El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por las demoras en procesos judiciales relacionados con denuncias de violencia sexual que involucran a exautoridades públicas chilenas, e hizo un llamado al Estado a garantizar investigaciones y procedimientos oportunos, transparentes y con perspectiva de género.
A través de un comunicado emitido este 10 de noviembre de 2026, el organismo internacional se refirió específicamente a los casos del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, denunciado por violación y abuso sexual contra una funcionaria bajo su autoridad, y del exdiputado Francisco Pulgar Castillo, acusado de violación y abuso sexual reiterados contra una niña de 13 años.
En el caso de Monsalve, la audiencia de preparación del juicio oral, inicialmente prevista para octubre de 2026, fue reprogramada para marzo de 2027. Asimismo, el Comité mencionó la modificación de su medida cautelar de arresto domiciliario total a nocturno, decisión que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Respecto del exdiputado Pulgar, el organismo advirtió que el juicio por hechos denunciados en mayo de 2021 fue aplazado hasta noviembre de 2027, prolongando considerablemente los tiempos de respuesta judicial.
Demoras judiciales y riesgo de revictimización
Uno de los principales aspectos abordados por el Comité es el impacto que tienen las dilaciones judiciales sobre las mujeres y niñas que denuncian violencia sexual.
El organismo recordó que la Convención de Belém do Pará, ratificada por Chile, establece la obligación de los Estados de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizando procedimientos judiciales justos, eficaces y oportunos.
En este contexto, advirtió que los plazos excesivos pueden prolongar la incertidumbre, generar nuevas cargas emocionales y aumentar el riesgo de que las denunciantes abandonen los procesos judiciales.
Asimismo, señaló que cuando las denuncias involucran a personas que han ejercido cargos de autoridad pública, las demoras adquieren especial relevancia, debido a que pueden desalentar a las víctimas y transmitir a la sociedad un mensaje de tolerancia frente a la violencia.
El Comité también expresó preocupación por informaciones relativas a rebajas de penas impuestas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, situación que, a su juicio, evidencia las brechas que persisten en la respuesta institucional frente a estas formas de violencia.
Consentimiento, relaciones de poder y estereotipos de género
El pronunciamiento internacional enfatizó que la debida diligencia reforzada no se limita a la rapidez de los procedimientos, sino que también exige incorporar estándares adecuados para analizar el consentimiento y evitar que los estereotipos de género interfieran en las decisiones judiciales.
En particular, el Comité recordó que las relaciones asimétricas de poder, la coacción y el temor a la violencia pueden afectar o anular el consentimiento, aspectos especialmente relevantes cuando las denuncias involucran relaciones de subordinación o dependencia.
También subrayó la necesidad de garantizar una protección especializada para las niñas víctimas de violencia sexual, considerando su edad, necesidades de acompañamiento y derecho a participar en procedimientos que resguarden su integridad y eviten la revictimización.
Llamado al Estado chileno
Frente a estos antecedentes, el Comité de Expertas instó a las autoridades chilenas, especialmente al Poder Judicial y al Ministerio Público, a garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con celeridad, transparencia y debida diligencia reforzada.
El organismo destacó la importancia de considerar la seguridad de las denunciantes al adoptar o modificar medidas cautelares, asegurar apoyo psicosocial durante todas las etapas de los procedimientos y entregar información oportuna sobre las decisiones judiciales.
Si bien reconoció los esfuerzos de articulación institucional impulsados por el Estado chileno en el marco de la Ley N° 21.675, conocida como Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, enfatizó que la prevención, investigación y sanción de la violencia sexual requieren una actuación coordinada entre todos los poderes e instituciones del Estado.
Finalmente, el Comité reiteró su disposición a brindar apoyo técnico al Estado de Chile para fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
El pronunciamiento vuelve a situar en el debate público un desafío fundamental para la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas: garantizar que el acceso a la justicia no se limite a la posibilidad de denunciar, sino que se traduzca en respuestas institucionales oportunas, efectivas y libres de revictimización.
