Analista político y sociólogo.
Una de las maneras más efectivas que se conoce de abandonar un tema es concentrarse en hablar de todo lo que lo rodea, excepto de su contenido. Es lo que está ocurriendo con el cambio constitucional.
Hemos cambiado la conversación sobre la Constitución que queremos por la de los expertos que pudieran asumir la redacción del borrador. Los expertos no necesitan ser promocionados. Estamos hablando de personas que tendrán una gran influencia, pero que no tienen que convencer a nadie porque nadie votará por ellos. Serán designados en el Parlamento y allí la derecha es fuerte.
Lo que existe son peritos en derecho constitucional que son de la confianza de quienes los nominan. Actuarán en su representación y los representados son los parlamentarios, los que se asegurarán de tener una fuerte presencia de sus opiniones “por interpósita persona”, como se decía hace tiempo.
Este acuerdo institucionaliza la capacidad de veto de la derecha. El Parlamento designa dos instancias determinantes del proceso, reproduciendo así sus mayorías y minorías, entregando una ventaja enorme a la oposición. Estas instancias son la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad, en ellas la derecha tiene asegurado el porcentaje de votos necesarios para que nada que no le guste sea aprobado.
La única sorpresa pudiera provenir de la elección de consejeros, pero en ningún caso la derecha será menos de un tercio de esa instancia, con lo que, nuevamente, obtiene el veto. Si no lo consigue, tampoco es para preocuparse.
El Consejo Constitucional se instala cinco meses después que esté operando la Comisión Experta, tendrá que abocarse a revisar, en poco tiempo, el texto que se le entregue. Si cambia algo, los expertos le podrán enmendar la plana y si no se dirime en una comisión mixta con igual representación de expertos y consejeros.
En un país de gente informada, hacerse el ingenuo permanente es muy arriesgado. Se nos dice que no hay de qué preocuparse porque estos profesionales de prestigio no harían más que actuar de facilitadores, adelantando el trabajo para que otros decidan. Los expertos están el doble de tiempo que los consejeros, evalúan el texto que estos presentan, pueden hacer otras propuestas de redacción e integran una comisión que dirime por votos.
Todo parece atado y bien atado, pero tengo el convencimiento de que no va a ocurrir del modo como quienes predominaron en la negociación se imaginan. Se han tomado las precauciones para que no se puedan repetir los errores de la etapa anterior, pero los posibles reincidentes no abundan. Lo que queda por definir es vital y, cuando se hable en positivo, las agrupaciones serán distintas. Lo importante es no perder el objetivo entre tantas garantías y controles.
El Consejo Constituyente entregará un notable aporte al país si consigue tres cosas: dotar de contenido al concepto de Estado Social y Democrático de Derecho; equilibrar los poderes del Estado, posibilitando gobiernos de mayoría; y ponernos al día en la definición de derechos individuales, sociales y culturales.
En Chile necesitamos encontrar actores que inventen una partitura que no tenemos, no sólo que interprete la que se les tiene gentilmente preparada.
