Periodista.
Todo indica que las dos herramientas que tiene el gobierno para detener la ola que permite a la clase media sacar el 10 por ciento de sus ahorros, van a ser usadas. Ya lo dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline van Ryssenberghe. Ya lo insinuó también Marcela Cubillos, ex ministra y que repite el mismo guión de su marido, el senador Andrés Allamand. Habría veto, porque acceder al Tribunal Constitucional sería la última bala de plata. Confían en que, si los parlamentarios rechazan el veto, para hacerlo necesitarían dos tercios de los votos y no los tres quintos que se pedían hasta ahora, y ahí sí que los números no alcanzan.
No por nada lo anunció con todas sus letras el exministro de Hacienda del Presidente Sebastián Piñera, Felipe Larraín. Dijo en una entrevista de prensa que el gobierno debiera recurrir al Tribunal Constitucional o vetar la ley si se aprueba el retiro del 10% de los ahorros de las AFP en el Congreso. Aseguró que eso “está dentro de las atribuciones del Presidente y, siendo consistente con su relato, el gobierno debería recurrir a alguna de estas instancias en caso de que se apruebe el proyecto”.
Luego, repitiendo las ideas fuerza que el senador Allamand difunde a diestra y siniestra, al ser consultado por si esa acción podría generar violencia, contestó que “no podemos seguir atemorizados por la violencia, menos aún si lo que se hace está dentro del marco institucional. La violencia es fuertemente repudiable en sí misma, pero la extorsión a partir de ella es inaceptable en política”.
Sobre la facultad del Presidente Sebastián Piñera de vetar la reforma y la posibilidad de que el proyecto sucumba, la diputada regionalista Alejandra Sepúlveda, impulsora del proyecto, enfatizó que eso sería “la muerte política de este Gobierno y si eso ocurriera al Presidente de la República al otro día estaríamos todos pidiéndole la renuncia. Si eso ocurre, el Presidente tiene que renunciar“.
¿Perfume de cambios?
Lo que está claro es que la semana que pasó y la que empieza ahora son las peores que ha vivido este gobierno. Quedó al desnudo la profunda grieta que se abrió en Chile Vamos desde antes de la votación del 10 por ciento, pero que se profundizó con este tema. Quedó también al desnudo la soledad del Mandatario, luego que se jugara su capital político para convencer a sus huestes de rechazar la reforma y sus palabras sencillamente fueron desoídas. Y quedó al desnudo la incapacidad del equipo político para dirigir y liderar al conglomerado oficialista.
Tamaño descalabro en cualquier gobierno provocaría la salida de los principales responsables de lo ocurrido. Por el momento, pareciera que eso no ocurrirá. La pandemia y la posibilidad de un desconfinamiento futuro -sin fecha aún- le ha servido al gobierno para aminorar la impresionante crisis política en que está sumido.
Tanto así que se cuenta que en una reunión de los presidentes de partido de Chile Vamos, realizada luego de un año de silencio entre ellos, el presidente de Evopoli, Hernán Larraín Matte, habría sugerido que, debido a los difíciles momentos que atraviesa el bloque, los cuatro presidentes de Chile Vamos renunciaran a sus cargos directivos para dar una señal. Obviamente, la idea fue rechazada. Pero deja en evidencia la profundidad de la crisis.
Con todo, los más golpeados, aparte del Presidente, son sin duda los ministros del Interior y de Hacienda. Y pese a los fuertes rumores de cambio de gabinete, y a las críticas internas que han sufrido, ambos Secretarios de Estado siguen contando con la confianza de su jefe principal. De hecho, se asegura que Blumel habría señalado que no va a renunciar y que él se irá del Ministerio del Interior cuando el Presidente se lo pida, no antes.
Es que nadie imaginó en el gobierno que su ofensiva y con ello las presiones hacia los diputados que ya habían votado a favor de la reforma, fracasaría. En realidad, esos intentos fracasaron en parte. Porque la jugada era que, al votar en particular, se cayera el primer articulado. Y que tenían ya convencidos a tres de los diputados díscolos. Lo que no calcularon es que algunos que se habían declarado en reflexión y habían votado por la abstención, esta vez votarían a favor de la reforma.
