Periodista.
Las cifras gruesas hablan de un Plan “Chile Apoya” con recursos por más de 3.700 millones de dólares, enfocados básicamente en el control de algunos precios especialmente sensibles en materia de transporte y combustibles; en el empleo femenino, joven y de adultos mayores; la protección de los niños y el apoyo a las pymes, que son las grandes generadoras de empleo en el país. “Para que nadie se quede atrás”, rezaron las palabras tanto del Presidente Boric como de su Ministro de Hacienda, Mario Marcel.
La idea es generar unos 500 mil empleos, con el apoyo de un IFE extendido hasta septiembre, lo que vendrá a paliar los al menos 600 mil empleos menos que dejó la administración pasada, generados por los efectos económicos de la pandemia. Sin contar el crecimiento del trabajo informal.
Otro anuncio fundamental es el aumento del salario mínimo a 400.000 pesos, que hoy ganan cerca de un millón de trabajadores en el país. Recordemos que esta es una cifra clave para un mercado de los salarios que ha venido persistentemente a la baja en años pasados, como también que, en Chile, según cifras oficiales, la mitad de los trabajadores gana menos de 420.000 pesos. Es decir, se está llegando a nivelar lo que es ya el piso de los que ganan la mitad de los asalariados del país y ojo que el 54,7% de las personas ocupadas en Chile, no podría sacar a una familia promedio (4 personas) de la pobreza ($459.534), según la Fundación Sol, con cifras al 2020. En otras palabras, aun teniendo empleo, esto no le alcanza para sacar a su familia de la pobreza, si es el único que genera ingresos en el hogar.
No está de más recordar algunas cifras al respecto (INE, Encuesta Suplementaria de Ingresos): Como decíamos, el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $420.000 y 7 de cada 10 trabajadores obtiene menos de $635.000 líquidos. Sólo el 20,4 % gana más de $850.000 líquidos y el 82,4 % de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $850 mil líquidos, relevó recientemente Fundación Sol. De allí la relevancia del apoyo al empleo femenino y a los salarios, en general.
El salario mínimo, dado lo bajas que son las remuneraciones pagadas en el país, tiene un marcado efecto redistributivo, dado que muchos trabajadores, por ejemplo, del comercio y otras actividades, ganan “el mínimo más propinas” o “el mínimo más ventas”, por lo que constituye una herramienta fundamental de aumento del poder adquisitivo, aspecto que aparece como fundamental en un contexto de alza de precios de los alimentos y otros insumos básicos.
Esto último, además, desmiente a quienes afirman que no habrá “transferencias directas” a los más afectados por la situación económica imperante.
“Pensando en las personas invertiremos 1.386 millones de dólares en generación de empleo y apoyo a sectores rezagados, 1.340 millones de dólares en ayudas directas a los bolsillos de las familias y 1.000 millones de dólares en apoyo a las MiPymes”, abundó al respecto el Presidente Boric.
Pero vamos a las señales políticas, más que al detalle técnico de los anuncios, que van a seguir siendo masticados en lo específico en los próximos días.
¿Qué gobierno había subido en esta medida el salario mínimo en un año? ¿Qué administración había puesto un foco tan marcado en la generación de trabajo hacia las mujeres, con un subsidio hasta 30% mayor que en el caso de los hombres? ¿Qué Ejecutivo había aumentado en forma sustantiva las beneficiarias del programa que entrega recursos por hijo ($200.000 por hijo o hija, con el Subsidio Protege), para trabajadoras sin acceso a sala cuna, que antes cubría a los niños menores de 2 años y ahora menores de 4 años? Esto se suma al aumento del programa “4 a 7”, para mujeres responsables de niños y niñas menores de 6 a 13 años, en que unos 300 establecimientos educacionales podrán cuidar a sus hijos entre las 16 y las 19 hrs, de modo de facilitar el trabajo de las madres.
¿Qué administración había entregado 450 mil pesos a los trabajadores del arte y la cultura? Tampoco nunca se había incluido la parafina entre los combustibles subsidiados en Chile, sino que solo se incluía a los demás derivados del petróleo, con un evidente sesgo socioeconómico, lo que beneficiará a un millón de hogares. Se concretará un congelamiento del transporte público regulado en todo Chile, ojo, no solo en Santiago, postergando una vez más la ya famosa alza del Metro (uno de los gastos más onerosos para el bolsillo) entre otras medidas, lo que beneficiará a unos 6 millones de chilenos, precisó Transportes.
Recordemos que temas como estos- alza de los combustibles, entre otros productos- son los que han gatillado grandes protestas sociales en países como Perú, (que, con todo, tiene una inflación más baja que la chilena, con un avance anual de 6,82% en el pasado mes de marzo, el nivel más alto desde agosto de 1998, consignó Emol). Y Chile se va acercando al 10% anual hacia mediados de año, aunque convengamos que este es un fenómeno mundial.
Asimismo, se anunció medidas concretas para los adultos mayores, ampliando sustantivamente los establecimientos de larga estadía en el país, con una ampliación en 50% de los recursos para los Centros Diurnos del Adulto Mayor y extendiéndose a todas las regiones los Establecimientos de Larga Estadía (Eleam).
Por otro lado, junto con la ya anunciada- por el Mineduc-, de la revisión “progresiva” de las condiciones del CAE, el Ejecutivo apuntó ahora al comienzo de la recuperación del valor de los almuerzos que el Estado financia para estudiantes universitarios, con un aumento de 15% (unos 5.000 mensuales), que se ha considerado insuficiente, pero que marca el comienzo de una recuperación tras 9 años de estancamiento al respecto, siendo un guiño al movimiento estudiantil.
