permite distinguir entre responsabilidad y culpabilización. Responsabilizar significa reconocer a la persona como sujeto capaz de decidir. Culpabilizar significa atribuirle problemas producidos también por estructuras que no controla.
El endeudamiento educacional no puede explicarse únicamente por irresponsabilidad si la educación fue organizada mediante créditos. El desempleo tecnológico no puede atribuirse solo a falta de capacitación si un algoritmo reemplaza repentinamente una función. La precariedad no es exclusivamente un problema de esfuerzo cuando existen desigualdades profundas en patrimonio, educación y acceso a redes.
La doctrina social católica no elimina la responsabilidad personal. La vincula con la solidaridad y con la obligación de corregir las estructuras que limitan la libertad. Sin esa conexión, la responsabilidad se convierte en una moral exigente con quienes poseen menos poder y tolerante con quienes organizan las condiciones económicas.
Aquí aparece la contradicción interna del catolicismo político de Kast. El presidente reivindica valores presentes en la tradición cristiana: la familia, la autoridad, la responsabilidad, la vida, los cuerpos intermedios y la iniciativa personal. La tensión no está en esos valores, sino en la posibilidad de separarlos de otros principios igualmente centrales: la solidaridad, el destino universal de los bienes, la función social de la propiedad, la justicia laboral y la protección de los vulnerables.
La propiedad privada es legítima, pero no absoluta. La empresa es valiosa, pero tiene responsabilidades sociales. La familia es fundamental, pero necesita condiciones materiales para desarrollarse. La subsidiariedad protege la autonomía, pero no justifica que la autoridad abandone a quienes carecen de recursos.
La familia constituye el punto donde esta tensión se vuelve más visible. El discurso conservador la presenta como comunidad primaria de amor, cuidado y formación. Sin embargo, cuando el Estado reduce su papel social, es la familia la que absorbe los riesgos.
Absorbe el desempleo de sus integrantes, financia tratamientos médicos, sostiene a quienes deben reconvertirse, cuida a niños y adultos mayores y asume las consecuencias del endeudamiento. Las necesidades no desaparecen con el recorte público; se trasladan al hogar.
El traslado tampoco es neutral. Gran parte del cuidado suele recaer sobre las mujeres, quienes reducen su participación laboral o asumen jornadas dobles. Así, un Estado que se retira puede aumentar la carga de la institución que dice defender.
Se produce entonces una paradoja: la familia es exaltada simbólicamente y sobrecargada materialmente.
Proteger a la familia no significa únicamente defender una definición moral. También significa garantizar empleo, vivienda, salud, educación, seguridad social y tiempo disponible para cuidar. Un gobierno puede ser profundamente conservador en su discurso cultural y, al mismo tiempo, debilitar las condiciones reales de la vida familiar.
La misma contradicción aparece en la interpretación de la subsidiariedad. En su lectura neoliberal, este principio suele reducirse a una regla según la cual el Estado no debe hacer aquello que pueden realizar los particulares. Esta dimensión existe, pero es incompleta.
La doctrina social católica entiende que una autoridad superior no debe absorber innecesariamente las funciones de las comunidades menores. Sin embargo, también sostiene que debe apoyarlas cuando carecen de los medios necesarios para cumplir sus responsabilidades. La subsidiariedad prohíbe tanto la sustitución autoritaria como el abandono.
Un Estado que controla toda iniciativa social debilita a las comunidades. Pero un Estado que deja a una familia, un trabajador o una pequeña empresa enfrentados por sí solos a poderes que los superan también destruye su autonomía.
La subsidiariedad verdadera no consiste en transferir solamente responsabilidades. Debe transferir poder, recursos y capacidades. De lo contrario, la retirada estatal no produce libertad, sino exposición.
Capítulo III: el Estado custodio ante la inteligencia artificial
La revolución de la inteligencia artificial vuelve todavía más insuficiente la idea de que cada individuo puede administrar por sí mismo los riesgos de la economía. La escala de la transformación supera ampliamente las posibilidades personales.
Durante décadas, la promesa económica dominante sostuvo que la inversión generaría crecimiento, el crecimiento crearía empleo y el empleo integraría a la población en el bienestar. Esa cadena nunca funcionó de manera automática, pero la inteligencia artificial la vuelve todavía más frágil.
Una empresa puede invertir en tecnología y reducir su plantilla. Puede aumentar la productividad sin elevar proporcionalmente los salarios. Puede reemplazar tareas administrativas, técnicas y profesionales. Puede acumular utilidades y transferir al Estado los costos de capacitación, desempleo y reconversión.
El crecimiento puede separarse así del empleo. La productividad puede aumentar mientras una parte de los trabajadores pierde seguridad. La innovación puede convivir con una mayor concentración de ingresos y conocimiento.
