Cuatro ejes para reconstruir el mundo común: Estado social universalista, democratización económica, democracia participativa y seguridad democrática.
El socialismo democrático del siglo XXI no puede limitarse a invocar su historia ni a repetir las fórmulas del pasado. Su legitimidad futura dependerá de una cuestión mucho más concreta: si es capaz de volver a proteger la vida cotidiana de las mayorías. Para una ciudadanía golpeada por salarios insuficientes, listas de espera en salud, endeudamiento educativo, pensiones bajas, vivienda inaccesible, inseguridad barrial y miedo a la cesantía, las grandes declaraciones ideológicas ya no bastan. La pregunta decisiva es otra: ¿puede la democracia volver a mejorar la vida?
Ese es el desafío principal de cualquier discusión programática socialista seria. El progresismo occidental perdió parte de su fuerza histórica porque, durante décadas, muchas veces apareció como una administración culturalmente más amable del neoliberalismo, pero no como una alternativa estructural al orden que precariza la existencia. Nancy Fraser llamó a este fenómeno “neoliberalismo progresista”: una alianza entre reconocimiento cultural e integración tecnocrática que, sin embargo, dejó intactas muchas estructuras de desigualdad material (Fraser, The Old Is Dying and the New Cannot Be Born, 2019). Esa crítica no niega la importancia de los derechos civiles, el feminismo, la diversidad o el reconocimiento; advierte que, si esas luchas se separan de la redistribución, del trabajo digno y del poder económico, pueden ser absorbidas por el mismo modelo que produce inseguridad social.
Por eso, la tarea ya no es solo hablar de socialismo en abstracto, sino operacionalizarlo en ejes de política pública. La reconstrucción del mundo común necesita instituciones, presupuesto, poder ciudadano, capacidades estatales y una nueva relación entre economía y democracia. Karl Polanyi sostuvo que cuando la economía se “desincrusta” de la sociedad y transforma el trabajo, la tierra y el dinero en mercancías ficticias, la vida social queda subordinada a la lógica destructiva del mercado (Polanyi, The Great Transformation, 1944). Esa advertencia es plenamente vigente: cuando salud, educación, pensiones, vivienda, datos, suelo urbano o cuidados se organizan como nichos de rentabilidad, la ciudadanía deja de vivir derechos y comienza a comprar, endeudarse o resignarse.
Desde esa perspectiva, el primer eje debe ser un Estado social universalista. Chile necesita superar la lógica de la focalización como principio dominante. La focalización puede ser necesaria para enfrentar emergencias o desigualdades específicas, pero cuando se convierte en arquitectura general del Estado produce políticas pobres para pobres, burocracias de elegibilidad, sospecha administrativa, estigmatización y fragmentación social. Un socialismo democrático debe construir pisos comunes de dignidad: salud pública robusta, fortalecimiento de Fonasa, reducción sustantiva de listas de espera, educación pública desmercantilizada, vivienda pública, arriendo protegido, pensiones suficientes y un Sistema Nacional de Cuidados.
Este eje conversa con T. H. Marshall, quien entendía la ciudadanía social como parte constitutiva de la democracia moderna, no como caridad estatal (Marshall, Citizenship and Social Class, 1950). También dialoga con Tony Judt, quien defendió el Estado social de posguerra como una conquista civilizatoria frente al abandono individualista del mercado (Judt, Ill Fares the Land, 2010). La idea de fondo es simple: una persona no es plenamente libre si vive con miedo permanente a enfermar, envejecer, perder el trabajo o no poder pagar el arriendo. La libertad no puede reducirse a elegir en el mercado; requiere condiciones materiales para ejercer autonomía.
El segundo eje es la democratización económica. No basta con redistribuir después de que el mercado concentró riqueza, poder e influencia. Hay que intervenir en la matriz misma de acumulación: cómo se produce, quién decide, quién captura el excedente, quién paga los costos sociales y quién controla los recursos estratégicos. Thomas Piketty ha mostrado que, sin instituciones redistributivas fuertes, el capitalismo tiende a concentrar riqueza de manera persistente (Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 2014). Joseph Stiglitz, por su parte, ha advertido que la desigualdad daña la democracia porque permite que los grupos concentrados influyan en las reglas del juego que luego presentan como neutrales (Stiglitz, The Price of Inequality, 2012).
Democratizar la economía significa fortalecer la negociación colectiva ramal, ampliar la titularidad sindical, proteger el derecho efectivo a huelga, promover cooperativas, crear instrumentos de banca pública de desarrollo, regular monopolios y capturar públicamente rentas estratégicas provenientes del cobre, el litio, el agua, la energía y los datos. David Harvey ayuda a comprender por qué este punto es decisivo: el neoliberalismo no solo liberaliza mercados, sino que produce acumulación por desposesión, es decir, convierte derechos, bienes comunes y recursos colectivos en fuentes privadas de renta (Harvey, The New Imperialism, 2003; A Brief History of Neoliberalism, 2005).
En Chile, esta discusión tiene una profundidad histórica particular. El Programa Socialista de 1947 puede leerse como una matriz nacional-popular, democrática, latinoamericana y antioligárquica, preocupada por que los trabajadores y las mayorías sociales dejaran de ser espectadores de la vida nacional. Esa tradición, asociada a Eugenio González, Julio César Jobet, Oscar Waiss y Clodomiro Almeyda, no debe repetirse mecánicamente; debe actualizarse. Hoy el sujeto trabajador incluye al subcontratado, al profesional a honorarios, al repartidor de plataformas, a la cuidadora no remunerada, al funcionario precarizado, al joven endeudado, al pequeño comerciante asfixiado por el crédito y al adulto mayor con pensión insuficiente. La democratización económica debe hablarle a ese nuevo mundo del trabajo fragmentado.