A ello se suma la molestia que provocaron las críticas que hizo el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, al paquete de medidas del gobierno para ir en ayuda de la clase media, justo antes de que se votara en la Cámara de Diputados la norma que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones. El edil señaló que la propuesta del Ejecutivo era “un mal proyecto”. Se cuenta que, en el comité político de los lunes, se analizaron los dichos del presidenciable Lavín calificando sus dichos como un acto que se habría “pasado de la línea”, cayendo en el populismo y dejándose llevar por la opinión pública, contribuyendo así al desorden en el oficialismo.
Su adversario de siempre, el senador RN Andrés Allamand calificó su actuación como “una actitud oportunista”. “Uno habría esperado de la principal carta presidencial de la centroderecha que en una coyuntura crítica para el gobierno y nuestras ideas se hubiera cuadrado con nuestra posición”, dijo. Y añadió que quien aspira a dirigir el país no puede tener una posición ambigua.
Malos consejeros
La ira y la indignación son malos consejeros, qué duda cabe. Y fue lo que funcionó en la UDI. Algunos dirigentes gremialistas habrían pedido la renuncia inmediata al partido de los diputados Sandra Amar, Pedro Álvarez-Salamanca, Álvaro Carter, Christian Moreira y Virginia Troncoso. Los cinco diputados fueron acusados de «contravenir los principios del partido», pidiendo las «máximas sanciones» para los parlamentarios y los enviaron en grupo al Tribunal Supremo. Dos de ellos, Cristhian Moreira y Pedro Álvarez-Salamanca, dijeron estar tranquilos frente al proceso. Pero, estaba claro para dónde iba el mensaje: era una advertencia para los senadores UDI que se habían declarado en reflexión.
Se abrió entonces una puerta que hasta el momento nadie ha podido cerrar. Los parlamentarios sancionados Álvaro Carter, Sandra Amar y Virginia Troncoso renunciaron el viernes a su militancia en la Unión Demócrata Independiente (UDI). Y no se fueron callados: “Los firmantes no hemos cometido ninguna falta a los principios de la UDI, ni hemos cometido delito alguno. Solo hemos votado en conciencia. Nos duele que se nos trate como indeseables, y hoy estemos acusados frente al Tribunal Supremo”, dice parte del comunicado.
Yo me alegro de que hayan renunciado porque nos ahorran una serie de papeleos (…), prefiero seguir con quienes verdaderamente están dispuestos a no derrotar a su propio Gobierno, a no dañar a su partido ni a darle un triunfo a la izquierda”, fue la respuesta que obtuvieron de parte del senador de la UDI, Víctor Pérez.
Aun no se sabe si los otros dos diputados que aprobaron el retiro tomarán la misma determinación o esperarán las decisiones del Tribunal Supremo, aunque Álvarez-Salamanca acusó al Gobierno de pedirle la renuncia a un colaborador cercano, el jefe de la Unidad Regional de la Subdere del Maule, Juan Manuel Hernández, debido al voto a favor que realizó el parlamentario. «Están actuando de forma matonescay mafiosa. Sólo falta que me secuestren a un familiar, esto no podemos permitirlo», dijo el parlamentario a Cooperativa Regiones. «Él está ‘pagando el pato’ por una decisión que fue mía, por convicción, y el Gobierno está tomando represalias de muy mala clase. Alguien dio la orden rápidamente desde Santiago para que eliminaran a Juan Manuel de la Subdere«, añadió.
Unos tras otros
De ahí en adelante hubo un desarrollo vertiginoso que tiene más complicado que nunca al gobierno y al propio conglomerado. Iván Moreira, uno de los pocos senadores pinochetistas que quedan en el hemiciclo habló directo al corazón de su partido. Catalogó de “impresentable, apresurada, amenazante y llena de presiones”, la medida anunciada contra los diputados, entre ellos, su hermano. “En ningún lugar de la declaración de principios de la UDI aparece que se tienen que defender las AFP (…). Aquí se está pasando a llevar la ley electoral” sostuvo.