Por eso no basta con afirmar que primero debe crecer la economía y después se protegerá a quienes quedaron rezagados. Si la propia forma de crecimiento genera desplazamiento y concentración, la protección debe estar incorporada desde el comienzo.
La inteligencia artificial no es solamente una herramienta de eficiencia. Es también una estructura de poder. Quien controla los datos, la infraestructura computacional y los algoritmos posee capacidad para organizar mercados, orientar comportamientos y decidir oportunidades.
Un trabajador no puede negociar individualmente con el algoritmo que mide su rendimiento. Una pequeña empresa no puede competir en igualdad con una platafor
ma que acumula información de millones de usuarios. Una familia no puede auditar los criterios con los que un sistema automatizado determina el acceso a crédito o seguro.
En este contexto, hablar únicamente de libertad contractual resulta insuficiente. La relación entre las partes es demasiado desigual.
Magnifica Humanitas sostiene que las decisiones algorítmicas que influyen sobre el empleo, el crédito o el acceso a servicios deben ser comprensibles, cuestionables y sometidas a control. La persona no puede quedar reducida a un perfil estadístico. La eficiencia no basta para legitimar una tecnología si su funcionamiento produce subordinación o exclusión.
De aquí surge la idea de un Estado custodio. No se trata de un Estado que reemplace a la sociedad ni detenga la innovación. Se trata de una institución capaz de reconocer las asimetrías de poder y establecer límites para proteger la dignidad humana.
Custodiar significa garantizar transparencia en las decisiones automatizadas, proteger los datos personales, impedir discriminaciones algorítmicas y asegurar que las personas puedan impugnar decisiones que afecten su vida. Significa también evitar que los beneficios de la productividad queden concentrados en quienes poseen el capital tecnológico.
La distribución de las ganancias de productividad debe formar parte de la discusión. Si una tecnología permite producir más con menos trabajo, la consecuencia no tiene por qué ser únicamente la reducción de empleos. También podría traducirse en jornadas más breves, mejores salarios, mayor tiempo de cuidado y financiamiento de sistemas de protección.
La forma en que se distribuye ese beneficio no está determinada por la tecnología. Depende de decisiones políticas, laborales y tributarias.
El Estado custodio debe intervenir precisamente en ese espacio. Su función no consiste en escoger cada innovación, sino en definir las condiciones bajo las cuales puede incorporarse legítimamente a la vida social.
Esto requiere regulación, pero también capacidades públicas. Un Estado debilitado no puede auditar algoritmos complejos ni proteger adecuadamente los datos. Necesita funcionarios especializados, instituciones independientes, investigación pública e infraestructura digital.
La reducción indiscriminada del Estado puede producir entonces una paradoja. En nombre de la eficiencia se debilita justamente la capacidad institucional necesaria para gobernar una economía más compleja.
El Estado custodio tampoco contradice la subsidiariedad. La vuelve efectiva. Una comunidad solo puede actuar autónomamente cuando dispone de recursos y protección frente a poderes mayores. La intervención pública no debe sustituirla, sino permitirle participar en condiciones razonables.
El problema del proyecto de Kast y Quiroz no consiste, por tanto, en buscar eficiencia o inversión. Consiste en concebir al Estado principalmente como facilitador del mercado en un momento en que los mercados tecnológicos acumulan capacidades superiores a las de muchos gobiernos.
Un Estado concentrado en agilizar permisos y reducir costos puede atraer inversión, pero no necesariamente garantizar que esa inversión genere integración social. Sin reglas claras, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para aumentar rentabilidad y trasladar sus costos hacia los trabajadores.
La idea del Estado facilitador resulta demasiado estrecha. El Estado también debe proteger, orientar, coordinar y redistribuir. Debe garantizar que la innovación no se transforme en un poder ajeno al control democrático.
La oposición no es entre mercado y Estado. Ambos son instituciones necesarias. La cuestión es qué relación mantienen y qué finalidad los orienta.
El Estado del proyecto restaurador no desaparece. Puede ser fuerte para proteger contratos, controlar fronteras, sancionar incivilidades, cobrar deudas y asegurar inversiones. Pero puede mostrarse más limitado para socializar riesgos, proteger empleos o regular plataformas.
No estamos ante menos Estado en términos absolutos, sino ante un Estado selectivamente fuerte. Facilita hacia arriba y disciplina hacia abajo. Entrega certeza a quienes invierten y exige resiliencia a quienes deben adaptarse.
Esta distribución desigual de la seguridad es contraria al principio de custodia. Las personas con mayor patrimonio pueden diversificar riesgos; quienes dependen de un salario o de servicios públicos tienen menos posibilidades. Exigir el mismo grado de adaptación a ambos grupos no es neutral. Consolida la desigualdad.
