Analista sociopolítico Foco LATAM | Profesor e investigador en Ciencias Sociales. Doctorando de la Universidad de Tarapacá. Profesor de Historia Universal, Master en Educación Ciudadana. Licenciado en Educación de la Universidad de Camagüey
Ni la Casa Blanca ni el Palacio de la Revolución han querido amplificar públicamente el alcance de las conversaciones, pero lo que ocurre entre Washington y La Habana podría redefinir parte del equilibrio político del Caribe. Entre sanciones, amenazas discursivas, presiones migratorias y negociaciones reservadas, la relación entre Estados Unidos y Cuba ha entrado en una fase compleja: la del diálogo bajo coerción mutua.
Más que una confrontación clásica, lo que emerge parece responder a lo que Michel Foucault entendía como una tecnología contemporánea del poder: mecanismos donde el discurso, la presión económica y la administración del miedo funcionan como instrumentos políticos tan relevantes como la fuerza militar. En ese contexto aparece el “código fantasma”: aquello que no siempre se declara oficialmente, pero que condiciona negociaciones, expectativas y comportamientos colectivos.
La narrativa de la “amenaza extraordinaria”
El 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que volvió a ubicar a Cuba dentro de la categoría de “amenaza inusual y extraordinaria”, fórmula utilizada históricamente para justificar sanciones y endurecimiento del embargo. La medida estuvo acompañada por nuevas restricciones financieras y energéticas dirigidas a países y empresas vinculadas al suministro petrolero hacia la Isla.
A ello se sumó la retención de varios buques tanqueros con destino a Cuba y un incremento sostenido de las sanciones económicas. Paralelamente, distintos medios estadounidenses comenzaron a instalar una narrativa sobre la fragilidad estructural del modelo cubano y la posibilidad de un eventual colapso político.
Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando medios estadounidenses reprodujeron declaraciones atribuidas a Trump sobre que Cuba estaría “lista para caer”. Más allá de la literalidad de la frase, el mensaje reforzó la percepción de una estrategia de máxima presión destinada a debilitar la capacidad de resistencia económica y psicológica del Estado cubano.
La negociación silenciosa
Sin embargo, mientras la retórica pública se endurecía, las conversaciones discretas continuaban avanzando.
En abril, una delegación de altos funcionarios del Departamento de Estado visitó La Habana, en el encuentro oficial de más alto nivel entre ambos gobiernos desde 2016. La vicecancillería cubana confirmó posteriormente la reunión y señaló que el principal interés de Cuba era el alivio de las restricciones energéticas y financieras que afectan directamente a la población.
La agenda estadounidense, según diversas filtraciones periodísticas, incluiría:
- liberación de presos políticos,
- reformas económicas más amplias,
- compensaciones por propiedades nacionalizadas tras 1959,
- flexibilización política,
- y cooperación migratoria.
Pero La Habana también llega a la mesa con demandas históricas y objetivos estratégicos propios:
- levantamiento progresivo del bloqueo económico,
- compensaciones por los daños acumulados de más de seis décadas de sanciones,
- garantías de acceso al sistema financiero internacional,
- y apertura regulada a inversiones estadounidenses en sectores claves de la economía cubana.
Este último punto resulta especialmente relevante. Analistas consideran que Cuba podría estar dispuesta a ampliar márgenes de participación para capital estadounidense siempre que ello ocurra bajo condiciones de soberanía económica y en igualdad de oportunidades respecto a otros socios estratégicos ya presentes en la Isla, como China y Rusia.
En ese sentido, la mesa no discute únicamente ideología o derechos políticos. También se disputa: acceso a mercados, influencia regional, minerales estratégicos, energía, corredores logísticos y reposicionamiento económico en el Caribe.
Aunque Washington posee una capacidad económica y coercitiva incomparablemente mayor, La Habana continúa conservando elementos de negociación estratégicos como el control migratorio, cooperación regional en seguridad, estabilidad caribeña, inteligencia compartida y capacidad de interlocución diplomática.
La propia existencia de conversaciones sostenidas demuestra que Estados Unidos sigue reconociendo a Cuba como actor político funcional dentro del equilibrio regional.
Las 500.000 repatriaciones: el punto más delicado
El tema más sensible de las conversaciones gira alrededor de la migración.
Sectores vinculados a la administración Trump presionan para que Cuba acepte la devolución de cientos de miles de migrantes cubanos llegados a territorio estadounidense durante los últimos años, incluidos beneficiarios del parole humanitario y personas sujetas a procesos judiciales o migratorios.