No se quedó ahí. Moreira increpó al ex diputado y ex vicepresidente del partido, José Antonio Kast, quien en sus redes sociales llamó a sus seguidores a escribir al parlamentario para pedirle explicaciones. El ex candidato presidencial adjuntó un afiche y publicó el correo electrónico del senador y su nombre de usuario en la red social Twitter. «Comenzó la campaña de amenazas y todavía no tomo mi decisión definitivamente. Lo haré pronto @joseantoniokast«, tuiteó Moreira. «Estos señores serán responsable de un nuevo estallido social: son incitadores al odio y la violencia», añadió.
Luego, muy luego, llamó a un punto de prensa en sucasa, anunciando su voto favorable a la reforma. «Yo he sido siempre una persona de una sola línea, consecuente, de principios y convicciones. Quizás a algunos les va a molestar esto, pero yo, Iván Moreira, o los hermanos Moreira, no aceptamos amenazas de ninguna índole», indicó .”Mi voto será favorable. Asumo las consecuencias. Mi partido ha tenido una actitud de demasiado arrebato, no nos puede censurar, se ha puesto quizás al margen de la ley, usted ve la cantidad de denuncias” . Agregó que no se puede desconocer el esfuerzo hecho por el gobierno para enfrentar la crisis. “Yo lo valoro (pero) necesitamos algo más. Yo no veo que el mundo se vaya a acabar porque la gente saque el 10%”.
«A mí lo que me violentó, (para) tomar esta decisión de hacerlo hoy día, es que nadie me amenaza. Ni en los peores momentos de mi vida política, de mi vida personal, siempre las he enfrentado (…) y esta vez no me voy a amilanar». El senador advirtió que “no se equivoquen, no le estoy haciendo el juego a la izquierda, estoy cumpliendo un deber, que es ayudar a la gente (…) Hoy día estamos solo a un voto y yo creo que ese voto lo tenemos”.
Sobre la posición de David Sandoval y José Miguel Durana, senadores de la UDI que se habían declaradoen reflexión sobre su voto, indicó que “esta decisión es personal”, “tenemos las mismas aproximaciones. Y ellos tendrán que resolver. Yo espero que me acompañe Juan Castro de Renovación Nacional y José Manuel Ossandón”.
Y así ocurrió. Ambos senadores muy pronto dieron a conocer su voto favorable y lo mismo hizo el senador Manuel José Ossandón en una larga carta explicativa. “Mi convicción es que los aires de rebeldía que soplan en el mundo y en Chile responden a que las personas se cansaron de esperar… «de nada sirve hablar de desarrollo, de equilibrios macroeconómicos o de estabilidad, si no se entiende que eso sólo es posible si se avanza en mayor igualdad de oportunidades y el fin de abusos inaceptables».
La carta del senador Ossandón concluye manifestando que su voto es «por lo que cree y siento es lo mejor hoy para ese Chile real que muchos no quieren ver». «Hoy no es la prioridad defender ningún interés personal o de grupos en especial: es el momento de las personas, de las familias. Por esta razón, mi voto con plena convicción en el Senado será a favor del retiro del 10%»
Contrariamente a lo que ocurre en la UDI, el presidente del partido, Mario Desbordes, señaló que respeta las opciones de los parlamentarios. «Están haciendo uso de su derecho a votar, de lo que piensan que es mejor. El Gobierno no los supo convencer, y yo también espero que la propuesta mejore». Agregó que «el error del Gobierno fue transformar esto en algo de vida y muerte. Tienen que ser propuestas que la gente entienda a la primera lectura, no que pasen por 5 o 6 explicaciones». Nada de Tribunales en Renovación Nacional.
Por último, en esta película por entregas, 15 altos dirigentes empresariales ya habían señalado en una carta, en El Mercurio, que proyectos como el retiro de fondos de pensiones ponen “en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país”, sumándose de esta manera a la campaña del terror desatada por la derecha que está en pleno apogeo.
