Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
Mientras la Convención Constitucional avanza hacia la formulación institucional de la educación en la Nueva Constitución, el Gobierno que asumirá en los próximos días, debe empezar a tomar una serie de medidas sobre ella: coyunturales (como las referidas a la pandemia); de largo plazo (resultantes de la Nueva Constitución); institucionales (nombramiento de cargos políticos que deberán negociar entre los partidos de la coalición + socialistas y aliados); y otras definiciones políticas y programáticas de la inercia propia a acciones en desarrollo, de cambio de rumbo o abertura a nuevas políticas o programas.
Todas ellas deben orientarse en los lineamientos democráticos que ha exigido la movilización social en las últimas décadas: calidad, equidad, igualdad, prioridad a la educación pública, gratuidad, laicismo en la educación estatal, interculturalidad, no sexismo, participación comunitaria, diversidad, descentralización, regionalización, formación ciudadana. A ello se suma el desarrollo profesional docente, el abandono o expulsión escolar, la formación de directivos/as en una concepción de gestión participativa, sindicalización de docentes y asistentes de la educación, asegurar derechos laborales.
Finalmente –si se aprueban- habrán decisiones constitucionales que tendrán consecuencias educativas: la plurinacionalidad, la educación intercultural bilingüe y la educación ciudadana; las orientaciones sobre el cambio climático y la educación ambiental; un estado regionalizado, los sistemas locales de educación, la reorganización de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Departamentos Provinciales de Educación; la prioridad a la educación pública y el reposicionamiento de la educación particular subvencionada en el sistema educacional. En fin, se vienen tiempos de cambios significativos complejos, de corto, mediano y largo aliento, políticos, técnicos, de gestión y de cultura institucional del estado y sociedad educativa.
En los últimos años se ha planteado en la política educacional un dilema falso: desarrollar políticas universales o focalizadas. En la década de los noventa se trabajó con políticas educacionales focalizadas (Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación-MECE, MECE/Rural, Programa de las 900 Escuelas, Programa de Educación Intercultural Bilingüe-PEIB, Jornada Escolar Completa-JEC y otros). A partir del 2000 se empezaron a plantear políticas universales basadas en información y evidencia que apuntaban a privilegiar un principio de igualdad y que culminaron con las medidas de aseguramiento de la calidad, consolidación y diversificación de la subvención escolar, sistemas de medición y registro de evidencias, desarrollo profesional docente general, gratuidad, fin al lucro, etc. En la última campaña presidencial sectores progresistas de Nuevo Pacto Social y de Apruebo Dignidad plantearon que la focalización es una política neoliberal que debe reemplazarse por políticas universales. Es algo debatible y que no corresponde a una acción política responsable.
Los principios de igualdad y de diversidad no se oponen, se suponen y requieren mutuamente para hacerse efectivos. Los derechos universales deben expresarse de igual forma para todos los individuos, pero los colectivos sociales particulares pueden tener derechos propios (y los tienen, como el usar su propia lengua materna) que no implican perder los universales. Las organizaciones y movimientos sociales son sectoriales, de colectivos sociales, de ciertos territorios, o responden a temáticas sociales, culturales, locales o territoriales y exigen respuestas educativas y pedagógicas propias que los refuercen (por ejemplo, desde la educación popular territorializada y pertinente). La complejidad del desafío transformador que deberá enfrentar el nuevo gobierno a partir del próximo 11 de Marzo será enorme. Su éxito dependerá de lograr el justo equilibrio entre políticas nacionales, universales, y programas diversificados ante temas, colectivos, pueblos, comunidades, diferentes.
Debe haber políticas y programas para colectivos sociales específicos: la educación en los territorios rurales, la educación de personas jóvenes y adultas en todas sus modalidades y para todas las edades, la educación intercultural bilingüe, la educación especial, la técnico-profesional, la hospitalaria, entre otras. Habrá que desarrollar programas especiales para temas para todos y todas, pero específicos: la formación ciudadana, la educación ambiental, la educación no sexista, la educación intercultural, la prevención de drogas lícitas e ilícitas, la educación de una cultura de regionalización y cooperación, el deporte y uso del tiempo libre. Entre otras.
Entrar en el debate entre políticas universales y diversificadas es agotar conversaciones en una cancha donde no debe jugarse el partido, es como si se opusiera la estrategia a la táctica, lo general a lo particular, el todo a las partes. No llevará a nada útil, efectivo, impactante en lo político, social, cultural y pedagógico. La Convención Constitucional apunta a la coherencia entre lo general y universal, con lo particular y la diversidad. Las políticas educacionales deben empezar a abrir los surcos en que se sembrarán diversas semillas de un gran campo sembrado de buenas noticias, acciones, emociones, resultados y compromisos sociales y políticos.