La cifra que circula extraoficialmente —hasta 500.000 posibles repatriaciones— ha generado preocupación tanto en Cuba como dentro de la comunidad cubanoamericana.
Las estadísticas muestran el endurecimiento migratorio visto en el incremento significativo de detenciones de cubanos por autoridades migratorias estadounidenses, reducción drástica de aprobaciones de residencia y aumento de operaciones de deportación.
Pero el conflicto trasciende las cifras. Para cientos de miles de migrantes cubanos, el “fantasma” de la repatriación se ha convertido en una forma concreta de incertidumbre política y emocional. Se visibiliza una lectura, donde la migración deja de ser solamente un fenómeno demográfico y pasa a convertirse en un mecanismo de administración de poblaciones mediante el miedo, la espera y la vulnerabilidad jurídica.
Paradójicamente, este punto podría terminar siendo también una de las principales cartas de negociación soberana de La Habana.
Diversos observadores consideran que, si se alcanzara un acuerdo más amplio con Washington, Cuba podría presentar como gesto político propio un eventual indulto o flexibilización respecto a personas consideradas “presos políticos” por Estados Unidos y organizaciones internacionales, así como la aceptación de un proceso amplio de repatriación migratoria.
Desde la lógica cubana, ello no necesariamente sería interpretado como una capitulación, sino como una decisión soberana orientada a destrabar sanciones, estabilizar la economía y redefinir el vínculo bilateral.
Al mismo tiempo, para Trump significaría mostrar resultados concretos ante su electorado endurecimiento migratorio, cumplimiento de promesas políticas y presión efectiva sobre La Habana.
La paradoja es evidente: un eventual acuerdo podría beneficiar simultáneamente intereses estratégicos de ambos gobiernos mientras deja abiertas profundas divisiones dentro de la propia comunidad cubanoamericana, donde conviven demandas de cambio político radical, temor a deportaciones masivas, y expectativas contradictorias sobre el futuro de la Isla.
Economía, níquel y poder: la dimensión menos visible
Detrás de la confrontación política también comienza a emerger una dimensión económica menos visible, pero posiblemente decisiva.
El debate sobre el futuro del sector del níquel cubano —estratégico para industrias tecnológicas y energéticas— ha coincidido con movimientos empresariales asociados a figuras cercanas al entorno republicano estadounidense.
La atención se ha concentrado particularmente en Sherritt International y en las operaciones vinculadas al complejo minero de Moa. Diversos analistas han señalado que decisiones recientes relacionadas con la continuidad operativa del níquel cubano podrían responder no solo a consideraciones políticas, sino también a intereses corporativos y estratégicos vinculados al mercado internacional de minerales críticos.
La eventual apertura de fondos de inversión orientados a sectores próximos al trumpismo también ha alimentado especulaciones sobre un posible reposicionamiento económico en torno a Cuba, particularmente en áreas de minería, energía e infraestructura.
En ese contexto, la política hacia Cuba parece desplazarse parcialmente desde una lógica exclusivamente ideológica, hacia una lógica híbrida donde confluyen seguridad, migración, economía y competencia geoestratégica.
Poder, discurso y el “fantasma” del Estado fallido
Quizás el verdadero centro de esta disputa no esté únicamente en las sanciones, las deportaciones o las negociaciones reservadas, sino en la construcción misma de un relato de poder.
Michel Foucault advertía que los sistemas contemporáneos no dominan solo mediante la fuerza directa, sino también mediante discursos capaces de producir realidades políticas y psicológicas. En ese sentido, el permanente “fantasma” del colapso cubano y la insistente narrativa de un posible “Estado fallido” funcionan no solo como diagnósticos geopolíticos, sino también como instrumentos de presión que condicionan negociaciones, moldean expectativas y administran incertidumbres colectivas.
La paradoja es que, mientras ese discurso proyecta una imagen de derrumbe inevitable, la propia continuidad de las conversaciones demuestra que Washington continúa reconociendo a La Habana como un interlocutor político necesario dentro del equilibrio regional.
Lo que ocurre hoy entre Cuba y Estados Unidos no parece responder ni a una lógica de guerra abierta ni a una normalización auténtica. Se trata, más bien, de una relación marcada por presiones simultáneas, intereses económicos cruzados y negociaciones donde el poder opera tanto en las sanciones visibles como en los silencios estratégicos.
