Con el fin de visibilizar el hostigamiento y las distintas expresiones de violencia en las plataformas sociales, la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, que reúne a más de 52 organizaciones de Arica a Punta Arenas, lanzó la campaña #DaleUnfollow a la violencia política digital de género, la que se extenderá por dos semanas y cuenta con piezas gráficas y videos que entregan recomendaciones para enfrentar el acoso digital.
Desde antes del inicio de la instalación de la Convención Constitucional un estudio realizado por Corporación Humanas en colaboración con Interpreta dio cuenta de los distintos tipos de violencia que vivieron las candidatas constituyentes, recibiendo principalmente, expresiones discriminatorias y de desprestigio. El resultado de la investigación indicó que, con independencia del partido político de la candidata, los hombres (70%) son los principales agresores, y se identifican políticamente, en su mayoría, con la derecha.
Por su parte, el segundo informe de la iniciativa “Mujeres y Política en Twitter” de la Escuela de Periodismo de la Usach de agosto revela que el 75% de las mujeres constituyentes sufre violencia digital, siendo los más recurrentes, los ataques psicológicos, ideológicos y morales. Además, el estudio permitió corroborar que el 80% de los perfiles que emitieron más mensajes violentos, correspondían a hombres.
Evitar la autocensura
Con este diagnóstico a la vista y con el fin de visibilizar que las mujeres y disidencias sexo genéricas reciben más violencia en el espacio digital -sobre todo las activistas, feministas, periodistas y mujeres en espacios públicos y/o políticos- la Articulación lanzó la campaña #DaleUnFollow, que da información sobre lo que han señalado informes internacionales sobre la materia y recomendaciones con el fin de evitar la autocensura.
Habiéndose cumplido casi dos meses de la instalación de la Convención Constitucional se han constatado diversas expresiones de violencia hacia su presidenta Elisa Loncon, la machi Francisca Linconao y la constituyente Manuela Royo, entre las más afectadas, lo que constituye un atentado grave a la democracia y una limitación al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, advierten las organizaciones que integran la Articulación.
«Hemos sido testigos de cómo durante toda la Convención se ha instalado una campaña de desprestigio, tanto dentro como fuera de ella, por parte de grupos privilegiados que intentan frenar las transformaciones profundas que venimos impulsando desde los pueblos movilizados. Y han utilizado una herramienta bajísima que es la violencia política y de género, donde las principales afectadas han sido mujeres indígenas y defensoras de Derechos Humanos, tal es el caso de nuestra lamngen Elisa Loncón y de la lamngen Machi Francisca Linconao. Esto principalmente porque hemos irrumpido muchas mujeres con mucha fuerza dentro de la Convención a revertir el orden patriarcal impuesto que pretende mantenernos subsumidas en los espacios invisibilizados de reproducción cotidiana de la vida, de los trabajos domésticos y de cuidados, y privándonos de nuestro derecho a participar en la esfera de lo público y en los espacios de decisión política”, declaró, Elisa Giustinianovich Campos, Convencional Constituyente y Vicepresidenta Adjunta de Mesa Ampliada de la Convención Constitucional.
Es importante señalar que tanto la violencia en el mundo offline, como la violencia política digital de género, causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas, obstaculizan la participación en la vida pública y política, y además, pueden propiciar otras formas de violencia como la física, la sexual y el hostigamiento.
El estudio “¿Es posible debatir en medio de discursos de odio?” elaborado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, advierte que las agresiones que reciben las mujeres en Internet en general, y en redes sociales en particular, afectan su libertad de expresión y han hecho que en muchos casos tomen la decisión de retirarse total o parcialmente de estos espacios, o de limitar su participación, viéndose por esto no sólo afectadas ellas sino dañado el debate público.
Un atentado a la libertad de expresión
De acuerdo a un informe de Naciones Unidas “la violencia de género digital -que es una expresión de la misma violencia de género que compone estructuralmente nuestras sociedades patriarcales- es “cualquier acto de violencia que se comete, se presta asistencia o se agrava en parte o totalmente por el uso de las TICs, tales como teléfonos móviles y teléfonos inteligentes, Internet, plataformas de redes sociales o correo electrónico, contra una mujer porque es una mujer, o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada”. Sumamos a ello que el 2018 la propia Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovic, sostuvo que la violencia online es constitutiva de un atentado a la libertad de expresión y que en muchas ocasiones conduce a la autocensura.
En ese sentido, desde la Articulación Teritorial Feminista Elena Caffarena reiteraron que “la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, transversal a cualquier situación y contexto que debe ser respetado y protegido en lo presencial y lo virtual”.
Para la presidenta de Datos Protegidos, Patricia Peña, organización perteneciente a la Articulación Territorial, el autocuidado digital es indispensable para prevenir la violencia digital y entrega entre sus recomendaciones para mejorar la seguridad que “Ojalá cada dos meses puedan modificarse las contraseñas, utilizar distintas y no la misma en todas las redes (…) y reportar en las mismas plataformas, también configurar nuestros dispositivos de manera que quede bloqueado y resguardado de otras personas. Cuando hay un ataque de violencia es importante archivarlo y denunciarlo”, indicó.
La campaña “#DaleUnFollow a la violencia política digital” permanecerá en las redes sociales durante dos semanas, invitando a la comunidad y a las/los constituyentes a comprometerse a derribar la violencia política de género, tanto dentro de la Convención como fuera de ella.
