Federico Arenas Vásquez
Doctor en Ciencias Económicas y Sociales, mención Geografía, Universidad de Ginebra, Suiza. Actualmente, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile
José Orellana Yáñez
Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano
En más de una oportunidad hemos reflexionado en Página 19 acerca de la persona humana como ser integral en su existencia creadora. Un rasgo fundamental a relevar es el referido a la cuestión territorial, en el entendido que siempre la persona humana se emplaza en un lugar, un territorio o, para hacerlo aún más abstracto analíticamente, en un espacio geográfico.
También hemos afirmado que más que por voluntad, sino que, por evidencia, acercar las decisiones públicas nacionales, regionales y locales a las personas, en su circunstancia cotidiana, haría más efectivo el diseño de la arquitectura institucional del Estado y sus diversas políticas públicas.
Se afirma que el Estado, en cuanto expresión política de las personas, en la medida que se territorializa democráticamente , gana en contribuir a la creación de una mejor calidad de vida, no sólo por un mejor ordenamiento del territorio, que es lo que usualmente hemos comentado (y que es muy estratégico), sino que también por pensiones, salud, educación y todas las otras dimensiones de la que es depositaria la persona humana emplazada colectivamente en un determinado espacio geográfico. ¿Acaso, si estuviese instalada a firme la idea de lugar, territorio o espacio geográfico en un sistema de pensiones, se hubiese demorado todo lo que se ha demorado el ajuste que hoy escuchamos y vemos? Y lo mismo en salud, educación y otros aspectos de la vida.
Pues bien, hoy presenciamos una coyuntura política del todo polémica, comprometiendo esta idea de acercar la decisión pública a las regiones y las comunas, por medio de una mayor descentralización del Estado, desde su expresión política, administrativa y fiscal, volviendo más lento, de este modo, el avance hacia un mejor “óptimo-diseño” de política pública. El caso fundaciones y convenios, qué duda cabe, tendrá efectos, aunque no debiese implicar una desaceleración del proceso, sino más bien una re-orientación y profundización del mismo.
Lo que debiésemos colocar en valor, como sociedad, es la necesidad de institucionalizar la función pública del Estado en las escalas sub-nacionales o, mejor dicho, optimizar la relación público-privada que hoy, a todas luces, da cuenta de un fallo en su ejecución. Optimizar esta relación público – privada, pasa ineludiblemente por fortalecer el Estado en eficiencia y eficacia, por medio de un proceso permanente de modernización y reforma del mismo. Desde esa perspectiva, un óptimo enfoque para ello pasa por hacer transitar definitivamente la idea de Estado subsidiario institucionalizado en la Constitución del 80’ al Estado social y democrático de derecho, que se viene instalando de un tiempo a esta parte, incluyéndose incluso en los ensayos de nueva constitución, un perfilamiento concreto, el cual supone otro punto de partida, inclusive para optimizar el proceso de descentralización, el que es inagotable en este aspecto.
La descentralización en tanto proceso lento, incompleto, en su limitado avance (falta de traspasos de competencias y atribuciones, como también de financiamiento) y, más allá de los avances que supone el proyecto de ley “regiones más fuertes”, en materia de financiamiento fiscal y del polémico proyecto de “eliminación” de la figura de la delegación presidencial regional y provincial, resistido por las/os Gobernadoras/es Regionales de Chile por considerar que no representa un avance significativo en los traspaso de competencias y la NO eliminación efectiva de la figura de la delegación presidencial regional y provincial, nos exige, ahora más que nunca, proyectarla con más fuerza, ya que, con todo, el proyecto “regiones más fuertes” propone en sus definiciones mayor control, hecho que en una coyuntura como la actual, se supone, permitiría en el Congreso, vía indicaciones, fortalecerlo aún más.
El movimiento pendular de la política nos hace recordar que, lo que hoy puede parecer que no es agenda sociopolítica, mañana puede volver a serlo. La descentralización es una demanda política y social de larguísima data, que proviene desde las brechas de desarrollo territorial del país, donde en este esquema neoliberalizante, la evidencia da cuenta de lo inorgánico en lo territorial del mismo (desarrollo), apurando la profundización de más descentralización para asumir los desafíos que se vienen (y los que ya están aquí), como son el cambio climático global, la mejor gestión del riesgo natural, la inteligencia artificial y la política pública de carácter social, siempre tan territorial, pero irremediablemente invisibilizada, cuestión que pareciera ser, se explicaría desde los procesos formativos primarios, secundarios y superiores, donde el lugar, el territorio y espacio geográfico no se ponderan de forma adecuada, en cuanto contenidos curriculares ya que, por ejemplo, en específico en este último nivel, planes de diferentes carreras universitarias de las Cs. sociales enmudecen, o bien acotan, este rasgo central de la persona humana y su organización. La geopolítica y la descentralización, es otro desafío… pero daría para una próxima columna de opinión.