El tercer eje es la democracia participativa. Una democracia que solo convoca a votar cada cierto tiempo, pero deja las decisiones relevantes en manos de expertos, mercados, directorios, ministerios centralizados o algoritmos, se vacía lentamente. Jürgen Habermas advirtió que la democracia requiere esfera pública, deliberación, argumentación y ciudadanía activa; cuando el mundo de la vida es colonizado por el dinero, el poder administrativo y los sistemas comunicacionales, la democracia se debilita desde dentro (Habermas, The Theory of Communicative Action, 1981; Between Facts and Norms, 1992).
Por eso, la participación no puede seguir siendo decorativa. Los presupuestos participativos, los consejos territoriales, las juntas de vecinos con incidencia real, los mecanismos vinculantes en planificación urbana, las consultas ambientales tempranas, los consejos de usuarios en salud, educación y cuidados, y la deliberación regional deben dejar de ser anexos de la administración pública. Deben transformarse en poder democrático organizado. Humberto Maturana permite profundizar este punto desde una clave chilena: la democracia no es solo un procedimiento institucional, sino una forma de convivencia fundada en el reconocimiento del otro como legítimo otro (Maturana, Emociones y lenguaje en educación y política, 1990; La democracia es una obra de arte, 1994).
Desde esa mirada, la participación no es un trámite; es una pedagogía democrática. Paulo Freire agregaría que no hay emancipación sin diálogo, conciencia crítica y participación activa de los sujetos en la construcción de su propio mundo (Freire, Pedagogía del oprimido, 1970). El socialismo democrático no debe tratar a la ciudadanía como beneficiaria pasiva de políticas públicas, sino como sujeto de deliberación, control y creación institucional.
El cuarto eje es la seguridad democrática. Este punto es crucial, porque la derecha autoritaria ha capturado la palabra seguridad frente a la incomodidad de parte del progresismo. Ese abandono ha sido un error estratégico y popular. La seguridad es una demanda legítima de las comunidades, especialmente de quienes viven en barrios donde el crimen organizado, la violencia, la droga, la extorsión o la ocupación del espacio público deterioran la vida cotidiana. Pero una seguridad democrática no puede reducirse al castigo ni a la militarización simbólica.
Una seguridad socialista democrática debe combinar persecución penal eficaz, inteligencia financiera, control de armas, fortalecimiento investigativo, combate al lavado de activos y persecución del crimen organizado con recuperación urbana, iluminación, deporte, cultura, salud mental, prevención comunitaria, reinserción y cohesión social. Hannah Arendt ayuda a entender que cuando se destruye el mundo común y las personas se sienten aisladas, abandonadas y superfluas, crecen las condiciones para la propaganda, el resentimiento y las salidas autoritarias (Arendt, The Origins of Totalitarianism, 1951; The Human Condition, 1958). La seguridad democrática, entonces, no es solo control del delito; es reconstrucción de comunidad.
Aquí también aparece Zygmunt Bauman. En sociedades líquidas, donde los vínculos son frágiles y los riesgos se privatizan, la inseguridad se vuelve experiencia estructural (Bauman, Liquid Modernity, 2000; Community, 2001). Si el Estado democrático no ofrece protección, la ciudadanía puede buscar refugio en liderazgos autoritarios que prometen orden sin justicia. Por eso, el socialismo democrático debe disputar la seguridad como derecho social: vivir sin miedo en el barrio, en el transporte, en la escuela, en el trabajo y en el espacio público.
Estos cuatro ejes —Estado social universalista, democratización económica, democracia participativa y seguridad democrática— tienen una misma raíz: reconstruir el mundo común. Mariana Mazzucato permite pensar el Estado no como simple corrector de fallas del mercado, sino como actor capaz de orientar misiones estratégicas, innovación, inversión pública y desarrollo productivo (Mazzucato, The Entrepreneurial State, 2013; MissionEconomy, 2021). Salvador Allende, desde otra época y otra tragedia histórica, dejó instalada la pregunta más profunda: si es posible transformar democráticamente la economía sin renunciar a las libertades políticas ni ser destruido por los poderes que pierden privilegios (Allende, La vía chilena al socialismo, 1971; Garcés, Allende y la experiencia chilena, 1976).
Hoy esa pregunta vuelve bajo nuevas condiciones. Ya no se trata de repetir el siglo XX, sino de actualizar su mejor aprendizaje: sin democracia, el socialismo se burocratiza; sin justicia social, la democracia se vacía. La tarea es unir libertad e igualdad, Estado y ciudadanía, seguridad y justicia, economía y democracia.
La reconstrucción del mundo común no es una abstracción utópica. Es una agenda concreta para que la democracia vuelva a proteger la vida. Un Estado social universalista protege frente a la enfermedad, la vejez, la cesantía y el abandono. La democratización económica enfrenta la concentración de riqueza y poder. La democracia participativa devuelve agencia a comunidades y territorios. La seguridad democrática protege sin sacrificar derechos ni convertir el miedo en obediencia.
El socialismo democrático del siglo XXI no será legítimo por invocar su pasado, sino por demostrar que puede organizar un futuro donde nadie quede solo frente al mercado, la enfermedad, la deuda, el abuso, la inseguridad o el miedo.
