Periodista.
Tras las reiteradas denuncias de mujeres a las que se les exigió receta médica para comprar métodos anticonceptivos vía online en farmacias, por requisito del Instituto de Salud Pública (ISP), organizaciones de mujeres y feministas mostraron su indignación en redes sociales y advirtieron de las consecuencias que podría generar esta medida.
Desde Ginecólogas Chile emitieron una declaración para «dejar explícita nuestra preocupación en relación a la dificultad en el acceso a la anticoncepción que están teniendo miles de mujeres, tanto del sistema público como privado, en nuestro país durante la situación sanitaria actual», y en la que subrayan que la anticoncepción plena y eficaz es un derecho sexual y reproductivo, y “una de las pocas medidas, científicamente comprobadas, que disminuyen la tasa de abortos”.
Por ello, las ginecólogas hacen un llamado a las autoridades “para trabajar en facilitar el acceso a la anticoncepción desde ahora y evitar de esta manera los cientos de embarazos no deseados que pueden producirse por la dificultad en el acceso a ésta y que, por tanto, constituyen una vulneración grave a los derechos de las mujeres».
La agrupación habilitó el correo electrónico [email protected], para contacto de quienes necesiten ayuda urgente con la continuación de su método anticonceptivo.
Mesa de Género COVID-19 del Senado
Por su parte, decenas de organizaciones de mujeres que forman parte de la Mesa Agenda Género COVID-19 de la presidencia del Senado, también manifestaron su preocupación y exigieron con urgencia una pronta respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud frente a reiteradas denuncias “que señalan que en farmacias se está exigiendo la presentación de recetas médicas para la venta de anticonceptivos regulares”.
A través de una declaración pública, la Mesa recuerda que desde el inicio de la pandemia ha advertido que en todas las catástrofes, “se violan absolutamente los derechos reproductivo-básicos, como es el acceso oportuno y fácil a los métodos de control de la fecundidad y acciones consagradas en los derechos reproductivos como derechos humanos”.
Añaden que tienen claridad que los métodos anticonceptivos deben tener una consejería previa a la prescripción para evitar eventos adversos, “por lo que estando en esta situación sanitaria, se deben flexibilizar los reglamentos y tomar medidas que faciliten a las mujeres la entrega oportuna, el anticonceptivo adecuado y la prevención del contagio. En el caso de la píldora de anticoncepción de emergencia NO se debe exigir receta”.
Las organizaciones de la Mesa de Género COVID-19 enfatizan que las mujeres no pueden ser vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos, los que están reconocidos por tratados y convenios internacionales firmados por el Estado chileno.
Embarazos no deseados y violación a derechos
En tanto, la Coordinadora Feminista 8M denunció en sus redes sociales que “en medio de una crisis sanitaria mundial, las mujeres y personas gestantes hemos sido víctimas de múltiples violaciones a nuestros derechos por parte de las instituciones del Estado. Primero, por la nula reparación a quienes están en proceso de gestación por errores en varias secuencias de anticonceptivos. Hoy, con la mayoría del territorio plurinacional en fase 1 o 2 (con altas medidas represivas y restrictivas), burocratizan nuestro derecho a decidir pidiendo recetas para comprar métodos anticonceptivos”.
De igual forma, la Mesa Acción por el Aborto en Chile también recordó a las 111 mujeres que quedaron embarazadas tras tomar anticonceptivos defectuosos suministrados por el sistema público de salud. “La anticoncepción oportuna y eficaz es un derecho sexual y reproductivo básico. Cualquier impedimento a su acceso en un contexto de pandemia con prolongadas cuarentenas obligatorias, tiene consecuencias permanentes em la vida y salud de las mujeres. La evidencia más clara está en los lotes de píldoras anticonceptivas defectuosas y las más de cien mujeres que hoy están enfrentando maternidades no deseadas, impuestas”.
ISP
Frente a la polémica, el ISP publicó una declaración donde asegura que «no se ha emitido ninguna normativa diferente a las ya existentes en el Código Sanitario, ni ha establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún medicamento en esta pandemia». Agrega que las condiciones de venta de un medicamento vigente se encuentran establecidas en el Registro Sanitario.
La entidad explica que los anticonceptivos orales pueden ser prescritos por médicos y matronas, y “dado que las farmacias son un centro de salud, los pacientes que presenten inconvenientes con sus recetas ya sean físicas, digitales o electrónicas, o bien no cuentan con ella, pueden acudir al químico farmacéutico del establecimiento para recibir orientación y evaluar caso a caso, como se hace habitualmente”.
El comunicado añade que en septiembre del año pasado, “en un esfuerzo por facilitar el acceso en tiempos de pandemia, se promulgó la ley 21.267 sobre la adquisición de medicamentos y que señala en su Artículo 1, que las recetas pueden emitirse en medios digitales, electrónicos y físicos, incluyendo imágenes y mensajería instantánea. La duración de las recetas se extiende desde los seis meses anteriores a la publicación del decreto de alerta sanitaria, es decir a partir de septiembre del año 2019. Asimismo, las recetas extendidas durante este periodo tendrán validez para la dispensación de los productos farmacéuticos prescritos en ellas, hasta seis meses después del término de la alerta sanitaria”.
, organizaciones de mujeres y feministas mostraron su indignación en redes sociales y advirtieron de las consecuencias que podría generar esta medida.){kind=link}