
Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
En estos últimos días del mes de noviembre en varias universidades estatales regionales, funcionarios profesionales y administrativos, algunos académicos y contratados a honorarios, recibieron cartas de desvinculación. Una universidad está intervenida y varias navegan difícilmente en las aguas turbulentas del desequilibrio entre ingresos y egresos: más de una debió deshacerse de edificios y terrenos para equilibrar balances. Ya no se sabe como financiar préstamos por el aumento de intereses y el desfinanciamiento del sector. Las universidades estatales con sede regional enfrentan una aguda crisis estructural como sistema, mientras privadas gozan de excelente salud, crecimiento y desarrollo. ¿No debería ser el estado el que priorizara a sus propias universidades? El Sistema estatal de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior ¿no debería primero estimular y asegurar buen financiamiento basal a sus propios centros de estudios, incentivar su producción y difusión de conocimiento, mejorar permanentemente su capacidad de creación, innovación, desarrollo, formación de personas? ¿Por qué deben competir por proyectos en iguales condiciones dos o tres sistemas universitarios: el estatal regional, el estatal de Santiago y el privado? ¿No debería existir una política de “acción afirmativa o discriminación positiva” respecto del subsector regional público, por su aporte a la democracia, al desarrollo local y regional, al empleo, innovación, circulación local de capitales, personas y conocimientos, formación de cuadros políticos, de profesionales y ciudadanos, de la población general, de la internacionalización?
El abandono del estado a sus universidades.
El Estado, durante la dictadura, apoyó al sistema bancario nacional, para pagar sus graves déficits, deuda que se canceló no hace mucho; cuando quebró La Polar, el gobierno se puso con facilidades de pago de impuestos adeudados y otros gastos; en estos meses a las ISAPRES les ha dado plazos enormes para pagar sus delitos o faltas con los afiliados: a la mala gestión privada se le comprende y ayuda, a la estatal regional se le culpa y castiga. A la Universidad de Chile se le hacen aportes anuales por glosa presupuestaria o asignación de proyectos ¿y a las universidades estatales regionales porqué el estado las obliga a autogestionar sus problemas históricos de desfinanciamiento? El aumento histórico de aportes estatales no compensa el enorme esfuerzo realizado por las comunidades universitarias en regiones. Plata para privilegiados privados y públicos, para los otros, “que se rasquen con sus propias uñas”. ¿Por qué los trabajadores deben pagar la cuenta de una crisis sistémica y malas gestiones generada por un sistema en crisis?
Mientras las universidades del eje Santiago-Valparaíso tienen una población potencial de generadores de futuros estudiantes universitarios de 6.700.000 personas, La Araucanía tiene apenas un 12% de esa cantidad (870.000 personas). Si en el primer eje se concentran los grandes capitales del país, el poder político y cultural y las Rectorías de la mayoría del universidades del país, con una enorme disponibilidad de potenciales estudiantes, en La Araucanía sólo hay dos universidades regionales (Universidad de La Frontera y Universidad Católica de Temuco), pero cinco sedes de universidades privadas de Santiago (Autónoma, Mayor, Santo Tomás, INACAP, Católica) y una estatal de Iquique (Arturo Prat) que compiten por una pequeña cantidad de estudiantes. No hay apoyo estatal adecuado a esta realidad cuando la universidad pública regional, por ley desde la dictadura, no puede aumentar su matrícula más allá de un 2,7% anual, impidiendo, por ejemplo, crear una jornada vespertina. No es eliminar a las privadas: es hacerse responsable de las públicas.
La crisis universitaria estatal y regional: provocada y conveniente.
Las universidades estatales regionales están solas, tristes y abandonadas, lanzadas a su propia suerte.
La crisis actual de muchas universidades estatales regionales tiene varias dimensiones. Una, humana: los despidos que afectan a tantos/as colegas funcionarios/as profesionales y administrativos/as, y sus familias, que ingresaron a ellas llenos/as de ganas de contar con un buen trabajo, de largo plazo, bonito, contributivo al desarrollo regional y que ahora deben pagar la cuenta de la crisis: terrible y triste. Una ideológica: los que durante décadas han gestionado las universidades como si fueran empresas privadas, de gestión pública, que incluso generaban excedentes, con cierto desprecio del sentido profundo de universidad estatal regional, descuido por las crecientes desigualdades y contrataciones de muchos honorarios. Una de gestión: pésima administración financiera que ya no da para más y ha sumido a muchas en situaciones financieras graves. Una política: la lucha feroz privatizadora contra lo público y las universidades estatales sin defensa de parlamentarios afines a lo público, ni del gobierno nacional ni regional, en defensa de la educación pública. Una social: las comunidades regionales no se han pronunciado en defensa de sus universidades estatales regionales, las propias de sus territorios. Una de educación superior: muchas universidades estatales están desfinanciadas, intervenidas o en situación difícil, de acoso privatista, burocratización a niveles nunca vistos por los controles, trámites y una cultura de desconfianza a todo el Estado, precariedad laboral de muchos/as trabajadores/as.
Se ha exigido a la universidad estatal regional actuar como una unidad económica más del neoliberalismo, aunque en mercados precarios de consumo, pero con alta inversión de capitales estatales y privados. No hay lucro pues no hay apropiación privada del trabajo o de los resultados, pero se resguardan recursos e incluso generaron excedentes en algún momento, mientras se mantenían honorarios, bajos sueldos, investigación con bajo presupuesto, poca inserción en los territorios. Se buscaron negocios por la educación continua sin planificación o la asociación público-privada que al final terminó disolviendo y corrompiendo a las casas de estudio. Mientras algunas privadas ni sindicatos tienen…
Somos parte de una crisis global de lo público, de errores de gestión neoliberal durante décadas, de desastrosa gestión actual, de falta de inserción en el territorio y de soberbia académica de muchos docentes que creen sólo en sus méritos individuales, olvidando que son parte de una comunidad de trabajadores/as que sustentan sus trabajos y logros. Sigue siendo tiempo de cambiar radicalmente el sistema educacional chileno y en él, el superior.