Myriam Carmen Pinto, periodista.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) a través de una carta formal presentaron una solicitud ante la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) frente a los anuncios del gobierno del presidente José Antonio Kast sobre indultos a agentes estatales condenados por violaciones a los derechos humanos.
La acción fue formalizada mediante una carta enviada a Paula Berrutti, Representante Regional del ACNUDH para América del Sur. Firmada por Fernando Zegers, presidente de la CCHDH, y José Pérez Debelli, presidente de la ANEF, solicitan a dicho organismo internacional requerir información urgente al Estado de Chile sobre los fundamentos y el alcance de las medidas de Indultos que actualmente se encuentran estudiando y emitir las comunicaciones y recomendaciones pertinentes para frenar estos beneficios o mecanismos carcelarios que no se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.
Al respecto sostienen que reducir o anular las penas impuestas por los tribunales vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, entre otros instrumentos vigentes para Chile. También sostienen que contraviene las obligaciones del Estado respecto a la investigación, sanción y reparación efectiva para las víctimas y sus familias.
Riesgo de impunidad de facto
En el documento alertan que la medida beneficiaría a condenados por crímenes cometidos tanto durante la dictadura civil-militar (1973-1990), grupo que actualmente suma 409 personas con sentencias firmes, así como también a los agentes estatales condenados por casos de violaciones a los derechos humanos durante el período del Estallido social (octubre 2019- marzo 2020).
En otro acápite cuestionan además la postura del Fiscal Nacional, señalando su preocupación ante la falta de un pronunciamiento del Ministerio Público en su rol constitucional de protección a las víctimas, además de citar declaraciones de Gina Romero, Relatora Especial de la ONU, quien ha manifestado públicamente que cualquier medida orientada a anular sanciones judiciales a funcionarios de las fuerzas de seguridad condenados por graves vulneraciones a los derechos humanos en Chile constituye un retroceso inaceptable en los compromisos del país.
Más información en: https://cchdh.cl
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