Las trabajadoras sexuales, una vez más, se hicieron presentes en la OEA para solicitar la creación inmediata de una relatoría que pueda promover, mediante la investigación y recopilación de evidencias, la redacción de las resoluciones necesarias que permitan terminar con la violencia en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual.
De manera remota, María Lucila Esquivel, fundadora de UNES Paraguay, parte de la junta directiva y responsable de la Secretaría de Capacitación y Formación de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, RedTraSex, dio lectura a la declaración de la coalición por los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual en las Américas, en el marco de la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene a Guatemala como sede virtual.
Violencias hacia trabajadoras sexuales
El texto indica que es la tercera vez que las trabajadoras sexuales se dirigen a la asamblea y que, hasta ahora, no han visto ningún hecho concreto que demuestre interés en sus peticiones. “La pandemia del COVID recrudeció las violaciones a nuestros derechos humanos: la falta de reconocimiento de nuestro trabajo nos dejó desamparadas de cualquier política pública de asistencia y nos obligó a romper normas de aislamiento para salir a trabajar en plena pandemia. Nos vimos en la disyuntiva de quedarnos en nuestras casas sin dinero para alimentarnos, pagar nuestros servicios y rentas, o salir a buscar el sustento y padecer la violencia de parte de las fuerzas de seguridad, que desataron las peores represiones”.
Añade que el sistema de relevamiento sobre violencias hacia las trabajadoras sexuales registró, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, 1.270 casos de violaciones de derechos en 14 países de la región. Muchos de los cuales tienen una relación directa con las medidas de confinamiento, que fueron aprovechadas por las fuerzas de seguridad para incrementar su represión.
El 40% de los casos ocurrieron en las calles, mientras que el 26% se dieron en los lugares de trabajo. En más de la mitad de los casos (54 %) los autores fueron funcionarios públicos, solamente el 15% de las informantes interpusieron una denuncia formal; 9 de ellas obtuvieron una respuesta del sistema, y sólo 3 de estas respuestas eran para la protección de sus derechos.
“Nos encontramos en el continente de mayor desigualdad y el COVID no afecta de la misma manera a todas las personas. Los niveles de pobreza son alarmantes y en este contexto nosotras seguimos sin ser consideradas como sujetas de derecho”, señala el comunicado, que plantea además que otra de las problemáticas que se recrudecieron es la movilidad migratoria de las personas que, por motivos económicos, de violencia e inestabilidad política, son violentadas y sus derechos se ven avasallados.
“Escuchamos decir que hay posiciones abolicionistas hacia nuestro trabajo, pero lo que sucede en la realidad es que adoptar las medidas que promueven los sectores abolicionistas sería erróneo. Nos están exterminando y los Estados deben garantizarnos el derecho a la vida, a la educación, a la vivienda, al trabajo y, sobre todo, a la libre elección sobre nuestros cuerpos”, agrega la declaración.
Relatoría
Las trabajadoras sexuales insistieron en que las y los funcionarios de la OEA, de las Naciones Unidas y de otros mecanismos regionales “no pueden desconocer sus mandatos y anteponer sus posiciones personales. Eso, en la práctica, nos excluye de poder discutir las políticas públicas, recomendaciones e incluso legislaciones que nos reconozcan derechos negados”.
En ese marco, solicitaron a la Asamblea General que ordene la creación inmediata de una relatoría que pueda promover, mediante la investigación y recopilación de evidencias, “la redacción de las resoluciones necesarias para cesar con la violación de los DDHH de las personas que ejercemos el trabajo sexual, para construir así, una verdadera América renovada e inclusiva”.
Días antes y tras una reunión previa a la 51 Asamblea General, Luis Almagro, secretario general de la OEA, escribió en su cuenta de Twitter que “Nos preocupa la situación de las trabajadoras sexuales en la región, cuya situación en la pandemia se vio muy afectada por la imposibilidad de generar ingresos. Llamamos a los Estados Miembros de OEA a contemplar a estas personas en los programas de ayuda social”.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de RedTraSex, Elena Reynaga, manifestó que esperan que la preocupación del secretario general se convierta en acciones.
Puede ver la intervención de las trabajadoras sexuales organizadas en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=TwlYZDjtbO8&ab_channel=RedTraSexLAC