El sello Boric
Por cierto que todo esto puede parecer insuficiente, y lo es, en un país tan desigual y tan afectado por la coyuntura económica nacional e internacional, pero acá hay señales claras y concretas de las prioridades del Ejecutivo en la materia, por lo que con esto el Gobierno zanja una línea de trabajo hacia el futuro. Lo que se denominó el “sello inclusivo” de la recuperación económica, en castellano, “que nadie se quede atrás”.
Ese futuro donde se espera ir devolviendo la participación femenina en la fuerza de trabajo luego de que ésta retrocediera 10 años durante la pandemia y donde se espera llegar a los 500.000 pesos en el sueldo mínimo hacia el fin de la administración, lo que será otro empujón clave en materia de distribución del ingreso, luego que en la administración anterior los ricos se hicieran más ricos y los pobres más pobres, según cifras oficiales.
Aunque para conveniencia de los medios opositores al Gobierno, las declaraciones de la ministra del Interior, Izkia Siches, desviaran la atención del paquete de anuncios económicos y sociales del Ejecutivo, éstos comenzarán a notarse en la realidad social de estos estamentos de la sociedad más vulnerables: mujeres, niños, adultos mayores.
Otra medida del ámbito de la seguridad social tiene que ver con el mejoramiento del seguro de cesantía, eliminando la exigencia para el acceso a estos recursos- que son financiados por el trabajador y el empleador- y aumentando las tasas de reemplazo, es decir, la comparación entre lo que el trabajador ganaba y lo que recibe como subsidio de desempleo.
También hay medidas derechamente “verdes”, como el fortalecimiento de los programas de bosques nativos en coordinación con los municipios, que busca crear 3.500 nuevos empleos “y va en línea con mejorar la resiliencia y adaptación a la crisis climática del país”, incluyéndose también viveros operados fundamentalmente por mujeres, otra muestra del foco al respecto.
Otro tanto tiene que ver con la inversión pública, que se espera aumente en al menos un 30%, es decir, habrá un envión en temas como infraestructura y seguramente vivienda, si es que logra superar los conocidos problemas de encarecimiento de materiales de construcción, tema al que se está enfrentando el ministro Montes. “Cuando el Banco Central anticipa que tendremos un año débil en inversión privada le corresponde al Estado empujar la inversión pública, acelerando procesos para que los proyectos de inversión efectivamente se materialicen”, enfatizó el Presidente.
Esto lleva aparejado un fondo de unos 300 millones de dólares para infraestructura de los gobiernos locales, para municipios y gobiernos regionales.
Hay también una línea de derecho apoyo a las pymes, fortaleciendo el programa de acceso al crédito para 100.000 microempresas no bancarizadas y la flexibilización de los créditos Fogape (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios), llegando a pequeñas empresas que no accedieron a éste, lo que fue una constante queja en la administración pasada.
Por último, muy al estilo de Mario Marcel, quien fuera uno de los impulsores de la regla de balance estructural (gastos permanentes requieren de ingresos permanentes), se buscará dejar establecido un mecanismo que opere automáticamente cuando se produzca una situación, por ejemplo, de confinamiento general de la población, como la sanitaria, en el que opere de inmediato un mecanismo de entrega de recursos a la población, mediante un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de amplia cobertura.
Fantasma del quinto retiro
“Esto involucra un compromiso muy importante de recursos. Para que tengamos una idea de lo que esto involucra pensemos que los US$3.700 millones equivalen a 1,3% del Producto, que es más o menos el doble de las medidas de carácter tributario que se aprobaron hace pocos meses atrás para financiar la Pensión Garantiza Universal (PGU) (…). Y por el lado del gasto, es más que todos los recursos comprometidos para el financiamiento de la PGU”, explicó Marcel, haciendo un link con el tema previsional, tan en boga por la posibilidad de un quinto retiro.
Está por verse si el paquete de medidas anunciado podrá frenar un quinto retiro de fondos de pensiones, porque parece no comprenderse aún que no son los propios trabajadores los que, con sus propios recursos, ahorrados con tanto sacrificio, financien sus problemas económicos presentes, sino que lo hagan quienes más tienen, (mediante, por ejemplo, la reforma tributaria que se presentaría en los próximos meses) y, por esa vía, el Estado, como lo hace anunciando el presente paquete de medidas.
Pero mientras las AFP lanzan o apoyan campañas como #tusahorrossontusahorros (AFP Habitat), #eshoradehablar (AFP Cuprum) o sus sectores políticos afines, como la UDI, fortalecen el #conmiplatano, intentando defender el negocio previsional que les da grandes ganancias, entrega pensiones miserables y, en definitiva, financia empresas más que constituirse en un sistema de seguridad social, al defenderse de los cuestionamientos de la Convención Constituyente, el debatido quinto retiro avanza lento, pero sostenido, en el Congreso.
El problema es que hoy la coyuntura económica es más compleja, por ejemplo, en el tema inflacionario o lo que es lo mismo, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores (veamos solo lo que está pasando en Perú al respecto), por lo cual el Ejecutivo deberá jugar todas sus cartas para que el citado programa de medidas florezca en sus frutos muy rápidamente, de modo de evitar una medida como el retiro de fondos previsionales que es, como lo ilustrara bien el Presidente Boric, “pan para hoy y hambre para mañana”.
