La Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Educación (ASUME) emitió este miércoles una declaración pública en la que advierte sobre un deterioro profundo en la capacidad fiscalizadora del organismo y exige a las autoridades un cambio de rumbo urgente.
El punto más crítico de la declaración es el desplome en la revisión efectiva de los recursos rendidos por sostenedores educacionales, que según la asociación ha llegado a un 0,39%. Para ASUME, esa cifra no es solo un indicador institucional: «Cuando la fiscalización se debilita, pierde el Estado, pierde la confianza pública, pierde la educación pública y subvencionada», señala el texto firmado por el Directorio Nacional.
A este cuadro se suman otras denuncias. La organización advierte el ingreso de más de 40 personas durante el último período sin concursos públicos, lo que —a su juicio— vulnera los principios de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades que deberían regir a la institución. Aclaran, sin embargo, que no cuestionan a las personas incorporadas sino las prácticas institucionales que los amparan.
La situación en regiones se describe como especialmente grave. Mientras las contrataciones se concentran en el nivel central, los equipos territoriales enfrentan sobrecarga laboral, deterioro de la salud mental, falta de reposición de personal y un alto porcentaje de funcionarios bajo sumarios administrativos.
ASUME también plantea su inquietud por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Convivencia Escolar, que amplía responsabilidades de la Superintendencia sin que, según denuncian, se hayan garantizado los recursos humanos ni el financiamiento necesarios para cumplirlas.
La asociación emplaza a las autoridades a revisar el rumbo institucional, transparentar la política de ingresos y perfiles de cargo, resguardar la carrera funcionaria y abrir espacios de diálogo real con los trabajadores del servicio.
«No estamos aquí para destruir nuestra institución. Estamos aquí para fortalecerla y defenderla», concluye la declaración.
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