Periodista.
El reconocido activista de la disidencia sexual, Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los gays, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra del ministerio de Salud y quien lo representa, el ministro Jaime Mañalich, por la nueva campaña de prevención del VIH/SIDA, considerada discriminadora y que incumple la ley.
El periodista, explicó a Página 19 que como activistas en VIH/SIDA han estado en acción vigilante de la política pública, por ello, ésta no es la primera vez que se establece una acción legal a propósito de las campañas de prevención, puesto que en los últimos años han vulnerado la ley. En este caso, dijo, la iniciativa que se lanzó el 2 de diciembre en el marco del Día Mundial del SIDA, “no integró la participación ciudadana, a través de toma de opiniones y propuestas de la comunidad -como si se hizo en otros gobiernos- además de no estar dirigida a las poblaciones claves como lo indica Naciones Unidas”.
“Los activistas, las personas que trabajamos en la prevención y las que vivimos con VIH debemos usar todo el marco legal, constitucional, cultural y social de lucha para exigir el cumplimiento de la ley y que se respeten los derechos humanos de nuestra comunidad”, señaló.
Una campaña sin participación comunitaria
Robles acusó que desde que asumió, la nueva gestión del ministro Mañalich “ha carecido de participación de la comunidad y nunca más se llamó a las organizaciones para reunirse y opinar”, por esta razón, la acción legal solicita que la Corte exija al ministro que se cumpla la Ley 19.779, conocida como Ley del Sida, que establece que las campañas de prevención tienen que realizarse con participación comunitaria.
“A nosotros nos parece muy grave que se realicen acciones, se utilicen recursos públicos -que no son pocos en una campaña- sin la participación de la comunidad y vulnerando abiertamente la ley”, subraya.
La acción judicial, patrocinada por el abogado especialista en derecho a la salud, Esteban Arévalo, señala que La ley 19.779 estipula en su artículo 2 que el ministerio de Salud tendrá a su cargo la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia, las que “deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población, y en especial para aquellos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y los menores”.
La acción legal plantea que el ministerio de Salud incumple la ley ya que la campaña comunicacional “no se ha elaborado ni ejecutado con la participación de la comunidad, como lo reclama el recurrente y diversas organizaciones comunitarias de la sociedad civil con trabajo reconocido en la prevención del VIH/SIDA”.
Agrega que tampoco recoge los avances de la investigación científica ni considera la realidad epidemiológica nacional e internacional, omitiendo enfocar la campaña a población clave.
Para el activista comunitario en VIH/SIDA, la alta participación de la comunidad en la consulta ciudadana municipal, a propósito del proceso constituyente y una nueva constitución, demuestra que la ciudadanía demanda mayor participación social en la toma de decisiones, “y lo que hace precisamente esta acción constitucional es exigir eso, que lo que indica la legislación sobre participación de la comunidad tiene que ser respetado no sólo porque lo establece la ley, sino porque es parte también de los dedeos y las demandas, de mayor participación e incidencia de la comunidad en las políticas públicas”, recalcó.
El recurso de protección indica que ONUSIDA considera que los gays y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales, las personas transgénero, las personas que se inyectan drogas y las personas en prisión o bajo reclusión de otra clase son los cinco grupos de población clave especialmente vulnerables al VIH, y con frecuencia los que carecen de un acceso adecuado a los servicios.
“Lo que reclama el recurrente, persona que forma parte de uno de los grupos de población clave señalada por ONUSIDA (hombres que tienen sexo con hombres), es que la actual campaña del ministerio de Salud, no incluye ni se enfoca en la prevención en poblaciones que ONUSIDA señala como prioritarias, no recogiendo entonces, la realidad epidemiológica nacional e internacional”, dice el documento.
A juicio de Víctor Hugo Robles la campaña es generalista, “no se enfoca en las poblaciones claves, no busca detectar el VIH en esas poblaciones y mucho menos hacer visible esta situación en esas poblaciones”.
Aclara que no se trata de estigmatizar ni de homosexualizar el VIH, sino de asumir los datos epidemiológicos, “la realidad de que ésta es una epidemia que, aunque afecta a la sociedad en su conjunto, está concentrada en grupos específicos y cada grupo debe tener una campaña dirigida especialmente a sus conductas, a sus posibilidades de prevención, porque si no se hacen campañas focalizadas las personas no se sienten motivadas ni representadas en esas campañas, eso es lo que reclama este recurso de protección”.
Campaña discriminatoria
El Che de los gays añade que además se ha incumplido la obligación de difundir y promover los derechos que tienen las personas que viven con VIH, “por el contrario, se realiza una campaña que afecta la dignidad de estas personas, las estigmatiza y fomenta su discriminación”.
Robles califica de extremadamente grave –y así se consigna en el recurso de protección- el que la campaña omite difundir que la ciencia ha demostrado que las personas que viven con VIH, al tener un tratamiento adecuado y permanente “nos transformamos en personas indetectables, esto es, que la presencia del virus no se detecta en los exámenes y también somos intransmisibles, es decir, la persona que se trata es una persona que no transmite el virus, eso no lo dice la campaña, solo invita a hacerse el test pero no señala que es importante suministrarse el tratamiento y al no existir esa información se trasforma por omisión en una discriminación abierta hacia las personas que vivimos con el virus”.
Enfatiza que la ley dice que el Estado debe procurar respetar los derechos de las personas que viven con VIH “pero las personas que vivimos con el virus no aparecemos en la campaña, como si no existiéramos” y cuestiona que las campañas estén siempre destinadas a las personas que no viven con el virus “no hay campañas que hagan valer los derechos humanos, la dignidad, de las personas que vivimos con el VIH”.
El activista declaró que espera que los jueces fallen a favor de los derechos humanos y de las personas que reclaman mayor dignidad, “es hora que el ministerio de Salud comprenda que no van a existir políticas públicas a espaldas de la sociedad civil y cualquier campaña de prevención que realmente tenga un efecto en las comunidades, en la vida social, en la vida política y sobre todo en el comportamiento sexual, serán campañas que están avaladas, respaldadas y con la incidencia que corresponde de las comunidades organizadas y de la sociedad civil en su conjunto”, concluyó.