La cohesión social tampoco puede entenderse como un lujo financiable después del crecimiento. Es una condición del desarrollo. Una sociedad con salud, educación y seguridad social permite que las personas innoven y asuman riesgos sin temor a perderlo todo.
La protección social no es solamente gasto. Produce capacidades, confianza y estabilidad. Un trabajador protegido puede capacitarse. Una familia con acceso a cuidados puede participar más plenamente en la economía. Una persona con salud garantizada posee mayor libertad para emprender.
Crecimiento y protección no deben organizarse como etapas separadas. Deben construirse simultáneamente.
La pregunta que plantea la inteligencia artificial no es si Chile debe adoptar la tecnología. Esa transformación ya está en marcha. La pregunta es quién decidirá su orientación, cómo se distribuirán sus beneficios y quién absorberá sus costos.
Si la respuesta queda enteramente en manos de las empresas propietarias de datos e infraestructura, la modernización puede aumentar la dependencia. Si el Estado la gobierna democráticamente, puede convertirse en una oportunidad de desarrollo humano.
Conclusión: de la restauración del orden a la custodia social
El proyecto de José Antonio Kast y Jorge Quiroz puede comprenderse como algo más que una administración neoliberal. Contiene una aspiración restauradora: recuperar autoridad, disciplina, confianza empresarial y responsabilidad individual.
La estrategia de shock cumple una función dentro de ese proyecto. Permite modificar rápidamente instituciones, expectativas y criterios de normalidad. Enseña que las personas deben asumir una parte mayor de los riesgos y que la protección llegará después de que la economía recupere su orden.
Quiroz traduce esta visión en una secuencia económica coherente, pero problemática: primero la inversión, después el crecimiento, luego la recaudación y finalmente el bienestar. Los costos son actuales; los beneficios, futuros. Las certezas se entregan al capital; la sociedad debe confiar.
La inteligencia artificial profundiza la dificultad, porque la inversión tecnológica puede aumentar la productividad sin generar suficientes empleos. La promesa de que el crecimiento terminará protegiendo automáticamente a la sociedad pierde fuerza en un mundo donde las empresas pueden expandirse prescindiendo de una parte importante del trabajo humano.
Magnifica Humanitas introduce una inversión ética decisiva. La persona no puede venir después del crecimiento. No puede aparecer al final de la modernización como beneficiaria eventual. Debe constituir desde el comienzo su principio, su límite y su finalidad.
León XIV no rechaza la empresa ni la responsabilidad individual. Exige que la economía y la tecnología permanezcan subordinadas al bien común. La innovación es legítima cuando amplía las capacidades humanas, no cuando convierte a las personas en piezas descartables.
La contradicción del catolicismo político de Kast aparece precisamente en este punto. Su defensa de la familia y la responsabilidad puede ser sincera. Pero pierde coherencia social cuando las familias deben asumir el desempleo, el endeudamiento, la enfermedad y la automatización sin una protección colectiva suficiente.
No basta con defender culturalmente a la familia si se debilitan las condiciones materiales que permiten sostenerla. No basta con invocar la responsabilidad si los riesgos son distribuidos de manera profundamente desigual. No basta con reivindicar la subsidiariedad si las comunidades reciben obligaciones sin recursos ni poder.
Para proteger verdaderamente a la sociedad, el proyecto de restauración debe transformarse en un proyecto de custodia social.
Custodiar no significa detener el crecimiento. Significa preguntarse quién se beneficia y quién paga.
No significa rechazar la tecnología. Significa someterla a responsabilidad, transparencia y control democrático.
No significa sustituir a las familias o comunidades. Significa impedir que sean abandonadas frente a poderes que las superan.
La gran disputa no enfrenta crecimiento y protección, mercado y Estado o modernización y tradición. Enfrenta dos formas de ordenar las prioridades.
Una sostiene que la sociedad debe adaptarse primero al orden económico y esperar que la protección llegue después.
La otra afirma que el orden económico sólo es legítimo si se adapta desde el comienzo a la dignidad humana.
La diferencia puede resumirse en una pregunta que atraviesa todo el ensayo: ¿debe la persona servir a la modernización o debe la modernización permanecer al servicio de la persona?
El proyecto restaurador de Kast y Quiroz corre el riesgo de responder que las personas deben adaptarse.
León XIV exige que sea la economía la que recuerde sus límites.
En la era de la inteligencia artificial, esa diferencia determinará quién controlará la tecnología, quién recibirá sus beneficios, quién soportará sus costos y qué lugar conservará el ser humano dentro de la sociedad que estamos comenzando a construir.
