Diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación superior, que en conjunto representan a más de 12 mil personas de universidades estatales, tradicionales y privadas, emitieron una declaración pública en respaldo al proyecto de ley que crea el Fondo de Financiamiento Público de la Educación Superior (FES), actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
Las asociaciones firmantes valoran el FES como un avance decisivo hacia un sistema de educación superior más justo, inclusivo y sostenible. Destacan que esta iniciativa reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE), eliminando las deudas impagables y la participación del sistema bancario en el financiamiento estudiantil.
Entre los aspectos más relevantes del proyecto se incluyen:
– Acceso universal y equitativo: el FES no requiere postulación y está destinado a quienes quedaron fuera de la gratuidad, ampliando la cobertura sin discriminación.
– Pago justo y condicionado: las y los beneficiarios solo pagarán si cuentan con ingresos estables y suficientes, lo que protege a quienes no logran insertarse laboralmente.
– Flexibilidad académica: se contempla financiamiento por un año adicional respecto a la duración formal de las carreras.
– Condonación de deudas: más de un millón de personas podrían verse beneficiadas por medidas de alivio financiero.
– Gestión estatal: el Estado será el único administrador de los recursos, excluyendo a los bancos y priorizando el uso educativo de los fondos.
– Regulación de aranceles: se establecen criterios objetivos para definir costos reales de las carreras, favoreciendo especialmente a las universidades regionales y tradicionales.
– Transparencia: todas las instituciones que reciban fondos públicos deberán cumplir estándares de transparencia activa.
– Fortalecimiento institucional: se permitirá el uso del Fondo Solidario para apoyar a instituciones tradicionales.
Aun reconociendo los avances, las organizaciones advierten sobre algunos desafíos claves para la implementación efectiva del FES, cómo asegurar un financiamiento justo y sostenible, y garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras de universidades privadas en la fiscalización del uso de los recursos públicos.
El documento concluye con un llamado a la Comisión de Hacienda y al Congreso Nacional a aprobar el proyecto, señalando que se trata de una oportunidad histórica para avanzar hacia una educación que sea un derecho y no una carga impagable.
Firmantes:
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Federación de Académicas y Académicos de Chile (FAUECH), la Federación Nacional de Funcionarios de Universidades Estatales (FENAFUECH), la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales (FENTUECH), la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH), la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Universidades de Chile (CONATUCH), entre otras.
